Directora del INDH: "No existe terrorismo en Chile y no hay terrorismo en La Araucanía"
"En su mayoría los casos terminan en delitos comunes o con la absolución, después de que el imputado pase años en la cárcel. Eso nos dice que la Ley Antiterrorista resulta compleja en su aplicación para los propios jueces", enfatizó Lorena Fríes.
Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se refirió, a pocas horas de conocerse la sentencia contra el machi Celestino Córdova, a la aplicación de la Ley Antiterrorista en la Justicia, dejando en claro que no existe terrorismo en nuestro país y específicamente en La Araucanía.
“Mientras no se reforme la Ley Antiterrorista, nos parece que no se debe aplicar, porque no da garantías del debido proceso. Y, además, porque creemos que no existe terrorismo en Chile, y no existe terrorismo en La Araucanía. Esto no quiere decir que pueda llegar a constituirse en algún futuro. Lo que planteamos es que el diálogo y la política tienen que poner fin a la situación de conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche”, indicó a La Tercera.
“Hasta donde se ve, los jueces en el ejercicio de su labor no logran armarse convicción respecto de actos terroristas donde se vean involucradas personas del pueblo mapuche. En su mayoría los casos terminan en delitos comunes o con la absolución, después de que el imputado pase años en la cárcel. Eso nos dice que la Ley Antiterrorista resulta compleja en su aplicación para los propios jueces”, enfatizó.
Y es que para Fríes, “existe un clima de violencia, un clima volátil que tiene como base un Estado que ha sido ineficiente en resolver los problemas, tanto del pueblo mapuche como de los residentes de la región, y que los lleva a conflictos entre ellos. El responsable es el Estado, y, por lo tanto, tiene que dar soluciones”.
“Lo hemos dicho: es el Estado el que tiene una deuda con los habitantes de La Araucanía, y en particular con el pueblo mapuche”, agregó.
Junto con ello, criticó el uso de testigos protegidos que permite la actual legislación Antiterrorista, calificando esta situación como “peligroso”.
“Si bien en la legislación internacional existe esta figura en relación a actos terroristas, la verdad es que también hay ciertos requisitos que se deben cumplir y tienen que ver con poder entregar igualdad de herramientas tanto al Ministerio Público como a la Defensoría para que se cumpla un juicio justo (…). A eso sume que no hay sanción para aquellos que, en su calidad de testigos protegidos, digan cuestiones que no son verídicas. Entonces se produce un incentivo perverso, que puede tergiversar lo que es el debido proceso”, explicó.
