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9 de Enero de 2014

Fuego al patrimonio: La cultura del abandono arrasa con las joyas de la ciudad

Falta de mantenimiento en redes de electricidad, abandono y acción de terceros, son las principales causa de los incendios a edificios patrimoniales o de importancia para la ciudadanía. La mayoría dice falta de una legislación que proteja aún más el patrimonio chileno y de incentivos a los propietarios. Todo, en medio del riesgo: un incendio por semana, tan sólo en la comuna de Santiago.

Por Redacción
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Aún no terminaba el seminario sobre riesgo patrimonial de la Municipalidad de Santiago cuando los asistentes fueron advertidos del incendio en el Teatro Municipal.

El fuego duró cuatro horas hasta que consumió el 10% del teatro en medio de la angustia de  los que temían que las llamas alcanzarían el escenario.

El incidente ocurrido el 18 de noviembre fue el corolario de una seguidilla de incendios en edificios patrimoniales.  Ocho siniestros en dos años: El Liceo de Aplicación (2011);   casas zona típica de Cueto (2012);  Palacio Iñiguez (2013);  Casona de Alonso Ovalle con Santa Rosa (2013), un inmueble del siglo XIX y parte de la Escuela República de Israel, en el barrio Yungay, (2013); el Palacio Aldunate (2013) y el Teatro Municipal (2013).

¿Por qué el patrimonio arquitectónico de la ciudad es tan frágil?  La alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá comenta que uno de los principales problemas que aqueja al patrimonio de Santiago es la falta de políticas públicas, legislación y subsidios que vayan en beneficio de la recuperación patrimonial.

Una normativa, que en su opinión, es muy severa a la hora de poner impedimentos y prohibiciones para que el patrimonio no sea destruido, pero es mezquina a la hora de apoyar la recuperación patrimonial. “Estos edificios, a veces, quedan en manos de propietarios privados que la mayoría de las ocasiones no tienen recursos o interés de rescatar el patrimonio en Santiago, está lleno de lugares patrimoniales que están protegidos que no se pueden demoler ni modificar su fisonomía, pero no hay proyectos ni financiamiento para su recuperación y quedan ahí congelados en la agonía”, explica.

Producto de esa vulnerabilidad el 10 de noviembre pasado el Palacio Aldunate,  construido en 1915 en plena intersección de Alameda con Ejército,  se consumió en cinco minutos y quedó en la retina esa postal infernal en la que sólo se salvó su fachada. El inmueble se encontraba en total abandono y reveló una triste realidad- y pese a que en el 2011 había sido declarado edificio de conservación histórica, por su arquitectura neoclásica francesa- terminó destruido como un emblema de la desidia.

El comandante del cuerpo de bomberos de Santiago, Mauricio Repetto, reconoce que la reiteración de incendios han llevado a  sospechar intencionalidad. Pero señala que no hay pruebas de aquello.  Aunque dice que es recurrente la actuación de terceros por irresponsabilidad y descuidos que terminan en accidentes.

Comenta que las causas más comunes de incendios en este tipo de propiedades son la falta de mantención eléctrica, el abandono, edificios aledaños a sitios eriazos y la intervención de otros habitantes que se toman el inmueble y piezas con contenido inflamable. Respecto a las investigaciones, da sólo un indicio sobre el tema. “En la investigación sobre el palacio Iñiguez se habló de la participación de terceros, pero eso es parte de una investigación”, comentó.

palacio iñiguez

Para Repetto, en muchas ocasiones esos bienes no están en la línea con el dueño de la propiedad respecto de la mantención. La mayoría de las veces, los bienes van quedando en desuso y son “tomados” por terceros o por personas sin hogar que se instalan a vivir ahí, lo que produce riesgo inminente de incendio. “Son edificios tan grandes que en general las propiedades quedan abandonadas, se ocupa parte de la estructura y la otra parte no se mantiene. Lo más probable es que la mantención eléctrica o la del edificio sean menores o casi cero y en ese sentido los ocupas o homeless pueden generar fuego para calentarse y hay un riesgo inminente”, comentó.

Según la definición del Consejo de Monumentos Nacionales, para que un inmueble sea considerado patrimonial o monumento, debe ser un edificio o un conjunto de edificios declarado como tal “para perpetuar y conservar por ley sus valores patrimoniales (históricos, sociales, arquitectónicos, constructivos, urbanos e intangibles) que son de interés para nuestro país y para la cultura…”

Bajo estas características, se señala que la implicancia principal es la conservación de la edificación (no demolición) y la responsabilidad del Estado, a través del Consejo de Monumentos, de velar por su protección, conservación y ejercer una tuición sobre él. En ese sentido, debe haber una preocupación porque los arrendatarios o residentes realicen una correcta conservación del inmueble, y a eso se debe sumar el control y fiscalización de los municipios.

La sospecha

Rosario Carvajal , vocera de la Fundación Patrimonio Nuestro y la Asociación Chilena de Barrios y Zona Patrimoniales, dice que en el barrio Yungay llegaron a tener tres incendios al mes que se sucedían por cada dos cuadras, algo que se originó en el 2005, se recrudeció tres años después y que todavía es una constante.

La situación siempre era la misma: un escándalo, comenzaba el fuego y siempre la afectada era una casa esquina, que es la ubicación con mayor plusvalía. Nunca hubo culpables. “El último incendio que tuvimos en el barrio Yungay fue un sábado en la noche en Agustinas con Ricardo Cummings y hemos recopilado el testimonio de los vecinos que siempre hay escenas de una pareja que pelea y terminan incendiando el lugar. Acá hay un común denominador (… )Tenemos la sospecha que detrás de estos incendios hay una intencionalidad y hay intereses inmobiliarios que afectan a propiedades que tienen categoría legal de protección de Patrimonio y que por lo tanto al quedar reducida a cenizas no hay nada más que proteger”, comenta.

“Hubo especulaciones, pero decir que hubo una inmobiliaria detrás de un incendio sería irresponsable”, dice categórico Alberto Texido, arquitecto y editor del sitio Plataforma Urbana. Para él, las responsabilidades son compartidas, en una cultura que no es previsora respecto a las catástrofes, sino más bien reactiva, donde se espera que una propiedad se queme o se caiga antes de preguntarse si existe una buena o mala legislación al respecto.

“Bomberos se ha planteado que haya brigadas especiales en el incendio de propiedades patrimoniales, un protocolo para los edificios patrimoniales, museos. La institución hace lo que puede para no destruir con el agua paredes que son de adobe. Son esas las medidas que hay que empezar a tomar…”, agrega Texido.

El profesional de Plataforma Urbana comenta que una semana antes del incendio del municipal  se había hecho un estudio sobre el riesgo de esa zona del Teatro. Hubo advertencias. Pero ninguna medida. “¿Qué pasó? Se quemó”, espeta.

Catastrar los riesgos

Ana Luisa Yáñez Subdirectora de Protección Civil y Emergencia, señala que uno de los proyectos de la oficina de Patrimonio será la realización de un catastro de los inmuebles que están en riesgo, y que hasta hoy no se había hecho. Para Yáñez no basta tener una lista de cuáles son los inmuebles patrimoniales o de conservación y no saber qué está pasando con ellos. “Cuando se incendió el Palacio Iñiguez, recuerdo que fue pública la información de que ellos habían postulado a un fondo de la cultura, para su reparación, es decir lo que falta es que haya más información disponible, subsidios, crear lazos, entre las distintas instituciones Dibam, Ministerio Cultura (…) Hay que preocuparse de intervenir, identificar casa tomadas, sitio erizos con pastizales y que existan cortafuegos y recordar que sólo en Santiago ocurre un incendio por semana”, concluye.

Una ley obsoleta

Según la ley 17.288, hasta la fecha no incorpora la obligatoriedad del Estado de ayudar a preservar los monumentos nacionales. Son los privados, los mismos propietarios los responsables de mantener y conservar el buen estado de los inmuebles con la dificultad que esto puede representar en algunos casos. Es por ellos que se han enviado varios proyectos de ley para su modificación para proponer incentivos.
Es justamente esa ley la que Rosario Carvajal cuestiona, algo que devela es una falta de política pública en el ámbito patrimonial. “Ni siquiera tenemos una Ley de Patrimonio en Chile, lo que tenemos es una Ley de Monumentos que está absolutamente desfasada con las realidad, una ley que tiene su origen en 1925 y fue modificada en los setenta que no reconoce el patrimonio intangible, sólo reconoce aquellos inmuebles que tienen un carácter monumental, lo que deja fuera a inmuebles más precarios en lo material, pero que pueden resguardar una gran historia en Chile, no ha existido la voluntad política …”, dispara.

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