Uruguay gestiona con Chile el retorno de militares acusados por caso Berríos
La situación de los uniformados se complicó el año pasado cuando la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó sus penas por este caso y lo considerara un delito de lesa humanidad,
El Gobierno uruguayo negocia con Chile el retorno de los tres militares extraditados, procesados y retenidos en nuestro país por el caso Berríos, según fuentes oficiales uruguayas citadas por el semanario Búsqueda.
Eduardo Radaelli, Tomás Casella y Wellington Sarli fueron condenados en 2010 por el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos, químico y agente de la dictadura de Augusto Pinochet, que en 1995 apareció muerto en Uruguay.
Los tres militares uruguayos fueron extraditados a Chile en 2007 y desde entonces permanecen aquí, en régimen de libertad ambulatoria que les permite estar fuera de prisión pero ni trabajar ni salir del país.
Según señaló Radaelli a la emisora de radio Metrópolis de Uruguay, los militares no están al tanto de estas negociaciones para su regreso, que según las fuentes citadas por Búsqueda buscarían “respetar el margen jurídico vigente”, pero que tratarán de no inmiscuirse “para no entorpecer las gestiones”.
El antiguo teniente coronel aprovechó además para insistir en su inocencia y lamentó que el Gobierno uruguayo los hubiera “desterrado” en primer lugar para ser juzgados en Chile.
La situación de los militares uruguayos se complicó el año pasado cuando la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó sus penas por este caso y lo considerara un delito de lesa humanidad, con condenas más duras e imprescriptible.
Berríos, ex agente de la dictadura de Pinochet fue sacado clandestinamente de Chile el 26 de octubre de 1991, bajo el nombre falso de Tulio Orellana, para impedir que declarara en el juicio por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en 1976 en Washington.
El agente fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en una playa de ese país, atado y con disparos en el cráneo.
Para los militares uruguayos, esta revisión de la condena y de los crímenes por los que fueron condenados es una violación del tratado de extradición entre Chile y Uruguay, impide imputar a alguien delitos por los que no fueron extraditados.
En este sentido, Radaelli consideró que existe una violación en su situación por esta condena, además de que en su caso “está súper claro que no es un delito de lesa humanidad”.
