Colbún suma sobre 1.000 MW y US$3.000 millones en proyectos en carpeta

Este miércoles, la firma Colbún llevó a cabo su Junta de Accionistas. Tras la cita, el Presidente del Directorio de Colbún, Bernardo Larraín, informó que la cartera de proyectos que posee la empresa suma casi 1.000 MW en un plazo de diez años, con una inversión cercana a 3.000 millones de dólares.

“Esto responde a los esfuerzos que hacemos como compañía por contribuir con la seguridad, competitividad y sustentabilidad del sistema energético de nuestro país”, señaló el ejecutivo durante la junta ordinaria de accionistas 2014.

Dentro de esta cartera de proyectos, la empresa considera un complejo de centrales en la cuenca de los ríos Guaiquivilo y Melado (VII Región) que sumarían una potencia aproximada de 400 MW. A esto se sumaría la central hidroeléctrica La Mina (34 MW, VII Región), cuyo permiso ambiental ya fue aprobado.

En cuanto a la segunda unidad del Complejo Santa María, en Coronel, Larraín especificó que Colbún aún no ha tomado una decisión en relación a la construcción de la segunda unidad de la central Santa María. “A la fecha hemos optimizado su diseño incorporando tecnología para cumplir con la exigente norma de emisiones”, señaló.

Respecto al proyecto hidroeléctrico central San Pedro, ubicado en la Región de Los Ríos, Larraín señaló que tras concluir el análisis de las prospecciones y estudios de terreno recopilados por dos años, durante el primer semestre de 2014 se iniciará un proceso de información de las adecuaciones a las autoridades e instituciones nacionales y regionales competentes. Durante el segundo semestre, las modificaciones se someterán a un proceso de socialización con la comunidad, previo a ingresarlos al Sistema de Evaluación Ambiental.

“Estamos terminando la puesta en marcha de nuestro principal proyecto, el Proyecto Hidroeléctrico Angostura de 316 MW, y así concluimos un ciclo de inversión que iniciamos el año 2006, que incluyó nueva capacidad por sobre 900 MW en la cual invertimos aproximadamente US$ 2.000 millones, lo que nos posicionó como la empresa que más capacidad aportó al Sistema Interconectado Central en el mismo período”, agregó Larraín.

Llamado a acuerdo nacional

De cara a las polémicas en torno al panorama energético del país, Larraín manifestó que “tanto en el mundo desarrollado como en nuestros países vecinos, la energía es sinónimo de grandes acuerdos y de decisiones. En Chile ha sido más bien sinónimo de divergencias y postergación de decisiones. En definitiva el llamado es a un gran acuerdo nacional para salir de este problema energético“.

Sin embargo, luego agregó que “creemos que la institucionalidad ambiental debe evolucionar, incorporando algún mecanismo de ordenamiento territorial e instancias de participación ciudadana temprana, entre otras materias. También creemos que parte de los tributos que los proyectos generan, deben quedar en la región donde se instalan”.

Respecto de los Impuestos verdes, incluidos en el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, el ejecutivo fue crítico al indicar que “más allá de sus virtudes que puedo compartir, no va en el sentido de velar por la estabilidad en las reglas del juego que, después de haber establecido exigentes normas de emisión a las centrales termoeléctricas, que se propusieron en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet y se implementaron en el gobiernos del presidente Piñera, sólo algunos años después se proponga además un impuesto a las emisiones. Impuesto que por lo demás ninguno de los países vecinos con los cuales competimos, ha establecido“.

“Los países legítimamente tienen derecho a establecer mayores impuestos. La educación es una prioridad. Es un deber sin embargo de todos los actores reconocer que la reforma propuesta es de una gran magnitud y complejidad, y que puede tener efectos negativos en la inversión y ahorro, que compensen los objetivos loables que persigue. Es un deber reconocer estos riesgo y escuchar las recomendaciones de distintos actores sobre los instrumentos alternativos para mitigarlos”, concluyó Larraín.