Corte Suprema ratificó condena a ex militares por los asesinatos del caso "Torres de San Borja"
El caso alcanzó repercusión internacional cuando efectivos del Ejército dieron muerte a seis personas en 1973, donde destacaba un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional y dos turistas argentinos.
La Corte Suprema ratificó hoy de forma definitiva un fallo que condenó a tres militares por el asesinato, en 1973, de seis personas, incluidos un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), dos turistas argentinos y un militante de derecha.
Según informaron fuentes judiciales, la II Sala Penal del máximo tribunal sentenció a diez años de presidió a los ex oficiales del Ejército Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil.
Con su resolución, la Corte rechazó un recurso presentado por la defensa de los militares y ratificó lo dictaminado en primera instancia por el juez especial Jorge Zepeda respecto del crimen, ocurrido el 16 de octubre de 1973.
De acuerdo con el expediente, en la madrugada de aquel día efectivos de la Escuela de Infantería del Ejercito detuvieron en uno de los edificios de la céntrica “Remodelación San Borja” de Santiago a seis personas, a las que dieron muerte al día siguiente en un sector rural a unos 30 kilómetros al oeste de la capital.
Las víctimas del crimen fueron Ricardo Montecinos Slaughter, un alto funcionario FMI; los turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Diaz Agüero; el comerciante Víctor Garretón Romero, militante del derechista Partido Nacional, que apoyaba a la dictadura de Augusto Pinochet.
También el estudiante universitario Jorge Salas Paradisi y el cirujano dentista Julio Saa Pizarro, a todos los cuales, tras ser llevados al lugar de la ejecución, se les ordenó correr para simular una fuga, y no obstante sus ruegos de clemencia, son acribillados con ráfagas de ametralladora.
El caso tuvo connotación internacional en 1976, cuando el FMI lo calificó de una violación a los derechos humanos y pidió una investigación a las Naciones Unidas, que a su vez recomendó al Estado de Chile iniciar una investigación y encontrar a los responsables, aunque el proceso abierto en esa época fue cerrado un tiempo después sin responsables.
En la parte civil, la Corte condenó al Estado chileno a pagar un a indemnización de cien millones de pesos a las familias de las nueve víctimas.
