[Video] Cuarto capítulo de debate en Energía abordó rol de las comunidades

El impacto de la generación eléctrica en el territorio y las comunidades, fue el tema central del cuarto capítulo del programa de la plataforma de diálogo Escenarios Energéticos Chile 2030, Desafíos en 100 Días que contó con la participación de René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras; Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (ACERA); y Matías Asún, director de Greenpeace Chile.

El primer tema abordado en programa, que transmite CNN Chile, fue el del ordenamiento territorial, es decir, dónde y cómo se define el punto de instalación de los proyectos energéticos que impactan en el medio ambiente. Matías Asún abrió los fuegos señalando que “en un principio las zonas saturadas son un pésimo lugar para instalar proyecto energéticos y como hoy se minimiza la inversión inicial, muchas termoeléctricas están o aprobadas o intentado construirse justamente en zonas donde hay un puerto y por lo mismo ya está repleto de termoeléctricas”.

“Más que decidir cuál es el territorio que vamos a echar a perder para generar energía, lo que importa es sobre todo qué proyectos podemos implementar, para qué tipo de energía, cuánta necesitamos y en función de eso identificar el lugar”, agregó.

De cara al alcance del rol de Estado en este ámbito, el representante de las empresas de energías renovables, opinó que la definición de qué cuencas están saturadas es política y no técnica. Luego debieran definirse las zonas que son candidatas para este tipo de iniciativas de generación y detalló que “posteriormente, quién promueve el proyecto va a tener que demostrar que ese proyecto va a comportarse como buen vecino, es sustentable y una serie de requisitos que impone en parte la sociedad y que tendrá que imponer la normativa”.

De ahí que Rene Muga complementará al indicar que el “Estado debe fijar reglas claras e instituciones que administren esos procedimientos de alguna forma legítima y que a todos les de garantías”.  Luego dijo que este tema no se puede separar de la participación por que la instalación de los proyectos no se da en abstracto.

Asún se mostró de acuerdo con este último, punto pero indicó que “evidentemente nosotros vemos que falta una disposición a un ordenamiento territorial proactivo, ya que cuando hablamos de ordenamiento territorial no es orden, sino más bien organización. El Estado se repliega a una posición donde los privados son los que dicen dónde quieren, que cosa y las comunidades intentan oponerse por otro lado”.

Carlos Finat, matizó, en todo caso, que no porque el Estado tome una decisión, ésta “va a ser legítima en términos de la sociedad porque también podría generarse un conflicto. Hay que darle nuevamente credibilidad a la instituciones para que en los procesos de decisión se hayan considerados las participaciones y las explicaciones necesarias. Cuando se habla de destrabrar proyectos no es suficiente con mirar a La Moneda”.

Los límites a las compensaciones

A continuación, se abordaron los alcances de la entrega de compensaciones a las comunidades de parte de los responsables de los proyectos y si esto permite morigerar los eventuales daños ambientales. Asún enfatizó que “yo tiendo a creer que muchas veces el daño que se plantea es irreparable”; y como ejemplo aludió a los proyectos que intentan construirse en áreas de glaciares, debido a que Chile no los reconoce como parte de su legislación, y eso posibilita que destruirlos “salga gratis”, sin tener en cuenta que son reservas de agua que pueden ser críticas para las cuencas; entonces preguntó “¿por cuánto dinero uno deja de tomar agua? Hay ciertas compensaciones que no pueden estar en discusión”.  

Con la mirada de la industria generadora, Rene Muga opinó que las centrales del tipo que sean, deben pasar por los procedimientos de evaluación ambiental y de mitigación de los impactos que producen. “En este país necesitamos diversificar nuestra matriz y si no es carbón por el que se apueste, será gas o electricidad porque se requiere tener seguridad en el suministro”, afirmó.

“Si el desarrollador de un proyecto no obtiene licencia social para operar ese proyecto, jamás lo va a poder hacer y si lo hace, va a tener problemas en la operación y va ser un vecino molesto. La licencia social sólo se obtiene a través de los procesos de consulta y una señal clara del Estado de Chile hacia dónde debe ir el sector y cuál es el futuro del sistema”, retrucó Carlos Finat.

De cara a cómo se debe organizar la entrega de las compensaciones y en qué momentos, Muga apuntó que “una cosa son los impactos ambientales que producen los proyectos y otra que una comunidad que ve que se instala una inversión cerca de donde de vive, de alguna forma, tiene expectativas de participar tempranamente en la definición del proyecto, minimizar los impactos ambientales y ver que ese proyecto, puede contribuir a una mejor calidad de vida”.

“Si tu no generas condiciones de sustentabilidad, tu puedes haber pagado, pero si después de esto eres un vecino molesto en el barrio la verdad es que te van a echar. Una empresa debe ser capaz de generar condiciones de trabajo, de bienestar, inversiones -que no pasan por hacer una multicancha al comienzo del proyecto-; se debe participar activamente y generar valor a la comunidad para permanecer en el tiempo y no perder la inversión”, dijo Finat.

A juicio de Muga, hay que ir más allá de la publicidad. “El imperativo es la información que además sea objetiva. Tenemos un rompimiento de las confianzas tan grande entre los actores que participamos que debemos esforzarnos para que la información sea igual para todos”.

Las expectativas frente a la agenda de energía

El tema de la -esperada- agenda de energía que la mandataria lanzará este jueves en la mañana, no estuvo ausente y los invitados dieron a conocer qué esperan.

“Se van a incluir temas que van desde el corto, al mediano y largo plazo y es una agenda en la que no vamos a tener una bala de plata ni una solución si no que fijación de objetivos y la propuesta de instrumentos y plazos. Van a estar los temas que se han hablado de ordenamiento, comunidades, eficiencia energética, fomento a las energías renovables, el rol del Estado y como vamos a avanzar en estos cuatro, cinco años dónde no se van a agregar proyectos que no se estaban construyendo”, indicó René Muga.

Por su parte, Carlos Finat manifestó que “la expectativa que se va a cumplir es que vamos a ver a un gobierno orientado a la acción y no a lo estudios y diagnósticos que se han visto en los últimos cuatro años”. Después se mostró en desacuerdo con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras en cuanto a que no van ingresar más proyectos.

A ojos del director ejecutivo de ACERA, “en proyectos de ERNC van estar entrando del orden de 700 MW por año, por lo tanto en cinco años van a ser 3.500 MW adicionales para lo que se tienen que dar algunas condiciones y el ministro ha dado señales como el tema de la competencia frente a un mercado que, como se ha dicho, está altamente concentrado, con alto precio, falta de inversiones y una matriz con alta carbonización”. En este contexto, su gremio apuesta por una apertura de las licitaciones de las empresas distribuidoras hacia las ERNC.

El director de Greenpeace, finalmente, apuntó lo bueno y lo malo que podría traer esta suerte de hoja de ruta. Entre los primero citó la definición de una posición frente conversión, el gas natural, la termoelectricidad o la participación vinculante de las comunidades. “Lo nefasto sería escuchar algo sobre energía nuclear, nadie en su sano juicio después de los terremotos que hemos tenido, estaría dispuesto a plantearlo; ni justamente los temas -planteados aquí-, de agilizar los proyectos, lo que termina siempre con la Contraloría diciendo que es ilegal”.

Revisa aquí el capitulo íntegro: