Central Río Cuervo, la próxima definición ambiental de Bachelet tras la defunción de HidroAysén

La alegría de las organizaciones sociales y medioambientales que lucharon en contra del proyecto HidroAysén –desahuciado este martes por el Gobierno en el comité de ministros- fue solo un interregno en la cruzada que mantienen en contra de los proyectos hidroeléctricos que pretenden instalarse en la Undécima Región.

La preocupación de estos grupos se trasladó ahora a 46 kilómetros al norte de Puerto Aysén, lugar donde se pretende instalar la Central Hidroeléctrica Río Cuervo,  cuyas continuidad debiese verse a más tardar en julio en las dos instancias donde se encuentra radicada, la Corte Suprema y el comité de ministros.

El escenario para estas organizaciones es menos auspicioso que el que vivieron recientemente con HidroAysén. El ministro de Energía ha señalado que el rechazo al proyecto de Endesa y Colbún -considerado por Bachelet como “inviable” en su campaña presidencial- no implica un rechazo a otros proyectos similares en la zona. “El Estado no es neutral respecto a los proyectos de energía, porque nosotros estamos interesados en que se hagan los proyectos que nos ayuden a salir del déficit de infraestructura que tenemos”, ha declarado MáximoPacheco, detallando que “yo estuve en Aysén y la región está pidiendo a gritos energía y a precios razonables”.

El gran temor de los opositores es que la aprobación de la central de Río Cuervo sea la moneda de cambio ante el rechazo a HidroAysén.

Así lo manifiesta el abogado Diego Lillo, coordinador de litigios de la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), uno de los brazos jurídicos del movimiento Patagonia Sin Represas: “Lo que pasó con Hidroaysén es bien paradigmático desde el punto de vista de la articulación social, pero efectivamente hay que estar atento para enfrentar lo que viene, ya que el potencial que se pierde con HidroAysén van a tratar de compensarlo de alguna forma, y Río Cuervo, que es un proyecto también grande en sus dimensiones, presumiblemente podría tener ahí un apoyo político”.

Erwin Sandoval,  vocero de la agrupación “Mañíos y Baguales”, de Villa Mañihuales, expresa dudas similares aunque cree que los argumentos centrales de invalidación conocidos el martes se aplican igualmente para este otro proyecto. “Acá tenemos un proyecto que arriesga seriamente la vida de las personas que viven en Puerto Aysén, y la empresa no se ha hecho cargo de la evaluación de importantes aspectos relacionados con peligros geológicos. Por lo tanto, lo que corresponde en derecho es que el proyecto de Río Cuervo sea rechazado”, dice.

Un polémico proyecto de larga data

El primer antecedente sobre la Central Río Cuervo fue el proyecto Alumysa, que presentó durante el gobierno de Ricardo Lagos la empresa canadiense Noranda. Se trataba de la construcción y operación de una planta reductora de aluminio en la comuna de Aysén para la producción de 440.000 toneladas anuales de aluminio a partir de materias primas importadas. Ya entonces el proyecto consideraba la construcción y operación de tres centrales hidroeléctricas -Río Cuervo, Lago Cóndor y Río Blanco-, sus respectivas líneas de transmisión eléctricas, un puerto, un embarcadero y la construcción y mejoramiento de caminos públicos. El plan consideraba una inversión de US$ 2.750 millones, y la empresa alcanzó a presentar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Conama, en agosto de 2001, antes de que las presiones de grupos sociales y ambientalistas dejara al emblemático proyecto en la vereda.

A principios de 2007,  ingresa a evaluación ambiental el proyecto “Central Hidroeléctrica Río Cuervo”, emplazado en la comuna de Aysén, gestionado por Energía Austral SpA y que actualmente es un ‘joint venture’ del grupo suizo Glencore y la empresa australiana de energía integrada Origin Energy. Este consistía en la construcción y operación de una central hidroeléctrica de embalse con una capacidad instalada estimada de 640 MW, con una generación de energía media anual sobre 3.800 GWh. El proyecto es rechazado a mediados del mismo año por la Corema de la Región de Aysén por adolecer de información esencial para calificar ambientalmente su actividad.

En agosto de 2009, la empresa ingresa un nuevo Estudio de Impacto Ambiental al SEIA, donde se clarifica que el embalse se formará mediante la construcción de dos presas de hormigón, las que se ubicarán en cada uno de los brazos del río Cuervo, con un costo estimado en US$ 733 millones. Pero la central no llega sola, sino que se enmarca dentro de un complejo hidroeléctrico que además considera otras dos centrales, Blanco (360 MW) y Cóndor (54 MW), las que inyectarán energía al Sistema Interconectado Central (SIC). Se instala así como la segunda  mayor iniciativa, después de HidroAysén.

En enero de 2012 el director del SEA de Coyhaique convoca a una sesión para calificar el proyecto, y los opositores interponen un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Coyhaique que es acogido dejando sin efecto la citación. En mayo de 2012, sin embargo, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén aprueba de forma unánime la construcción de la central. Días después la Tercera Sala de la Corte Suprema acoge un recurso de protección presentado por organizaciones ecologistas y ciudadanas contra la aprobación del informe de impacto ambiental.

Según el fallo, hubo un actuar ilegal al aprobar el informe, desconociendo la recomendación del Sernageomin que sostenía que era esencial un estudio de suelo para verificar si podía instalarse sobre la falla geológica Liquiñe-Ofqui, reconocida zona de conos volcánicos activos. En ese sentido, la Corte ordenó retrotraer el procedimiento de Evaluación ambiental hasta obtener dicho informe consolidado. El informe se realizó nuevamente, y fue aprobado ambientalmente por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental el 10 de septiembre de 2013.

La nueva decisión fue recurrida por los opositores, quienes presentaron recursos de reclamación ante el comité de ministros y un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, instancia que en abril pasado lo rechazó en votación dividida. Ante ello, la FIMA acudió ante la Corte Suprema, la que se encontraría ad portas de entregar su veredicto.

“Los plazos se están cumpliendo y una de las cosas que se dijo en la resolución de HidroAysén es que el Gobierno de Piñera falló al no resolver dentro de plazos”, explica el abogado Lillo. “El recurso de protección que interpusimos apunta a la situación de riesgo que se vive con este proyecto emplazado en una extendida falla geológica, lo que a nuestro juicio no ha sido evaluado adecuadamente”, agrega sobre el recurso.

Sandoval, por su parte, indica que “Río Cuervo no aporta a la matriz energética de la región ya que sería llevado al Sistema Interconectado Central… Proyectos como éste, HidroAysén y Puelo son completamente inviables”.

La tensa espera de Energía Austral

Una particularidad del proyecto Río Cuervo, y que lo diferencia de Hidroaysén, es que la empresa -si bien aún no lo ha evaluado ambientalmente- considera una línea de transmisión submarina. En ese sentido el criticado impacto de hacerlo sobre tierra se aminora y gana terreno con respecto al proyecto de Endesa y Colbún. Así lo recalca Alejandro Bórquez, gerente regional del proyecto Central Cuervo.

“Río Cuervo es un proyecto pensado de forma totalmente independiente a Hidroaysén. Nosotros desde hace 7 años que venimos desarrollando el proyecto en Puerto Aysén y estamos esperando el fallo de la Corte Suprema para ratificarlo“, dice.

Recalca el funcionario que tienen varios compromisos por hacer contemplados en la Resolución de Calificación Ambiental, como  levantar una mesa de trabajo para rebajar la tarifa eléctrica en la región y también desarrollar un proyecto turístico, llamado Bahía Acantilada, que instalará una marina y un espacio de esparcimiento para la comunidad local.

“Este es un proyecto que mayoritariamente tiene un trazado submarino en su línea de transmisión, que es un aspecto importante que recogimos durante todo el proceso de trabajo con la comunidad. Además, el trazado partiría en Aysén y terminaría en las cercanías de Puerto Montt con cables submarinos por lo que no afectaría mayormente. Se ha buscado mucha experiencia internacional y hay varios similares desarrollándose en varias partes del mundo. Por tanto, la experiencia en transmisión de corriente continua, como estaríamos pensando, ya está avanzado”, explica.

Sobre la instalación de una hidroeléctrica sobre una falla geológica, Bórquez recuerda que  la Corte en su momento requirió estudios para tener más información y poder decidir, “y los SEA solicitaron a través de Sernageomin información sobre la situación geológica de la zona que  dan respuestas a todas las dudas. El proyecto fue favorablemente evaluado con estudios de alta definición científica que descartan riesgos en el proyecto pese a que hay una falla geológica en la zona”.

También dice que están esperando con tranquilidad el fallo de la Suprema y que acatarán la decisión que tome el Comité de Ministros. “Tal como dijo el ministro de Energía, como lo dijeron las autoridades, es un fallo radicado en un solo proyecto y no es una decisión de Estado restringir los recursos hídricos de la Undécima Región… Este es un país que no tiene recursos suficientes como para no desarrollar proyectos de esta naturaleza”.

“La Undécima región tiene hoy recursos hídricos cuantiosos y en forma responsable y sustentable es posible desarrollar proyectos. Hay que ser muy rigurosos en el desarrollo del cumplimiento de las normas ambientales, en el trabajo temprano con las comunidades y entregando mucha información para que las partes puedan estar presentes en la definición de un mejor proyecto”, sentencia.