Valores e incognitas: análisis de Chile Sustentable a los anuncios medioambientales

La organización medioambiental Chile Sustentable dio a conocer su análisis de los anuncios realizados este miércoles por la Presidenta Michelle Bachelet en el marco de su primer discurso del 21 de mayo. Para la ONG liderada por Sara Larraín, la mandataria se encargó de detallar como implementará sus compromisos de campaña, al tiempo que confirmó la dependencia estructural de la economía chilena de la explotación de los recursos naturales, cuestión que desde su punto de vista, degrada los ecosistemas y estresa a la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, también relevan como se explicitaron medidas para reducir la insustentabilidad socioambiental del desarrollo nacional en materia de aguas, agricultura, recursos marinos, energía, minería y contaminación. Además apuntan que Bachelet presentó importantes reformas referidas a demandas laborales, indígenas, de descentralización y cambios constitucionales.

Aquí te presentamos un  análisis centrado en los temas de agua y agricultura; biodiversidad; pesca; energía; contaminación y por cierto, los temas que estuvieron ausentes.

Agua y Agricultura

Chile Sustentable valoró el reconocimiento realizado por la Presidenta, de las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, pero este estatus debe ser profundizado en el Código de Aguas (donde ya está consignado desde 1981) además de modificar la Constitución en su artículo 19 números 23 y 24.

De cara a los glaciares y el anuncio de la ley que protegerá a los macizos afectados por la minería, la organización recordó que esta demanda se arrastra desde el primer gobierno de Bachelet, donde la presidenta adquirió el compromiso de una ley que finalmente no cumplió. La ley anunciada por el gobierno este 21 de mayo, tendrá que estar a la altura de las mociones hoy en tramitación por iniciativa parlamentaria y prohibir las actividades (sobre, bajo o cerca) que afectan a los glaciares.

El anuncio presidencial de asegurar la disponibilidad de recursos hídricos para el sector de la agricultura familiar campesina, clave para la seguridad alimentaria, también fue relevado por la ONG, debido a que responde a los problemas de acceso y usurpación de agua que ha afectado a estas comunidades en la zona centro norte del país. Ello, junto con la solución al endeudamiento campesino de 27.313 pequeños agricultores “castigados” por INDAP y sin acceso a los programas y beneficios del Estado en una acción trascendental para lograr la equidad y subsistencia del mundo rural en la producción de alimentos.

Biodiversidad

Frente a la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se apuntó que se trata de una promesa del programa de gobierno para los primeros 100 días de mandato y que no se clarificaron los plazos. La presidenta debiera ingresar un proyecto de ley a mediados de junio para honrar su compromiso, subraya la ONG.

Chile Sustentable como parte de la comunidad de organizaciones ciudadanas considera, en tanto, que la Prorroga del DFL 701 para plantaciones forestales sólo debiera ser por un periodo de 2 o 3 años, con énfasis en especies nativas. Esto dado que es necesario formular y tramitar una nueva ley de fomento forestal con inclusión de todos los actores y debe ser compatibilizada con una consulta indígena.

Pesca

Frente a la Ley de Pesca, conocida como Ley Longuiera, se valoró positivamente el anuncio de su revisión. A ojos de la organización, la iniciativa dejó desfavorecido al sector pesquero artesanal en relación a la pesca industrial, ya que apostar al fortalecimiento de la pesca artesanal y la sustentabilidad de los recursos del mar es apostar a la equidad, la inclusión y el desarrollo socioambiental.

“En el mismo sentido nos parece óptimo el anuncio de “regularizar el dominio de las caletas pesqueras”, entregando derechos de uso y tenencia de largo plazo a los actuales pescadores artesanales que desarrollan su actividad productiva en cada zona. Así los pescadores y sus familias pueden ejecutar estrategias de desarrollo sostenibles en el largo plazo”, señala la ONG encabezada por Larraín

Energía

Los anuncios más valorables corresponden a la reducción de precios en base a la reforma del Sistema de Licitaciones y la tarificación marginalista en porcentajes concretos y medibles, como así mismo las metas de Eficiencia Energética que permitirán reducir al año 2025 un 20% del consumo proyectado para esa época.

Contaminación

Chile Sustentable también valoró muy positivamente el anuncio de revertir durante los 4 años de mandato los niveles de contaminación atmosférica a que se encuentra expuesta la población en 14 ciudades del país. De concretarse esta medida será el mayor acto de justicia ambiental desarrollado en Chile desde la nacionalización del cobre en los años 70. Adicionalmente el Estado por fin cumplirá el precepto constitucional del “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” (Artículo 19, numero 8), subrayan.

Lo que quedó fuera

Desde Chile Sustentable echaron de menos varias iniciativas legales que el gobierno de Bachelet había destacado y comprometido con ecologistas y movimientos sociales durante los últimos meses.

Entres éstas mencionan el proyecto de Ley General de Residuos y Responsabilidad Extendida del Productor, iniciativa que viene a reconocer la inclusión del Movimiento de los Recicladores en Chile en la gestión de residuos. El ministro de Medio Ambiente se comprometió con la Cámara de Diputados a ingresar un texto en mayo, pero ello no ha ocurrido aún.

La Ley de Servicios Sanitarios Rurales también estuvo ausente de los anuncios pese a corresponder a una larga demanda de la Federación Nacional de Agua Potable Rural. Su anterior administración ingresó al parlamento una ley al respecto que hoy duerme en la Cámara de Diputados.  La organización enfatizó que avanzar en la institucionalización del agua potable y el saneamiento -hoy inexistente en el sector rural-, es clave para la salud, el desarrollo rural y el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas sobre Derecho Humano al Agua y Saneamiento que está  vigente desde 2010.

Por último no dejaron de citar que “extrañamos la referencia de la Presidenta sobre la implementación de la Consulta Indígena del Convenio 169, vigente desde 2010, esto porque el reglamento realizado por el gobierno Piñera está a la espera de ser puesto en vigencia o reformado. Lo que es crítico para el nuevo trato con los pueblos indígenas”.