La historia de muerte y tortura que persigue al hermano del comandante en jefe del Ejército
El caso del regimiento Nº 8 de Tucapel es uno de los episodios más escabrosos de ejecuciones de militantes del PC. Uno de los procesados es el hermano del general Humberto Oviedo Arriagada, responsable por siete crímenes en Temuco. Un caso que vuelve a reflotar por denuncias de presiones del Ejército al Poder Judicial y la renuncia del ex magistrado Alejandro Solís.
“Imagínese el nivel de horror, entre las torturas querían obligarnos a cometer actos sodomíticos, era un salvajismo extremo, de hombres formados en la Escuela de las Américas (…) Luego de los crímenes, a uno de mis compañeros lo mandaron a limpiar el lugar de los asesinatos, donde quedó ropa y restos de cuero cabelludo, por pudor, no puedo revelar más detalles… Fue uno de los lugares más siniestro de torturas”, dice Herman Carrasco (62) ex prisionero del Regimiento Infantería Nº 8 Tucapel de Temuco, uno más de los lugares usados como centro de tortura por el Ejército los primeros años del golpe, desde 1973 y hasta 1975.
Carrasco en ese entonces era un estudiante universitario, inspector de un colegio vespertino de hombres y dirigente comunista. Tenía tan sólo 22 años y una esposa con seis meses de embarazo cuando lo fueron a buscar a la casa de sus padres el 5 de noviembre de 1973. Dice que sólo se salvó del destino de sus amigos porque su suegro era un suboficial activo. “Soy un sobreviviente, nadie puede dudar de lo que allí sucedió…Llevo 40 años luchando para que este caso se conozca”, agrega.
Varios documentos de DD. HH. consignan que el lugar se ubicaba en una hectárea y media de terreno, sumado a las caballerizas, calabozos y celdas que fueron usados como recinto para torturas. Lo que más recuerdan las víctimas es la humedad y el hedor que impregnaba las paredes, porque no había baños habilitados. Tampoco olvidan los golpes eléctricos, las vejaciones sexuales, ni los simulacros de fusilamiento.
Este Regimiento, al igual que la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, está estrechamente relacionado con la tortura y el asesinato de presos políticos de la Región de la Araucanía que pertenecían al Partido Comunista: Juan Chávez Rivas, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Víctor Valenzuela Velásquez, Amador Montero, Pedro Mardones Jofré, Florentino Molina y Carlos Aillañir Huenchual. Todos ultimados en Isla Cautín por miembros del Ejército y Carabineros apodados “La patrulla Chacal” dirigidos por el jefe de la Compañía, Manuel Vásquez Chahuán.
Tal y como ha ocurrido en otros casos similares, tanto el Diario Austral, de Temuco, como El Mercurio, junto a otros medios de comunicación difundieron la versión del Ejército: “Siete terroristas que intentaron volar el polvorín del Regimiento Tucapel, de Temuco, fueron dados de baja en el mismo lugar de los hechos, durante una escaramuza con militares de dicha unidad. Un grupo calculado en veinte extremistas se acercó al paradero Prat, en Temuco, disparando contra la guardia que protegía el polvorín…. ”.
Esta historia volvió a la palestra, después que el miércoles un artículo publicado en Ciper diera cuenta de las presiones del Ejército al Poder Judicial debido a que entre los responsables de estos crímenes aparece acusado como autor de material de los asesinatos y las torturas el general (r) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, hermano del recientemente nombrado comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo.
En noviembre pasado el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, procesó y encargó reo a Oviedo Arriagada, entre otras 25 personas lo que desató una serie de presiones sobre el tribunal. El ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, coordinador nacional de los procesos por delitos de Derechos Humanos desde junio de 2012, se comunicó con Mesa para plantearle un reclamo por -supuestamente- no haber recibido a la parte militar para la coordinación del traslado de los reos. Adicional a eso Dolmestch planteó la improcedencia de haber contratado al ex ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Solís para acelerar la tramitación de las causas por derechos humanos que están pendientes en tribunales. A solo un mes de haber iniciado sus labores, Solís debió presentar su renuncia el viernes pasado.
Una mano negra en el caso
“Nosotros estuvimos todos esos días en Temuco ayudando a los abogados, en un momento se les mantiene la privación de libertad a los procesados y al día siguiente fueron acogidas 19 solicitudes de libertad, ahí confirmamos que había una mano extraña en este caso, más allá del Tribunal y la sala donde se hicieron los alegatos, cuando en la tarde escuchamos la noticia del nuevo comandante, fue una sensación de mucha impotencia..”, recuerda Herman Carrasco.
Los procesados quedaron libres después de cuatro días, luego que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocara la privación de libertad de 16 de los 25 carabineros, militares y detectives en retiro involucrados en la muerte de los militantes comunistas. La Fianza para los altos oficiales se fijó en medio millón de pesos.
En conversación con El Dínamo, Joseph Bereaud, abogado querellante en el caso, confirma la historia de Carrasco y recuerda que durante el procesamiento nadie sabía que uno de los procesados era hermano de algún general importante, pero las dudas se disiparon en medio del viaje de Temuco a Santiago. “No sabíamos lo que estaba pasando, ni porque habían salido en libertad hasta que aparece en las noticias que Humberto Oviedo, había sido nombrado comandante en jefe del Ejército, ahí entendimos todo”, explica
Respecto a si existieron o no presiones de la institución castrense en este caso, el abogado Cristián Cruz, tiene su propia opinión. “Recuerdo que varios procesados presentaron un recurso de amparo a favor de ellos en la Corte de Apelaciones de Temuco, desde el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, llegó una orden expresa que prohibió al abogado de Temuco apelar en contra causa de los militares y quien llevaba el programa en ese tiempo, era el señor Francisco Ugaz”, comenta.
Cruz agrega que conoce de cerca el tema, que cuando se trata de la alta oficialidad hay presiones, y que así recuerda que sucedió el 2010 cuando trabajaba como abogado querellante por el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y solicitó la prisión preventiva para los oficiales en retiro Hugo Sánchez, Edwin Dimter, Raúl Jofré y el ex fiscal castrense Rolando Melo en el marco del caso de Víctor Jara.
En ese tiempo, el ministro, Juan Fuentes Belmar, rechazó la solicitud de Cruz, por lo que el abogado recurrió a la Corte de Apelaciones. En ese momento, el profesional fue despedido por la jefa del programa, Rossy Lama. “Eran evidentes las presiones del Ejército también las hubo respecto de Cheyre cuando intentamos su procesamiento, si este es el caso de la salida del ex magistrado Alejandro Solís, me parecería gravísimo, ‘El caso Polvorín’ es una prueba de ello”, concluyó.
Reacciones por la renuncia del ex ministro Alejandro Solís
Consultado por las denuncias respecto de la presión que el Ejército habría realizado para impedir que el magistrado Alejandro Solís se desempeñara como asesor jurídico en la Corte Suprema, el abogado de DD.HH. Eduardo Contreras comentó. “Son de la mayor gravedad y – de ser efectivas- quedaría en claro que el poder real del país lo ejercen entidades distintas de aquellas que han sido elegidas por el pueblo democráticamente (…) El país no puede aceptar nunca más influencias de los llamados “poderes fácticos” como hace años les calificó el propio senador (Andrés) Allamand. El poder sólo debe ser ejercido por las autoridades del Estado investidas como tales por la soberanía popular”
Ayer, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió sobre el tema a la salida de una actividad en el INBA y comentó no había ningún desencuentro con el ministro Hugo Dolmestch “Lo que corresponde precisar es que quien resolvió la contratación del ministro señor (Alejandro) Solís como una forma de contribuir a generar una base de datos y cooperarle a los ministros que tramitan causas en Santiago fui yo en el mes de febrero y para no exponerlo a él, en definitiva a mayores cuestionamientos, concordamos que él concluyera su labor al cabo de un mes y eso lo hice personalmente con él y no participó el señor Dolmestch (…) Todo lo contrario, cuando di cuenta de esta situación al tribunal pleno, se sintió sorprendido y expresó que él hubiera deseado que se solucionara esto de otra forma, en que permitiera la mantención del señor Solís en la instancia de cooperación a los jueces. No ha tenido el señor Dolmestch ninguna responsabilidad en términos de las funciones del ministro Señor Solís”.
