James Sinclair y la dictadura, los antecedentes que tienen en entredicho al nuevo embajador en Australia

James Sinclair  ya tiene experiencia en cargos gubernamentales, fue embajador de Chile en Indonesia, y cumplió tareas similares en Estados Unidos y Argentina.

Sin embargo, su carrera no comenzó con la Concertación y con el regreso a la democracia. El ex alumno de Administración en la Universidad de Santiago, se formó sirviendo en diversos cargos a la dictadura y se le acusa de participar en intervenciones que permitieron destruir valiosos archivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Sinclair, además es hijo del ex vicecomandante en jefe del Ejército, general Santiago Sinclair Oyaneder, quien luego fue senador designado, antes de asumir como Ministro Jefe del Estado Mayor Presidencial y en 1982, como Ministro Jefe COAP, fue jefe de operaciones del Ejército y comandante del Regimiento Cazadores de Valdivia.

En 2008 fue procesado por el juez Mario Carroza como uno los coautores del homicidio de 5 frentistas capturados en 1987 que luego fueron arrojados desde un helicóptero al mar. Además, por su cargo en el sur, fue acusado como responsable del asesinato de un total de 32 campesinos en Chihuio y Liquiñe, en 1973.

A pesar de estos antecedentes, Sinclair  fue designado el lunes – junto con Alfonso Silva en Canadá y José Luis Balmaceda, en Suiza- como embajador de Chile en Australia, generando molestia entre las agrupaciones de Derechos Humanos.

El funcionario de carrera de la Cancillería, que en el gobierno de Sebastián Piñera ejerció como Director de Protocolo, quedó en medio de la polémica a raíz de algunos datos a los que accedió la agencia alemana de noticias DPA en una investigación que fue difundida el año 2012.

El capítulo de los archivos secretos de la CNI que Sinclair habría destruido, aparece mencionado en el libro ‘Asociación Ilícita: Los archivos secretos de la dictadura’ (CEIBO, 2012), de los periodistas Carlos Dorat y Mauricio Weibel.

Allí se menciona a James Sinclair como responsable de la destrucción de 31 documentos clasificados en marzo de 1987. En abril del año siguiente, el entonces ministro de Relaciones Exteriores Ricardo García, le remitió al director de la CNI una carta donde adjuntaba la llamada “Acta de destrucción”. Allí se mencionaba el detalle de los documentos destruidos y está firmada por James Sinclair. No quedaron vestigios de los papeles contenidos en el sobre (ver documento abajo).

El periodista Mauricio Weibel explica cómo hace dos años la Agencia Alemana de Prensa dejó al descubierto el actuar de las policías secretas durante la dictadura: Primero la DINA, y luego la CNI, mantuvieron contacto con los ministros y subsecretarios de Pinochet entregándoles informes diarios de inteligencia. Esta comunicación incluía coordinaciones represivas, como por ejemplo el Plan Cóndor, la Operación Colombo y otros seguimientos destinados a la persecución de opositores a la dictadura, con traspaso de información de aspectos administrativos, que se fueron transformando en un ejercicio cotidiano.

“La CNI enviaba informes diarios de inteligencia, muy detallados, que luego debían ser destruidos mensualmente porque tenían información sensible, como por ejemplo la conformación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esos documentos cuando eran quemados tenía que quedar una constancia de su destrucción y se llamaban así ‘Actas de destrucción’”, esos son los documentos a los que tuvimos acceso. Sinclair era una de las personas que se encargaba de destruir estos documentos en la cancillería y la forma en que lo comprobamos es que tenemos las actas de destrucción que él mismo firmó”, comenta Weibel.

Es ahí donde está la desprolijidad del nombramiento del gobierno, agrega el periodista. “Creo que el gobierno no fue consciente, teniendo todos los antecedentes. La verdad esto parece casi una provocación a las agrupaciones de Derechos Humanos, como lo dijo Lorena Pizarro, es difícil pensar en un nombramiento más complejo y tan poco prolijo cuando hay antecedentes de una persona que quemó documentos secretos de la Dictadura y existen pruebas concretas de ello, con documentos donde aparece  hasta su firma”, agrega.

La política del empate

Mireya García, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), comenta que en el nombramiento de los embajadores, durante veinte años,  siempre ha estado presente la polémica.  Agrega que la designación de Sinclair fue un error, sobre todo cuando Australia corresponde a una de las embajadas más sensibles, donde se encuentra en proceso la extradición de Adriana Rivas, la ex secretaria de Manuel Contreras, el otrora director de la DINA.

“Se está luchando porque esta mujer, Adriana Rivas, venga a responder en temas Derechos Humanos, esta es una mujer que hizo declaraciones tan desafortunadas como que la tortura era necesaria. Hay que esperar a que esta designación sea revertida prontamente. Lo más adecuado es que el gobierno asuma que esta fue una mala decisión y que el señor Sinclair no asuma”, comentó.

La misma opinión tiene Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos (AFEP), también abordó esta polémica y señaló que el nombramiento de Sinclair lo sintieron como una pésima señal del gobierno. “Se nombra a un sujeto que tuvo que ver con la quema de archivos de la CNI, que se quemen antecedentes es un retroceso, lo que se dejó claro con su designación es la política del empate, se da un incentivo a las víctimas y otro tanto para los victimarios. Sinclair tiene un pasado oscuro, recordemos que su padre fue un violador de Derechos Humanos. Es como antes, como con la Concertación, mientras un personaje no esté procesado el castigo social no cuenta para ellos. Recordemos que hay más de mil causas abiertas, que no esté procesado no significa que no merezca la menos una condena moral”, enfatizó.

La secretaria de “El mamo”

Adriana Rivas aún no se titulaba de secretaria bilingüe cuando fue reclutada por la Dina en el Instituto donde estudiaba. Al igual que las otras mujeres elegidas por el organismo represor tuvo que aprobar el adiestramiento militar en las Rocas de Santo Domingo. En 1976 pasó a formar la Brigada Lautaro, cuando estaba ubicada en el edificio número cinco de Las torres de San Borja.
Rivas, la fiel secretaria de “El Mamo”, públicamente niega haber participado de alguna tortura, pero los cercanos a la investigación la sindican como una de las criminales más peligrosas y agresivas de la dictadura, quien habría participado personalmente en el asesinato del dirigente comunista Víctor Díaz. A pesar de todos estos antecedentes, continúa refugiada en Australia lugar desde donde ha defendido los crueles métodos usados por en la Dictadura.