Agencias Acreditadoras: Así funciona el millonario negocio que otorga "sellos de calidad" en la educación superior

“Cuando las universidades concentran todas sus decisiones de acreditación en una agencia, se constituyen en un “cliente” que tiene mucho poder de negociación. Es lo mismo que si tú vas a comprar mil botellas de vino a la botillería, en vez de una, ¿qué haces? Pides descuentos. Entonces, eso es complicado”.

La analogía, realizada recientemente por el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Matko Koljatic, en la cuenta anual de la institución, es sólo uno de varios cuestionamientos que hoy se le hacen a las Agencias de Acreditación, los organismos privados encargados de dar un “sello de calidad” a las carreras que dictan las distintas instituciones de Educación Superior.

Las principales críticas de Koljatic van en dos líneas. En primer lugar, por el alto grado de concentración de algunas casas de estudios en determinadas acreditadoras. Según puede verificarse en los datos entregados por la CNA, son cuatro agencias -de diez, Acreditadora de Chile A&C, AcreditAcción, Akredita QA y Qualitas, quienes copan el 81,2% de la participación en el mercado, y en varios casos un centro educativo realiza todos sus procesos con una sola de las agencias.

Pero las aprensiones no paran ahí. Si bien la acreditación hoy es voluntaria, por lo que de las 162 instituciones educacionales vigentes en el país solo el 49% opta de manera voluntaria someterse a ese proceso (a excepción de medicina y pedagogía que es obligatorio), solamente cuatro carreras de pregrado, de un total de 298, no fueron acreditadas durante 2013. Considerando los cuestionamientos a la calidad de la educación superior, todo apunta a un proceso de acreditación laxo.

En vista de lo anterior, la propia CNA trabaja en el texto que busca introducir modificaciones al actual funcionamiento. Los cambios quieren establecer controles más estrictos en los procesos de acreditación mediante una auditoría que simula el proceso de acreditación de forma paralela a la agencia para determinar si se habría llegado al mismo resultado. También buscan ser más estrictos en controles como la memoria anual que las agencias deben entregar a la CNA. Todo esto por medio de una resolución, la 165, para que se haga mayor claridad en la actual ley respecto a las obligaciones de las agencias.

Las reformas buscan eliminar las sospechas de que las agencias acreditadoras no aplican con ahínco su rol de verificar la calidad de las carreras que se implementan en los distintos centros de enseñanza superior, lo que a juicio de los expertos sería fundamental para asegurar la calidad en la educación superior.

Porque si bien la CNA es la encargada de entregar la acreditación a las instituciones, son estas agencias privadas las que realizan el procedimiento directamente con las carreras y programas, en un engorroso y millonario sistema del que participan reconocidas caras del área académica, empresarial, e incluso política, como los ex rectores Luis Riveros (U. de Chile), Ubaldo Zuñiga (Usach), Manfred Max Neef (U. Austral), Jaime Pozo (U. La Serena) y Óscar Cristi Marfil (U. Los Andes), los ex altos funcionarios de Pinochet y más tarde dueños de la Universidad Finis Terrae, Pablo Barahona y Álvaro Vial, o el ex ministro de Frei Ruiz-Tagle y presidente del Banco Central, Carlos Massad.

¿Cómo funciona el proceso?

Los cuestionamientos expresados por Koljatic son complementados  por Francisco Martínez, Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación e integrante del gobierno en la CNA. “La visión que tenemos desde el cargo recientemente asumido es que es necesaria la permanente observación del funcionamiento de las agencias acreditadoras privadas y estar atentos a posibles conflictos. Uno de ellos se refiere a que exista un número suficiente de agencias disponibles para acreditar en algunas áreas y de pares evaluadores realmente “independientes””, señaló a El Dínamo.

Agregó: “En este sentido la preocupación de la CNA, que es la institución que interactúa directamente con las agencias, es un asunto que debemos revisar desde la perspectiva de garantizar la fe pública en esta función.  

Los cambios, por ello, no sólo podrían ser de forma. “Los cambios en el sistema nacional de aseguramiento de la calidad son materia de reflexión profunda. Hemos iniciado ese proceso de revisión y análisis para luego concluir con una etapa concepción de cambios y diseño de estos”, finaliza Martínez.

La Ley 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, de 2006, creó la Comisión Nacional de Acreditación  como un organismo de carácter público y autónomo encargado de verificar y promover la calidad de las instituciones de Educación Superior. Paralelamente, concibió la figura de las Agencias Acreditadoras -de carácter privado- como las responsables de acreditar las carreras de pregrado que dictan cada una de estas instituciones de educación, tanto universidades como institutos profesionales y centros de formación técnica, evaluando la gestión, investigación, docencia y vinculación con el medio de éstas.

Las Agencias de Acreditación tienen dependencia directa de la CNA, ya que la autorización de su funcionamiento y su fiscalización son responsabilidad de la Comisión, así como los criterios y estándares que deben ser cumplidos. Sin embargo, tienen la autonomía para determinar la acreditación de las carreras. Y de ahí su cuestionamiento.

El proceso que se desarrolla es el siguiente: la institución de Enseñanza Superior interesada en acreditar una carrera contrata a alguna de las agencias, luego de realizar un Informe de Autoevaluación donde establece procesos y resultados. Este informe es remitido a un grupo de “pares evaluadores” externos elegidos por la agencia -que deben contar con el visto bueno de la casa de estudios-, especialistas de otras instituciones contratados para supervisar y verificar el proceso y que evacuan un segundo informe que pone en tabla las fortalezas y debilidades del proyecto educativo. Todo lo anterior coordinado y gestionado por las Agencias Acreditadoras quienes, al final del proceso, llevan las conclusiones a un Consejo que, si no hay objeciones, dan el visto bueno o -excepcionalmente- deniegan la acreditación de la carrera.

El proceso tiene un costo no menor: cada agencia cobra entre 8 y 10 millones de pesos por proceso. En su conjunto, las Agencias Acreditadoras facturaron el año pasado más de $2 mil 500 millones.

LAS CARAS DE LAS AGENCIAS

Como ya se señaló, de las diez acreditadoras existentes en el mercado cuatro concentran el 81,2% de las acreditaciones de las carreras de pregrado. La principal: Agencia Acreditadora de Chile A&C.

La Agencia Acreditadora de Chile obtuvo la autorización para funcionar en 2009, inicialmente para operar en carreras de las áreas de Ciencias Sociales, Derecho, Humanidades, Educación, Salud (excepto Medicina y Odontología), y Administración y Comercio. Pronto sumó carreras de Artes, Arquitectura, Tecnología, Recursos Naturales. Finalmente en 2012 se les autoriza para operar en el área de Ciencias.

En 2013, la agencia tuvo el 23,5% de participación en el mercado, con 70 procesos. Recibió, de las 24 instituciones que acreditó, más de 525 millones de pesos.

La Agencia Acreditadora de Chile A&C pertenece a viejos conocidos en el ámbito educacional. Sus cinco socios son el ex ministro de Economía y Minería del régimen militar -y reconocido “Chicago boy”- Pablo Barahona Úrzua; el ex subsecretario de Economía de Pinochet, Álvaro Vial Gaete, el ex rector de la Universidad de Talca en la misma época, Óscar Garrido Rojas, el ex vicerrector de la Universidad Autónoma de Chile Sergio Thiers Silva, y Sandro Tapia Cancino.  

En el directorio también aparece como vicepresidente Óscar Cristi Marfil, hermano de la diputada María Angélica Cristi, ex rector de la Universidad de Los Andes y vicerrector de la Universidad San Sebastián.

Luego le sigue en importancia AcreditAcción, con 66 programas revisados y acreditados, y casi 500 millones de pesos en honorarios. La empresa tiene como presidente del directorio al ex decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Concepción, Moisés Silva Triviño, y opera desde 2008 en las áreas de Educación, Salud, Tecnología, Agropecuaria, Administración, Comercio, Ciencias Sociales y Diseño.

Al igual que la anterior, AcreditAcción es una sociedad anónima cerrada y en ella confluyen importantes nombres del ámbito de la Educación Superior privada, como Juan José Villavicencio Blanco, ex rector de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (UNICyT), Jorge Ormeño Fuenzalida, ex fiscal de la Universidad La República y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez, y  ex Coordinador de Procesos de Acreditación de la Universidad Mayor José Miguel Rodríguez Sáez.

 La tercera en importancia, Akredita QA, es la que congrega a los personajes más conocidos, mayoritariamente ex integrantes del CRUCH. Creada por los ex rectores Luis Riveros (Universidad de Chile), Ubaldo Zúñiga Quintanilla (U. de Santiago), Manfred Max Neef (U. Austral) y Jaime Pozo Cisternas (U. La Serena), además del ex director de Digeder y ex vicerrector académico de la Universidad de Los Lagos, Iván Navarro Abarzúa, y el desaforado ex diputado RN Maximiano Errázuriz, fue autorizada para operar en julio de 2008 en las áreas de Educación, Administración y Comercio, Salud, Ciencias Sociales y Tecnología.

Akredita QA ha recibido dos sanciones de parte de la CNA. La primera en 2010, al advertir una “evidente colisión de intereses” del ex rector Luis Riveros, entonces presidente del directorio de la agencia y al mismo asesor del IP Los Leones, institución que acreditó su carrera de Educación Parvularia en la agencia del otrora hombre fuerte de la Universidad de Chile. La segunda, de 2013, fue por no entregar toda la documentación solicitada por la CNA sobre 56 procesos de acreditación efectuados entre 2009 y 2011.

Qualitas, a su vez, pertenece a la Pontificia Universidad Católica de Chile y DuocUC y opera en las áreas de Ciencias y Derecho, Agropecuaria, Ciencias Sociales, Educación, Tecnología, Administración y Comercio, Humanidades y Arte y Arquitectura, a excepción de las carreras y programas impartidos por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Instituto profesional DuocUC y el Centro de Formación Técnica DuocUC.

Las otras seis agencias autorizadas para acreditar planteles y programas, son AACS, AAD, Acredita CI (del Colegio de Ingenieros), ADC, Aespigar -que no participó el año pasado- y Apice Chile -del gremio médico, hoy en proceso de cierre porque entró en problemas económicos serios-. “No nos tiene muy contentos que una agencia haya fracasado”, dijo el presidente de la comisión en su cuenta pública.

Quién con quién

Un análisis de los datos entregados por la CNA indica que las universidades tradicionales, en general, contratan los servicios de acreditación de casi todas las agencias, aunque las más recurrentes en el sistema también son las que más acreditaciones les dan. En la agencia Qualitas, por ejemplo, 10 de 15 planteles son estatales; en la Acreditadora de Chile solo el 30% son públicas.

La Acreditadora de Chile, en tanto, es la agencia favorita de las instituciones privadas, teniendo esta calidad 15 de 22 instituciones en total. En la agencia Akredita QA, 12 planteles que participaron del proceso fueron privados, mientras que 7 son públicos.

El cuestionado Grupo Laureate, que agrupa a las universidades Andrés Bello, de las Américas, Viña del Mar y el Instituto Profesional AIEP, sometió a proceso a 25 programas académicos por un monto superior a los 187 millones de pesos. Todas fueron acreditadas por 3 de las agencias: Acredita CI, Acreditadora de Chile y Akredita QA.

Cabe destacar que, según la ley, una agencia sólo debe inhabilitarse de acreditar a alguna institución cuando existen nexos presentes entre los consejeros y las instituciones a acreditar. También el Código de Ética establece cortapisas, como que un rector de una institución no puede participar del proceso. Sin embargo, cuando el nexo es anterior, la medida solo se aplica hasta 24 meses después. 

Por ejemplo, la Acreditadora de Chile posee en su directorio a Barahona, Vial y Tapia, ex dueños de la Universidad Finis Terrae -hoy en manos de la congregación religiosa Legionarios de Cristo- y uno de sus directores, Cristi Marfil, fue rector de la U. de Los Andes. Y la agencia aparece acreditando 4 carreras en total de ambas universidades.

Algo similar ocurre con la empresa de los ex rectores. La universidad que fue dirigida por Max Neef, la Austral, acreditó 6 carreras con Akredita QA.  La Usach -de Ubaldo Zuñiga- acreditó 2, y la Universidad de Los Lagos 1.

El senador Carlos Montes, quien estuvo en la discusión de la ley, en 2006, tiene una opinión clara frente a este tema. “Lo que ha estado en el debate es que esto tenga una regulación pública”, dice.

Señala que precisamente para evitar un eventual conflicto de interés es que se incorporó la posibilidad de tener evaluadores externos. “Porque en un ambiente universitario tan pequeño como el de Chile, todos se conocen, todos están vinculados de alguna forma”, agrega.

“Acá no solo ha habido falta de control y conflicto de interés, sino que influencias cruzadas”, dice Montes, y cree que la acreditación debiese ser obligatoria, con estándares internacionales, y que la institución debería ser acreditada en su conjunto, no por pedazos, o en su defecto, que quien evalua por pedacitos tenga un rango distinto de quienes evalúan en su conjunto.

“Que los evaluadores sean externos… No puede ser que quien contrate al evaluador sea el propio evaluado. De ahí viene un problema serio, pero que surge primariamente del problema de la voluntariedad”, finaliza.

LAS ACREDITADORAS SE DEFIENDEN

Las palabras de Koljatic cayeron como una bomba en las principales agencias acreditadoras. Según señalan los consultados, jamás expresó sus reparos sobre las empresas hasta el miércoles pasado, cuando dictó su cuenta pública. Álvaro Vial es claro en su malestar y dice que solicitó una reunión con el presidente de la CNA para expresarle su enojo.

“No puede salir a decir esto repentinamente, siendo que nosotros somos empresas que estamos bajo su vigilancia, señalando esto por los diarios, sin habernos dicho nunca en su vida cuáles eran sus preocupaciones. Acá nada es ilegal y son todas cosas discutibles”, dice el socio de la Acreditadora de Chile.

Sergio Mora, gerente general de Akredita QA, también cuestiona la forma y la oportunidad. “La cuenta pública es en virtud del cargo que ocupa y para las opiniones personales existen otros mecanismos y medios”, dice.

Dice que hay desconocimiento en la opinión pública respecto a las atribuciones de las Agencias y a su legalidad. y habla de datos distorsionados. “¿Es mejor la empresa que rechaza más acreditaciones que la rechaza menos?”, pregunta.

“Si hay universidades que se acreditan mayoritariamente en una acreditadora u otra es algo que debes preguntarle a las universidades”, afirma, “no es culpa del proveedor sino de quien lo compra”, replica.

“En esta agencia hay valores que le permiten cierto acercamiento con las universidades. Esta agencia la fundaron ex rectores universitarios y ese es su valor, sustentado en la diversidad y la tolerancia. Hemos acreditado de Arica a Punta Arenas, públicas y privadas, desde la Arcis al Instituto de Tecnología de la Universidad Católica. Todo el espectro ideológico y todo el espectro nacional. Yo miro el vaso más lleno que vacío. El aporte que han hecho las agencias al mejoramiento de la calidad es gigantesco”, dice Mora.

Para el gerente de Akredita QA, si hay que hacer mejoras estas pasan por hacer más visible el proceso, más transparente. “Las agencias funcionan con cuerpos colegiados que no son empleados de la agencia, que son los consejos de acreditación, absolutamente honorables y con profesionales reconocidos”, señala.

Para Mora no es inválido ni ética ni legalmente que la agencia acredite a la Universidad Austral, cuyo rector fue uno de los hoy dueños de Akredita, Manfred Max Neef. “Las personas están más allá del bien y del mal en ese sentido. Nadie podría decir que el profesor Max Neef corrompió al sistema para tener una acreditación acá”, manifiesta, y recalca que la Universidad de la Serena no ha tenido acreditaciones con ellos, y la Universidad de Chile sólo una.

“Somos un país pequeñito. La gente que trabaja en universidades es poca y la que tiene cargos directivos menos aún. Somos un país chico y si no es ahí, ¿de adónde sacamos más gente? eso pasa es todo orden de cosas, donde las relaciones personales, parentales, son estrechas. No es Estados Unidos, donde llevas a alguien a alguien de Nueva York a California y no lo conoce nadie”, señala.