Corte Internacional de justicia veta caza de ballenas de Japón: Gobierno “decepcionado”

El Gobierno de Japón mostró este lunes su “decepción” por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordenó al país asiático que “revoque” los permisos de caza de ballenas en la Antártida, aunque aseguró que acatará la decisión.

“Japón está decepcionado y lamenta la decisión (…). Sin embargo, aplicará el fallo de la Corte ya que es un Estado que le da gran importancia a la legalidad internacional”, aseguró la delegación japonesa en La Haya a través de un comunicado emitido por el Ministerio nipón de Exteriores.

Tokio siempre ha mantenido que su programa de caza de ballenas perseguía, entre otros fines, un control permanente del ecosistema y de la población de esos cetáceos, lo que le permitió llevar a cabo esta práctica con el permiso de la comisión ballenera.

Sin embargo, sus argumentos siempre causaron el escepticismo de muchas asociaciones y países, como Australia, que demandó a Japón ante la CIJ en mayo de 2010, ya que sostenía que las capturas niponas perseguían fines comerciales.

Desde 1987 Japón ha capturado un media de 400 ballenas cada año en la Antártida, según los datos de la Agencia nipona de pesca.

En 2005 estableció un objetivo anual de 935 piezas y los balleneros capturaron un total de 853 ese año y 679 en 2008. Sin embargo, sus capturas anuales se desplomaron hasta 103 debido, según el Gobierno nipón, a las actividades de los grupos ecologistas contrarios a la caza de esta especie.

Las razones tras el fallo

El presidente de la CIJ, Peter Tomka, detalló que “por 12 votos a 4, la Corte decide que Japón tendrá que revocar cualquier permiso o licencia relacionado con Jarpa II y evitar pedir otros permisos en el contexto de ese programa”.

El fallo acusó a Japón de violar la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena (ICRW, por sus siglas en inglés), firmada en 1946 para promover la conservación de estos mamíferos y desarrollar la industria ballenera de manera sostenible.

Ese convenio únicamente permite la caza de ballenas en el caso de que persiga fines científicos o sea para la subsistencia de la población aborigen.

Los magistrados estimaron que si bien el programa de investigación nipón contiene “objetivos científicos”, su puesta en práctica se ha hecho de una manera “poco transparente”.

Esa falta de transparencia se aplicó especialmente en la elección del tamaño de las muestras de cetáceos, que incluyen, por temporada, la caza de 850 ejemplares de rorcual aliblanco, 50 de ballena jorobada y 50 de rorcual común, expusieron los magistrados.

Japón no ha podido “explicar” las razones por las que aumentó el tamaño de la muestra respecto a la primera fase de su programa científico, ni por qué incluyó otras dos especies de cetáceos en el mismo, añadieron.

“La medida no es razonable en relación a la consecución de los objetivos“, concluyeron los jueces en su fallo.

Por su parte, el portavoz de la delegación japonesa, Nori Shikati, insistió en que lamentan la decisión; sin embargo, no especificó en qué pasos concretos por parte de Tokio se traducirá el fallo, “porque tenemos que estudiar el largo fallo antes de determinar acciones concretas”.

Cabe recordar que Australia demandó a Japón ante la CIJ en mayo de 2010, argumentando que las capturas niponas perseguían fines comerciales pero los jueces se limitaron a determinar que esos objetivos “no son científicos”, como exige la legislación internacional, sin precisar de qué tipo se trata.

Tokio abandonó la caza de ballenas en 1986 por una moratoria internacional, pero la retomó posteriormente bajo un programa con fines científicos (JARPA) autorizado por la comisión ballenera, a pesar del escepticismo de muchas asociaciones y países.

Australia basó su demanda en la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena, firmada para promover la conservación de estos mamíferos y desarrollar la industria ballenera de manera sostenible.

Para las autoridades australianas, Japón transgrede específicamente su obligación de cumplir el mandato de la moratoria total de la caza con fines comerciales que entró en vigor en 1986.

Durante las audiencias orales, que se celebraron entre junio y julio de 2013, Australia también criticó que el programa de investigación japonés tenga un carácter indefinido, basándose tan sólo en “el control de los cambios en el ecosistema antártico”.

La decisión de la CIJ, que es vinculante y que las partes ya se han comprometido a cumplir, tiene especial importancia porque además de solucionar la disputa entre las partes crea un precedente que servirá como marco jurídico para la interpretación de la ICRW.

La demanda de carne de ballena en Japón ha descendido drásticamente entre 1962 y 2009, y el número de toneladas para consumo ha pasado de 230.000 a 4.200 en ese periodo.