Defensor Nacional advierte "sobrecarga" del sistema por ley de penas sustitutivas

Al rendir hoy cuenta pública de la gestión institucional 2013 de la Defensoría Penal Pública, el Defensor Nacional, Georgy Schubert, advirtió que una vez que funcione en régimen, la Ley N° 18.603 sobre penas sustitutivas implicará una carga extra de 155 mil audiencias adicionales para los defensores públicos, lo que significará “una sobrecarga para todo el sistema de justicia penal”.

Esta cifra fue calculada en un reciente estudio encargado a la Fundación Paz Ciudadana -que se entregó la semana pasada- y a partir del cual Schubert destacó la necesidad de reflexionar sobre la forma de enfrentar adecuadamente reformas estructurales como ésta.

“Hasta hoy, la Defensoría ha hecho frente a este aumento de demanda con los recursos disponibles (…) Al legislar se debe tener una visión sistémica sobre el impacto que tendrá en otros actores. De no hacerlo, se compromete severamente el éxito de una reforma legal muy necesaria y, a su vez, se arriesga la eficacia de la justicia“, explicó.

Durante la ceremonia -efectuada en el Centro Cultural Palacio La Moneda y con la presencia del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, entre otras autoridades-, el Defensor Nacional también cuestionó fuertemente la aplicación de una “imperfecta” Ley Antiterrorista en el contexto del conflicto territorial mapuche.

Junto con criticar el “espacio de arbitrariedad” con que se emplea la definición de un delito terrorista, el directivo reprochó también la utilización de testigos sin identidad “como elementos esenciales o únicos de los fundamentos de una condena”.

“Creemos que no puede ser que exista un espacio de arbitrariedad respecto de los casos en que se emplea esta definición legal, existiendo situaciones de similares características en los que se aplica y en otras no. Hemos criticado también la utilización de testigos sin identidad dentro del proceso penal, como elementos esenciales o únicos de los fundamentos de una condena (…) La Ley N° 18.314 es imperfecta y como país debemos estar dispuestos a debatir sobre ella y reformarla, acorde con estándares internacionales”, aseguró.

En este tema, 174 defensores públicos especializados y siete facilitadores interculturales atendieron durante 2013 a 5 mil 679 personas indígenas, lo que representó un 1,7 por ciento del total de ingresos. Sin embargo, el 73 por ciento de estas personas pertenecía a la etnia mapuche.

Prisión preventiva

En su discurso, Schubert explicó que las medidas cautelares aplicadas durante 2013 aumentaron en más de 10 por ciento, contexto en que más de 20 mil imputados fueron sometidos a prisión preventiva o internación provisoria. En detalle, mientras 2 mil 344 personas estuvieron privadas de libertad al menos un día, mil 384 lo estuvieron entre 15 días y seis meses, y 517 por seis meses o más.

Además, 879 personas que fueron absueltas estuvieron en prisión preventiva, lo que refleja un aumento de 17,8 por ciento de estos casos respecto de 2012. En concordancia con ello, los defensores públicos solicitaron declarar ilegal el 10 por ciento de las detenciones efectuadas en el período, contexto en que los tribunales así lo hicieron en el 17,1 por ciento de los casos solicitados.

“Un análisis más profundo de esta cifra nos lleva a reflexionar si al mirar los datos podemos afirmar que nuestro sistema es en extremo garantista. Pareciera que las cifras nos dicen lo contrario o hablan de una extensión de la situación de flagrancia mucho más allá de la excepcionalidad que señala la Constitución”, comentó.

El Defensor Nacional consideró relevante que todos los actores del sistema procesal penal sean capaces de observar y resolver las causas de error que, a veces, conducen a que existan personas inocentes cumpliendo condenas o que -más grave aún- haya culpables viviendo en libertad, reflexión que recoge una iniciativa institucional lanzada en agosto de 2013: el “Proyecto Inocentes”, una página web que, hasta ahora, expone los casos de 33 personas que fueron privadas de libertad por un tiempo prolongado, demostrándose después que eran inocentes porque nunca cometieron el delito o porque éste no existió.

“Debemos preocuparnos especialmente de este tema -y ese ha sido el principal objetivo de este proyecto-, porque revisando las causas de error podemos corregirlas y trabajar respecto de ellas (…) Nuestro sistema es en extremo limitado para revertir decisiones erradas”, afirmó.

Autonomía

El Defensor Nacional aclaró que si bien todo el resto de las instituciones de la reforma procesal penal han sido revisadas, con modificaciones legales incluidas, ello no ha ocurrido con la Ley Orgánica de la Defensoría Penal Pública, por lo que se requiere abordar este tema, incorporando la necesidad de fortalecer la autonomía institucional y la participación de los defensores públicos en el sistema interamericano de derechos humanos, tema que incluso ha sido relevado por la Asamblea General de la OEA.

Desde el punto de vista del aporte institucional al debate sobre políticas públicas, Schubert destacó el desarrollo de un área de seguimiento legislativo, que busca entregar información relevante al Ejecutivo y a parlamentarios respecto de anteproyectos y proyectos de ley.

En el mismo contexto, valoró la revisión que el Ejecutivo está haciendo de “ciertos proyectos de ley con los que nunca estuvimos de acuerdo, como el que buscaba regular el control preventivo de identidad (…) No es a costa de los imputados, ni de sus derechos y garantías, como debe fortalecerse el sistema de justicia penal”, señaló.