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28 de Mayo de 2014

Poder Judicial acoge querella por violencia sexual a mujeres en dictadura

Las querellantes son Nieves Ayress, Alejandra Holzapfel, Soledad Castillo y Nora Brito, todas opositoras al régimen de Pinochet que pasaron por varios puntos de detención y tortura después del golpe de Estado de 1973, en los que fueron abusadas sexualmente.

Por EFE
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La justicia aceptó tramitar una querella interpuesta por cuatro mujeres que sufrieron la violencia sexual como forma de tortura que durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron hoy fuentes del caso.

La querella fue presentada ante el juez especial Mario Carroza y está dirigida contra el general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, otros 10 oficiales del organismo y todos los responsables que arroje la investigación, precisaron los abogados en una nota de prensa.

Las querellantes son Nieves Ayress, Alejandra Holzapfel, Soledad Castillo y Nora Brito, todas opositoras al régimen de Pinochet que pasaron por varios puntos de detención y tortura después del golpe de Estado de 1973, en los que fueron abusadas sexualmente.

Según los abogados Hiram Villagra, Pedro Pablo Fuentes y Soledad Castillo esta última una de las víctimas, la querella fue interpuesta en el marco de las Convenciones de Ginebra de 1949, y a los convenios sobre protección de las víctimas de conflictos armados no internacionales y al Código Penal chileno que persigue la violencia sexual como categoría específica.

“Esta violación sexual como política sistemática se realizó en contra de mujeres en completa indefensión al encontrarse secuestradas por una organización criminal de Estado, en cárceles secreta y bajo un clima de terror generalizado en el país”, dijeron los abogados.

Estas prácticas “representan conductas delictivas persistentes, sistemáticas y orgánicas con la finalidad de degradar a las mujeres pertenecientes a un grupo social y político, lo que transgrede leyes nacionales, tipificadas como delito internacional y crimen contra la humanidad”, añadieron.

La querella es patrocinada por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, una entidad que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos y que gestiona Villa Grimaldi, un antiguo centro de detención y tortura en el que estuvieron detenidas también la presidenta Michelle Bachelet y su madre, Ángela Jeria.

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