CAM pide revisar condenas de comuneros tras polémica por "informante infiltrado"
Es por ello que apuntan que "existe una estrategia general por parte del Ministerio del Interior, articulada por parte de la Dipolcar, PDI y Ministerio Publico con el objetivo de criminalizar y generar las condiciones para perseguir y condenar a comuneros mapuche".
La Coordinadora Arauco-Malleco se sumó a la polémica por la actuación del informante infiltrado Raúl Castro Antipán, criticando el uso de este tipo de testigos protegidos en las causas contra comuneros mapuche y responsabilizando de esta situación al Ministerio del Interior, Ministerio Público y a las policías.
Esto, ya que señalan que la declaración de Elcides Puilquiman, testigo protegido de la Fiscalía, fue la única prueba de la Fiscalía para lograr la condena de Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical, José Huenuche y Héctor Llaitul en el caso por el ataque al fiscal Mario Elgueta en 2008.
Según el organismo, Puilquiman primero fue presionado en calidad de imputado, a partir de una causa pendiente por delito común, para luego reclutarlo como informante y finalmente, utilizarlo como testigo secreto.
Es por ello que apuntan que “existe una estrategia general por parte del Ministerio del Interior, articulada por parte de la Dipolcar, PDI y Ministerio Publico con el objetivo de criminalizar y generar las condiciones para perseguir y condenar a comuneros mapuche”.
Además, recalcan las palabras del relator especial de la ONU, Ben Emmerson, quien declaró que “debería cesar todo uso de la legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales mapuche. Esta legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución”.
“Quienes fueron condenados por el testimonio de testigos protegidos deberían tener el derecho de que se revisen sus condenas y, cuando resulte apropiado, que se realice un nuevo juicio bajo las disposiciones de la legislación penal ordinaria, sin recurso a testimonios anónimos”, precisó Emmerson.