Triunfo para las termoeléctricas: Suprema de EE.UU. limita poderes del Gobierno para la reducción de emisiones
Con todo la corte reconoce que la Agencia de Protección Medioambiental tiene autorización para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero para aquellas industrias que ya tienen impuestas limitaciones para otro tipo de gases contaminantes.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes limitar el poder de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) para exigir a plantas energéticas y fábricas métodos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por 5 votos contra 4, los magistrados conservadores consideraron que en algunos casos la EPA se excede en sus poderes al aumentar los límites a las emisión de gases contaminantes dentro de la Clean Air Act, algo que el Supremo considera que debe regularse con enmiendas en el Congreso.
No obstante, la Suprema reconoce que la EPA tiene autorización para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero para aquellas industrias que ya tienen impuestas limitaciones para otro tipo de gases contaminantes.
El nuevo dictámen del tribunal solo se refiere a las fábricas y plantas de energía existentes y no se aplica en los casos de permisos para nuevas instalaciones o para ampliar las actuales.
La decisión es una victoria simbólica para las industrias que utilizan combustibles fósiles, como las termoeléctricas, que habían considerado que perderían miles de millones de dólares con estos nuevos umbrales para licencias de emisión.
Este matiz mantiene prácticamente intacto el poder de la EPA para continuar con su programa de mayores requisitos para plantas de generación de energía, con el que la agencia federal reducirá en un 30 % las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030.
En 2007, la Corte Suprema determinó que el dióxido de carbono debía ser considerado un gas contaminante, lo que concedió a la EPA la autoridad para regular su emisión a la atmósfera en vehículos y posteriormente en plantas y fábricas.
Políticos republicanos y grupos de presión de la industria energética consideraban que la EPA no tenía poder para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas, ya que no estaba contemplado de manera explícita en la Clean Air Act.
