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6 de Febrero de 2014

Corte de Puerto Montt ratifica condena contra gendarme por torturas

Interno terminó con fractura nasal y pérdida de dientes luego de ser golpeado en la nuca y estrellarse contra un muro, como castigo por haber llegado atrasado a su módulo.

Por Redacción
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La condena de 541 días de presidio contra un funcionario de Gendarmería de Chile culpable del delito de apremios ilegítimos o torturas, fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, luego de que su defensa presentara un recurso de nulidad.

El suceso que generó el litigio ocurrió el 12 marzo de 2012, cuando uno de los internos del penal de Alto Bonito se retrasó en la hora de llegada a su módulo tras su jornada escolar en la escuela del mismo recinto. Debido a esto, el gendarme decidió reprenderlo y a modo de castigo le ordenó ponerse de frente a una pared de hormigón, con las manos en la espalda y procedió a golpearlo en la nuca, produciendo que se estrellara contra el muro. El golpe generó en el interno lesiones de carácter grave consistentes en la fractura de nariz y la pérdida de tres piezas dentales.

En  diciembre de 2012, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentó una querella criminal en el marco de las atribuciones que le otorga la ley, la que buscaba que se determinara la responsabilidad penal del autor de los hechos de acuerdo a las exigencias contenidas en los estándares internacionales de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por Chile, especialmente a las obligaciones derivadas de la Convención Internacional contra la Tortura. Entre éstas, junto con la prohibición absoluta de la tortura, se encuentra la de investigar y sancionar esta práctica.

En la investigación el Ministerio Público no perseveró, por lo que la acción penal fue ejercida en forma exclusiva por el INDH. Este fallo fue valorado por la directora del organismo de derechos humanos, Lorena Fries, quien reiteró que “además de constituir una señal importante frente a lo condenable de éste tipo de hechos, reitera la importancia y obligación del Estado y sus agentes de respetar los derechos humanos, lo que va plenamente en la dirección de lo que nuestra institución plantea al país”, resaltó.

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