Comunidades mapuche apelarán tras portazo a recurso de protección contra Consulta por Central Neltume

Luego de que la Corte de Apelaciones de Valdivia diera un portazo al recurso de protección de la comunidad Inalafquen, Inocente Panguilef y el Parlamento de Koz Koz en contra del Servicio de Evaluación Ambiental Región de los Ríos con el que se buscaba impugnar el proceso de evaluación ambiental al proyecto Central Hidroeléctrica Neltume y Línea de Alta Tensión Neltume-Pullinque de Endesa, las comunidades dieron a conocer su decisión de apelar a la decisión ya que, según ellos, la consulta indígena ligada al Convenio 169 de la OIT no se realizó de buena fe.

Por su parte, la corte argumentó que el SEA regional “ha cumplido a cabalidad con los presupuestos normativos de la Consulta Previa a los que alude el Convenio N° 169 de la OIT, no configurándose ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la implementación de la Consulta Indígena decretada en el marco de la evaluación ambiental de los proyectos Central Hidroeléctrica Neltume”.

Asimismo se sostuvo que el recurso de protección de los indígenas “no puede prosperar porque no concurre el presupuesto favorable a esta acción de que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales cautelados mediante esta acción de protección constitucional”.

Con todo, el Werkén del Parlamento de Koz Koz, Jorge Hueque, admitió que este rechazo era previsible “porque siempre van a votar a favor de los proyectos de inversión”. Además comentó que desde hace tiempo han tratado de dialogar con el Intendente, sin tener respuesta. “En este caso más allá de los temas legales, aquí hay temas que son netamente políticos”, aseguró.

El dirigente recordó que ya han pedido a la presidenta Michelle Bachelet que derogue el decreto de consulta dejado por Piñera, por inconsulto y no cumplir con lo establecido por la OIT en el Convenio 169, pero no se refirió a ello en su cuenta pública del pasado 21 de mayo, enfatizando que es evidente la “falta de voluntad política” de las autoridades. De ahí que Jorge Hueque anunció que presentarán en los próximos días un recurso de apelación que deberá ser visto por la Corte Suprema, porque “sabemos que tenemos la razón”; asimismo están a la espera de respuesta para una reunión solicitada con la Ministra de Desarrollo Social.

Proceso de consulta viciado

Por su parte, el coordinador del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, señaló que la decisión de la Corte de Los Ríos no hace más que legitimar el proceso de consulta del SEA. Luego detalló que los cuestionamientos de los indígenas se vinculan con “el levantamiento imparcial de la información, que deja en evidencia las afectaciones directas del proyecto”, dado que hasta ahora sólo se ha evaluado a partir de la información que ha entregado la empresa y a las observaciones que han ido presentando los actores del Estado en las cuatro adendas que se han tramitado.

A juicio de Silva no ha habido una evaluación transversal de los efectos del proyecto, algo “extremadamente necesario” como lo ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el fallo Sarayaku, donde establece que “tiene que haber una evaluación integral de los efectos del proyecto”, cuando se insertan en territorios de pueblos indígenas y resguardar que no haya una afectación en el “modo de vida de las comunidades”. Elemento esencial, además, según lo establecido la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para incorporar el estándar del consentimiento a la evaluación de los proyectos de inversión en consulta, no obstante en este caso “la corte desconoce estos argumentos de las comunidades”, dijo.

Respecto de la decisión de recurrir ala rechazo a través de una apelación ante el máximo tribunal chileno, el abogado detalló que el plazo para la presentación del recurso es de cinco días desde la notificación de la resolución por el estado diario, por lo que debe ser interpuesta antes de este sábado 31 de mayo. Todo con miras a que la Corte Suprema deje sin efecto “el proceso de consulta viciado” que se está llevando adelante, e incorpore un proceso de consulta nuevo que considere lo que está siendo requerido por las comunidades y que surgen desde una interpretación fidedigna de los estándares y precedentes que ha ido determinando la Corte Interamericana de Derechos Humanos.