Justicia investiga torturas a oficiales de la Fuerza Aérea en dictadura
La indagación, que incluye el caso del padre de la presidenta, general Alberto Bachelet, quedó a cargo del magistrado Mario Carroza.
La justicia abrió hoy una investigación en contra de funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), acusados de torturar a doce oficiales de la misma institución tras el golpe militar que en 1973 puso en el poder al dictador Augusto Pinochet.
Según fuentes judiciales, la indagación quedó a cargo del magistrado Mario Carroza, conocido como ‘el juez de los casos de derechos humanos de alto impacto’, tras una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los doce exoficiales de la FACH, entre los que estuvo el general Alberto Bachelet, padre de la presidenta Michelle Bachelet, denunciaron que fueron torturados por sus propios pares tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, y que las declaraciones obtenidas fueron usadas para acusarlos de traición y sedición a la patria.
Bachelet se opuso al golpe contra el presidente Salvador Allende (1970-1973) y murió en 1974 en la cárcel, tras ser torturado por otros oficiales en la Academia de Guerra Aérea.
Hace 13 años los afectados y familiares recurrieron a la Corte Suprema para anular el dictamen de la justicia militar en su contra tras el golpe del general Augusto Pinochet.
No obstante, la Corte Suprema chilena denegó el recurso, y los ex militares recurrieron a la CIDH que recomendó en noviembre a Chile investigar los hechos.
Según consigna hoy la página electrónica de Radio Bío Bío, ante la falta de respuesta, la CIDH resolvió enviar en abril pasado un expediente por denegación de justicia, esta vez, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre las recomendaciones, la CIDH pidió a Chile investigar, juzgar y sancionar penalmente los responsables por las torturas y reparar plenamente a las víctimas y sus familiares.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas
