Los dilemas no resueltos de la gratuidad de Bachelet

“Es la hora de poner los sueños en marcha, de iniciar juntos a una sociedad moderna, justa, próspera e inclusiva. El programa de la Nueva Mayoría es un contrato solemne entre ustedes y esta Presidenta (…) un programa que compromete una reforma educacional que asegura gratuidad, calidad e inclusión y mejores perspectivas para todos los niños, niñas y jóvenes de Chile”.

Michelle Bachelet inició ayer su segundo mandato presidencial recalcando la que es, tal vez, la más esperada de sus promesas: la educación gratuita. Desde 2011 que miles de jóvenes salieron a las calles en protesta a la creciente mercantilización de la educación y apostando por su consideración como derecho social gratuito. Hoy, la presidenta de Chile se hace cargo de esa demanda en su programa de gobierno, pero dicha promesa genera muchas más dudas que claridades.

“Ahora viene la discusión de verdad”, adelanta un parlamentario de la Nueva Mayoría. La simple promesa de la educación gratuita, al parecer, no basta. El movimiento estudiantil ya ha mostrado sus reparos con la ambigüedad del programa de gobierno y se prevé una aguda discusión dentro del Congreso y, especialmente, dentro de la propia coalición de gobierno. Los diversos sectores de la Nueva Mayoría coinciden en que ahora viene la discusión ideológica de fondo, pues si bien la meta es clara, la forma de implementarla dista de serlo.

El “contrato” que hay entre Bachelet y la ciudadanía apuesta claramente por avanzar en gratuidad universal en educación superior. Propone abarcar el 70% más vulnerable de la población en los próximos 4 años y llegar a la totalidad de la matrícula en 6 años. Establece que las instituciones que recibirán el financiamiento deben cumplir una serie de requisitos como estar acreditadas, ser sin fines de lucro y regirse por el nuevo sistema de aranceles que determine el Ministerio de Educación. Además, plantea un nuevo trato con las universidades que son del Estado mediante aportes basales exclusivos.

La promesa de campaña es que dentro de los primeros 100 días de gobierno se enviará al Congreso un proyecto de ley para “una gran reforma educacional”. También se enviará un proyecto para la creación de dos nuevas universidades públicas en Aysén y Rancagua.

Para el senador Guido Girardi, la gratuidad debe ser un hecho concreto, sin maquillajes ni tergiversación.

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¿Por dónde empezar?

Según un alto dirigente del PPD, el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre no ha dado ninguna luz sobre los detalles que tendrá el proyecto de la gran reforma, aumentando las especulaciones y dudas sobre  cómo implementar la gratuidad. Las formas son diversas y la discusión divide a expertos, estudiantes y políticos.

Lo que se sabe es que para financiar la gran reforma educacional primero es necesaria la reforma tributaria, que entre otras cosas estipula la eliminación del FUT, la elevación de impuesto a las empresas del 20 al 25% y el que los dueños de las empresas deberán tributar por el total de sus utilidades y no solo sobre las que retiran. En cuanto a plazos, desde la Nueva Mayoría adelantan que esperan el proyecto de reforma tributaria para fines de marzo y contar lo antes posible con los recursos.

Dada la magnitud de la reforma educacional, han surgido también otras alternativas en cuanto al financiamiento de la gratuidad en educación superior. Una la plantea Claudia Sanhueza, quien fuera miembro del comando educacional de Michelle Bachelet. La economista propone un “impuesto contingente a la renta”, que consiste en que todos los que reciben educación superior paguen un impuesto después de haber estudiado en relación a su capacidad. Es decir, que paguen lo que pueden pagar, ya sea un 5% o 10% de su sueldo durante 15 años. Si cumplido el plazo no se ha pagado la deuda, esta se elimina.

De esta forma, explica Sanhueza, los estudiantes del 10% más rico – que tendrán los sueldos más altos- pagarían muchísimo más de lo que recibieron, mientras que los pobres pagarían menos.

Sin embargo, para el economista de la Universidad Católica Ricardo Paredes, dicho impuesto se parece mucho al crédito contingente al ingreso que impulsó Sebastián Piñera, aunque cabe decir que este llegaba hasta el 90% de la población. Para Paredes no hay una gran diferencia conceptual entre ambos.

Diferencias en la Nueva Mayoría

Quienes tendrán un rol clave en la tramitación del proyecto serán los parlamentarios de la Nueva Mayoría que serán parte de la Comisión de Educación de ambas Cámaras. Y las diferencias que desde ya muestran sobre dónde poner los recursos, reflejan las dos almas que hoy conviven en la coalición de gobierno. Por un lado, está el lado más conservador de la DC -con un Ignacio Walker que ya ha mostrado sus preocupaciones por quedarse “fuera de la imagen en educación”– y por otro los sectores progresistas, entre los que se encuentra el senador Carlos Montes y el PC, más los ex líderes estudiantiles Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que presionarán desde fuera del conglomerado.

Como el programa no aclara si la gratuidad será a través de becas por alumno -de la forma que se aplica hoy en día- o si serán aportes basales a las universidades, el debate está aún abierto. En entrevista con El Dínamo, la presidenta de la Fech Melissa Sepúlveda dejó en claro la semana pasada cuál será la posición de la Confech respecto al tema: “Ella (Bachelet) propone el aumento de becas y créditos continuando la lógica de inversión individual y, por lo tanto, no se fortalecerían los proyectos de educación pública. A través de esta gratuidad se traspasarían millonarias cifras desde el Estado a universidades privadas como ocurre actualmente con el Crédito con Aval del Estado. Para nosotros la gratuidad tiene que fortalecer directamente las instituciones, con aportes basales de libre disposición hacia las universidades públicas”.

Precisamente uno de los que apuesta por becas antes que aportes basales es el DC Mario Venegas, presidente de la comisión de educación en la Cámara de Diputados. Para él, el programa es claro en darle gratuidad primero al 70% más vulnerable y que esto debe ser a través de un sistema de becas, antes de un aporte directo a las universidades. “Además, hay que recordar de que se habla de una reforma educacional y esta tiene que contener todos los niveles del sistema, tiene que partir desde la educación escolar, pasando por la básica y llegar a la superior”.

Para Venegas, los aportes basales a las universidades públicas es otra parte de la discusión que se tiene que dar, pero considera posible que “la gratuidad tome la forma de becas, entregadas a los estudiantes para que ellos junto a sus familias decidan donde estudiar”.

La forma de financiamiento a través de becas a los alumnos más vulnerables es lo que el movimiento estudiantil denunció el 2011 como subsidio a la demanda. Para la ex presidenta de la Fech y actual diputada PC Camila Vallejo -quien presidirá la comisión de Educación en uno de los próximos cuatro años- la discusión legislativa en torno a la oferta y la demanda se va a dar cuando se presenten los proyectos. “El problema ideológico del financiamiento de la demanda es cuando no hay regulación de la oferta. Cuando dices te financio a ti estudiante por ser vulnerable, pero da lo mismo a la institución que ingreses, que es lo que ha pasado en los últimos años, se provoca la privatización del sistema”, cuenta la parlamentaria por La Florida.

El financiamiento a los alumnos más vulnerables es una de las aristas más delicadas del tema, pues se suele creer de los aportes basales que estos irían a la Universidad de Chile, una de las que más recursos recibe actualmente. Sin embargo, quienes optan por otorgar aportes directos a establecimientos públicos enfatizan en que los más vulnerables son precisamente los que asisten a estas instituciones, pero en regiones. Y un aporte financiero directo ayudaría a regularizar la delicada situación financiera de muchas de estas universidades, que se han visto obligadas a competir en el mercado junto a las privadas.

El aporte directo permitiría, según al diputada PPD Cristina Girardi, que estas universidades crecieran y pudieran contar con los alumnos más vulnerables. “La vulnerabilidad va a terminar cuando los que vienen de escuelas públicas puedan ingresar a universidades públicas de calidad. Las privadas hoy en día imparten un nivel de educación muy deficitario respecto a las necesidades de profesionalización y reproducción de conocimiento que requiere el país. Universidades no son institutos de capacitación, tienen que ver con producción de conocimiento a nivel nacional, con investigación”, señala.

En esa misma línea de darle prioridad y fortalecer la educación pública está el senador PS Carlos Montes, para quien los aportes basales “es una manera a través de la cual las universidades públicas pueden fortalecer su crecimiento, se fortalece el rol de las universidades en la sociedad chilena. El financiamiento no puede ser solo a través del alumno, la universidad también tiene que cumplir funciones propias como investigación y extensión”.

El otro gran líder estudiantil de las movilizaciones del 2011 fue Giorgio Jackson, hoy diputado por Revolución Democrática y también miembro de la comisión de educación, quien declara que la supuesta universalidad en la gratuidad no asegura que no sea con vouchers por alumno. Es decir, un crédito o beca por estudiante para que ingrese a la universidad que desee y que no siempre cubre la totalidad del arancel. Este mecanismo -que es el que existe actualmente- según él, fortalece los principios del mercado en educación, pues casas de estudios compiten por alumnos y no siempre son sin fines de lucro.

“Lo principal es fortalecer las instituciones para que los aranceles bajen lo más rápido posible”, afirma Jackson, quien también opta por establecer cuotas de matrícula a las universidades públicas para que sean más heterogéneas y no tan concentradas.

El difuso límite entre lo público y lo privado

El trasfondo de la discusión de la gratuidad en educación superior mantiene cada vez más difusos los límites entre lo que es público y lo que es privado, en parte provocado por el sistema de financiamiento que por muchos años permitió a privados lucrar con recursos del Estado a través de los Aportes Fiscales Indirectos que recibe cada institución o a través de uno de los proyectos estrella del actual ministro de Educación cuando estaba en Hacienda: el Crédito con Aval del Estado.

El actual programa de gobierno, por su parte, deja abierta la posibilidad de otorgarle responsabilidades públicas a un privado al exigir como requisito de financiamiento el que se cumplan las nuevas condiciones de acreditación y que no permita el lucro.

Para Mario Venegas, el programa no es claro porque se trata de solo del enunciado, y que cuando se presente el proyecto de ley los límites entre lo público y lo privado serán una parte importante del debate.

“Discutir lo público es un tema pendiente, no hay una definición de ninguno de los actores sobre qué es lo público y es algo que hoy está en cuestión (…) El mismo movimiento estudiantil tampoco tiene claridad. Dice gratuidad universal, pero cuando dice universal no solo dice universidades públicas. Hoy día hay una especie de brecha entre el slogan y la aplicación práctica de esto, que tiene muchas complejidades y muchos actores”, cuenta Carlos Figueroa, investigador de política educativa de Educación 2020.

Entre los difusos límites de establecimientos públicos y privados, resulta más difícil definir cuál es cuál, salvo las estatales. Universidades como la de Concepción y la Austral, siendo privadas, tienen una larga relación de integración con el Estado, al punto de ser miembros del Consejo de Rectores (Cruch) y recibir Aportes Fiscales Directos. A estos planteles Carlos Montes los llama “semi públicas” y según él, deberían ser parte del sistema de gratuidad.

Sin embargo, establecer cuál sí y cuál no -incluso entre las que son parte del Cruch- es complejo. “Chile siempre ha convivido con el sistema mixto en educación y en las universidades del Cruch existen universidades privadas financiadas por el estado. El tema es que cumplían un rol estratégico con el Estado y el desarrollo del país. El a priori de que se pueda financiar una institución privada no es el problema, sino qué privada se financia, ¿una que es un negocio?, ¿un proyecto ideologico?”, señala Camila Vallejo.

Un ejemplo de la situación es la Pontificia Universidad Católica de Chile, que para muchos representa los intereses de la propia élite que la conforma, y no los del país, a diferencia de las mencionadas antes. Para Daniel Núñez, diputado PC, hay que ampliar la frontera de lo público y las universidades que sean privadas y quieran ingresar al sistema de financiamiento de la gratuidad deben tener compromisos con el Estado antes como pluralismo, gobierno democrático, etc.

Aún así, la discusión está abierta con otros establecimientos como la Universidad Diego Portales o la Academia de Humanismo Cristiano. Carlos Peña, rector de la UDP, estableció en su análisis del programa de Bachelet que habrán 3 nuevos estatutos educativos: “i) las universidades estatales, obligadas a un programa de discriminación positiva, de acceso gratuito y con trato preferente; ii) las universidades privadas adscritas al programa de discriminación positiva y acceso gratuito, con acceso a fondos de investigación; y iii) las universidades privadas que no adscriben a esos programas, financiadas íntegramente por particulares (aunque el programa es ambiguo respecto de si podrían o no acceder a fondos de investigación)”.

¿Y qué pasa con la educación técnica?

Los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales han sido los más abandonados en la discusión en torno a  la educación superior, siendo que representan gran parte de la matrícula. En la regulación de CFT e IP, se establece que, a diferencia de la educación superior universitaria, la técnica profesional sí puede ser con fines de lucro. Eso sumado al deficiente sistema de acreditación, ha provocado un sistema desregulado, en el que actualmente no existe ninguna institución pública.

El programa de Michelle Bachelet propone la creación de CFTs en cada región y enviará al congreso el proyecto de los primeros 5 durante los 100 primeros días de gobierno. Estos estarían al alero de la universidad pública correspondiente a cada región. La matrícula de la educación técnica ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años y todavía queda en duda cómo se podrá aplicar la prometida gratuidad a ellos, quienes también son de los más vulnerables de todos.