Fernando Atria: "Un impuesto a la educación es lo único que hace factible la gratuidad para todos"

El nombre del abogado Fernando Atria en el mundo educacional es conocido. Durante las movilizaciones estudiantiles, los dirigentes -muchos hoy sentados en la Cámara de Diputados- lo citaban constantemente como fundamento para las reformas propuestas por esos días, basados en la serie de estudios que tiene al respecto, escribió columnas y ha sido invitado en varias ocasiones al Congreso para exponer sobre estas materias.

Atria también es autor del libro “La Constitución tramposa”. Es experto abogado constitucionalista, razón por la que fue reclutado en esa área del extinto comando presidencial de Michelle Bachelet, en su campaña de regreso a La Moneda.

En esta entrevista con El Dínamo, el abogado defiende la reforma educacional impulsada desde el Ejecutivo, sobre todo en el punto más criticado: haber comenzado por eliminar el lucro, la selección y el financiamiento compartido.

¿Fue un error comenzar la reforma educacional con esos tres proyectos?

Eso es lo que se discute hoy. Curiosamente lo están criticando a la izquierda y a la derecha de la Nueva Mayoría. Yo creo que no fue un error, yo creo que es la manera correcta de comenzar. Mucho depende de lo que va a venir después.

Se critica mucho no haber partido por mejorar las condiciones laborales de los profesores y la carrera docente. ¿Hubiese sido mejor?

Si yo estuviera en la derecha, te diría que sí. Si de lo que se trata es identificar los aspectos deficitarios del actual sistema y corregirlos, evidentemente es correcto partir por los profesores. Pero si se trata de cambiar el sistema, no es correcto. Comenzar con el estatuto docente descansa en la idea de que el problema del sistema educacional está en los profesores, no en la estructura del sistema. Cuál es la crítica que se escucha desde la izquierda: había que empezar con fortalecimiento a la educación pública. Pero ¿qué significa plantear eso? Que la educación está en un estado cuasi terminal porque tiene algún problema que se puede corregir modificando algunos aspectos, que si uno arregla la educación pública, ahí va a empezar a mejorar la cosa. Yo creo que empezar por corregir la educación pública es un profundo error. El gran problema de la educación pública es la educación particular subvencionada. Hoy el régimen de la educación es el mercado: uno va y compra lo que puede. Si yo tengo la plata para satisfacer las necesidades que me impone el vendedor del auto, me compro el auto, si no, me quedo sin auto. Así funciona hoy la educación particular subvencionada. Pero así no puede funcionar la educación, porque pasaría que hay gente que se queda sin auto, es decir, sin educación. Debe haber educación que se ofrezca incondicionalmente y esa, en general, es la educación pública. Entonces, ¿quién va a estar en la educación pública, la incondicional? Todo el que no gana por separarse de lo peor. Es obvio esto…

No es tan obvio para quienes critican la reforma…

No, yo creo que hacen un esfuerzo por no verlo. Pero tampoco es obvio para los que dicen que se debiera haber empezado por mejorar la educación pública, porque ellos creen que mejorándola va a dejar de decaer y no ven que decae porque tiene al lado educación vendida en el mercado. Porque lo que ofrece la educación particular subvencionada es invaluable para los padres: la posibilidad de decidir quiénes van a ser los compañeros ¡con los que sus hijos van a pasar gran parte de su infancia! O sea, ¿qué padre diría que no le interesa? Todo el que pueda elegir, va a elegir la educación pagada, de acuerdo a la capacidad de pago. Entonces, ¿en qué queda convertida la educación pública? En la educación de los pobres.

¿Y cómo terminar con el lucro, copago y selección nivela la cancha?

Haciendo que la educación particular no pueda ofrecer los bienes que la educación pública no puede ofrecer. Es una manera de empezar… El problema principal no es que haya poca plata en la educación, la carrera docente, ¡es el mercado! Es tratar la educación como si fuese un auto. Si uno le mete más dinero, la decadencia puede ser más lenta… pero el problema fundamental es la selección, financiamiento compartido y lucro. Partir por estos tres problemas es dar una señal política de que el problema es el mercado. Entonces, que desde la izquierda se diga que esto es un cambio cosmético, para algunos es una estrategia política y para otros es simplemente que no entienden. Que se diga que esta reforma la lleva el ministro que inventó el CAE y que no creen que la van a llevar adelante, perfecto, la entiendo. Que digan que la Nueva Mayoría ha anunciado grandes cosas y después hacen un acuerdo todos juntos y levantan las manos, se entiende. Pero que digan que eliminar el lucro, la selección y el financiamiento compartido es morigerar los excesos del mercado y no sacar el mercado, es que no entienden lo que están viendo.

La campaña del terror

¿Siente que se ha generado una campaña del terror? Sobre todo de parte de las asociaciones de sostenedores.

Me cuesta distinguir si son los sostenedores, el presidente de una asociación de sostenedores o El Mercurio y La Tercera. O sea, hacen una marcha y llegan mil personas y sale en los diarios como si fuesen 100 mil. En este tipo de cosas se nota que la prensa está dominada con la derecha. Lo importante es que quienes se oponen a esta reforma no han sido capaces de usar un argumento que supere el test de la inteligencia. Que digan que esta reforma termina con la educación particular subvencionada argumentando que es parte de la historia del país, cuando recién se creó en el año 1989, es un insulto a la inteligencia. Lo es también decir que se elimina la decisión de los padres para elegir y se reemplaza por un sorteo… es decir, es gente que no se toma esto en serio. Lo que esta reforma hace es permitir que cualquier padre puede elegir cualquier establecimiento. ¡Cómo no van a entender que cuando hay dinero de por medio es una restricción a la libertad!

La DC ha sido uno de los principales críticas a la reforma. ¿Cómo ve que ellos puedan ser quienes bloqueen el avance?

¡Me parece incomprensible! Lo puedo entender en términos políticos, que quieran sentirse equidistantes de la derecha y de la izquierda. El discurso de Ignacio Walker ha sido que esta reforma afecta la educación particular, a las iniciativas y emprendimientos educacionales. Es extraordinariamente paradójico, porque esta reforma lo que hace es crear una esfera, esa que tanto le importa a Walker, que no sea estatal ni de mercado, donde haya iniciativas privadas sin fines de lucro, que no seleccionen, ni cobren. Cuando hablan de una esfera pública fuera del Estado y fuera del mercado, bueno… esta reforma lo que hace es crear ese espacio.

Entonces son críticas infundadas.

¡Completamente infundadas! Si ellos dijeran “nosotros creemos que tenemos que defender el mercado de la educación”, esa sería una crítica fundada, porque esta reforma sí pretende acabar con el mercado en alguna dimensión. Pero no dicen eso. Dicen que ellos creen que hay un espacio para la iniciativa privada fuera del Estado y fuera del mercado. Eso es lo que crea esta reforma.

¿Y en el caso del senador Carlos Montes? Es socialista, reconocido experto en el área educacional y también ha hecho críticas…

Yo creo que Carlos Montes sí entiende el problema, pero hay otra cosa que lo aflige. Cuando uno se compromete a hacer una transformación como se supone que lo hizo la Nueva Mayoría, lo que uno haga al principio se va a interpretar como correcciones al modelo, e inmediatamente va a surgir la pregunta de en qué mejor la calidad. Y la respuesta tiene que ser que mejora la calidad porque cambiamos la manera de pensar sobre educación. Lo que uno necesita es tener una idea suficientemente fuerte para explicar esta reforma, de por qué el problema es el mercado, por qué es importante que la educación sea un derecho social, qué dice eso de Chile como país, qué dice de nosotros como ciudadanos. Eso tiene que tener una visión, que es lo que ha faltado en esta reforma. Yo creo que Montes ve que esta reforma, sin esa visión clara, se convierte solo en cosas amenazadoras. En ese sentido, él tiene toda la razón. Echo de menos que el Gobierno entusiasme a los ciudadanos con la construcción de una nueva educación.

¿Se ha hecho una mala campaña comunicacional?

Es que es más que una campaña. Cuando se trata de una transformación radical no es solo una cuestión comunicacional. Las medidas puntuales que se hagan solo tienen un sentido cuando se insertan en una visión distinta, que es lo que ha faltado completamente.

La compra de los colegios: críticas “insólitas”

¿Cuál es la evaluación que hace del ministro Eyzaguirre?

Yo creo que no le ha ofrecido al país una visión de educación. Eso hace que todas estas medidas sean entendidas como cosas distintas de las que son. Tampoco es muy afortunado para las cosas que dice en público. ¡Muchas de las cosas que dice las podría haber escrito Jaime Bellolio! Si le preguntaran a él qué cree que el Gobierno está haciendo, él diría que hay un diagnóstico, que la educación pública anda a pata pelá’ y la educación particular anda en patines, y en vez de ponerle patines a la pública, el Gobierno quiere quitarle los patines a la particular subvencionada. Eso lo podría haber dicho alguien de la UDI, pero no, lo dijo el ministro. Entre todo esto, no es extraño que surjan todas estas oposiciones que hay a la reforma. Como tenemos una prensa de derecha, cada tipo que levanta la mano se transforma en una manifestación pública y él está actuando en un territorio inhóspito, pero es algo que él tiene que saber.

Se ha criticado mucho la eventual “compra” de los establecimientos. ¿Cómo ve eso?

A mí me parece insólito todo eso. Lo que el proyecto de ley contiene es un derecho del sostenedor a optar en quedarse con las nuevas reglas, irse o vender, y quien decide eso es el sostenedor. Si decide vender, el Estado está obligado a comprar. Lo que encuentro insólito es que esto no debiera ser así. El derecho a optar lo debiera tener el Estado y decirle al sostenedor que quiere cerrar que por razones de interés público esa escuela no puede cerrar, así que le ofrece la compra. Pero si un sostenedor decide vender en una zona donde hay superávit de establecimientos, ¿qué razones hay para comprárselo? La solución que se adoptó fue mucho más beneficiosa para el sector privado…

¿Eso es un error?

Era una manera de darle más garantías a los sostenedores y la ironía es que eso es lo que más ha sido más criticado. Si yo estuviera en el Gobierno, les diría: bueno, si no les gusta, el derecho de opción es del Estado. El que no quiere seguir, no se lo voy a comprar al menos que le convenga al país.

O sea, son los sostenedores los más beneficiados…

¡Yo lo encuentro increíble! Es una regla del proyecto exageradísimamente beneficiosa para el sector privado. Supongamos que el día de mañana la Intendencia prohiba el uso de leña en Santiago, ¿qué va a pasar con las empresas de estufas de combustión? Van a tener que cerrar o llevarse su fábrica a otro lado. El Estado no va a tener que comprar todas esas empresas de estufas. ¡Es absurdo! Se supone que los empresarios asumen una utilidad porque asumen riesgos y parte de eso es que las condiciones cambien. Ellos se quejan de que les van a cambiar las reglas del juego, pero yo diría que la primera regla es que las reglas pueden cambiar. En el proyecto del Gobierno se concede todo y más encima se quejan.

Con la reforma tributaria en tramitación y otros mecanismos, ¿es suficiente para financiar toda esta reforma educacional?

Hay que ver cómo termina esta reforma y cómo opera después. Al principio uno estima cierta recaudación a grandes rasgos y de cuánto se va a gastar en educación. Si no coinciden, se necesitará ajustar uno de los dos lados. Eso no se puede saber hoy…

El impuesto a la educación gratuita

Junto a Claudia Sanhueza hace pocos días volvieron a insistir en la idea de un impuesto a los profesionales egresados de universidades gratuitas del Estado. ¿No se puede entender eso como un crédito universitario para toda la vida?

No. Hay una diferencia fundamental entre un crédito y un impuesto. Cuando yo recibo un crédito, debo devolver lo recibido más intereses. Si me quedo sin ingresos, cesante, debo seguir pagando igual. Cuando pago un impuesto, pago en la medida en que tenga ingresos y en la medida que puedo pagar. Si tenemos un impuesto especial calculado sobre los ingresos para los profesionales, implica que cada uno recibe conforme a sus necesidades y paga de acuerdo a las capacidades.

¿Y eso no va contra la gratuidad que propuso la Presidenta Bachelet?

Es que depende de qué quiere decir gratuidad. Si queremos que la educación caiga del cielo y nadie pague por ella, sí, esto es contra la gratuidad por la sencilla razón de que la educación no es un maná. Gratuidad significa que la educación que yo recibo no está vinculada a la educación que yo puedo pagar. Que no signifique que si yo puedo pagar mejor educación, reciba mejor educación. Hay una desconexión entre lo que recibo y lo que pago. Eso lo consigue este impuesto. En las condiciones culturales actuales un impuesto a la educación es lo único que puede hacer factible la educación gratuita para todos. Los más críticos destruyeron esta idea, por lo tanto, ya no va a haber educación gratuita para todos. Lo más lejos que se va a llegar es que haya universidades gratuitas y otras pagadas. Estamos creando la educación particular superior pagada del futuro. ¿Por qué? Porque los que estaban más a la izquierda decían que un impuesto era solo un cambio cosmético.

Así como el Gobierno cedió en varios puntos claves en la negociación de la reforma tributaria, ¿en qué puntos no se debiera ceder en la educacional?

Eliminar la selección, el lucro y el copago. En lo que se podría renunciar es en la transición, en la forma en cómo se hace este cambio. Más largo o más corto, yo estaría dispuesto a transar en la transición para que sea lo menos traumática posible.

¿Cambiaría el punto de la “compra” de los colegios?

Sí. Fue una concesión exagerada, que fue lo más criticado por los beneficiados de la concesión. Si el que más te critica es el beneficiado, yo quitaría esa concesión. Volvería a regla razonable de la opción del Estado.

¿Qué le parece la llegada de Andrés Palma al ministerio?

Es una interpretación política… de todos los que podrían haber llegado que llegue Palma, un democratacristiano de los democratacristianos que sabemos que es, es una medida de neutralizar a la DC en medio de todas las críticas que han hecho a la reforma que yo considero son totalmente infundadas, que encabeza su presidente, Ignacio Walker.

Cambio a la Constitución

Con el desafuero del diputado Rosauro Martínez, cambian los quórum de la Cámara y con ello la posibilidad de hacer un cambio a la Constitución por vía constitucional. ¿Lo ve factible?

Siempre he pensado que en las condiciones en que estamos ahora, si la Presidenta cuenta con el apoyo de ambas Cámaras puede hacer un plebiscito constitucional. Hay gente que dice que eso es un resquicio legal, pero yo creo que no entienden lo que es un resquicio legal. Ellos dicen que eso no se puede hacer porque hay una regla que lo prohibe (art. 15). Yo creo que ese artículo tiene una excepción implícita, ellos dicen que no. Entonces deroguemos el artículos 15 y hagamos otro que diga que la Presidenta puede convocar a un plebiscito si cuenta con el apoyo de ambas Cámaras. Esa reforma es de quórum rebajado de 3/5 y está dentro de la factibilidad política.

¿Es mejor hacerlo vía plebiscito o Asamblea Constituyente?

Nadie puede negar que la mejor manera de hacer una Constitución es a través de una Asamblea Constituyente. El problema es que hay que ver cuáles son las condiciones dadas al momento de querer hacerlo. Hoy es un tema un poco más sumergido, pero en la medida que la Nueva Mayoría pretenda hacer reformas transformadoras, va a salir cada vez más la queja por una nueva Constitución. Si Bachelet pretende llevar su programa con un sello transformador, se va a topar con un techo constitucional.

¿Cambiarlo dentro del Congreso le da legitimidad?

Si después de un plebiscito constitucional y toda la discusión que eso genera, sale la idea de hacer una comisión bicameral para una nueva Constitución, va a ser ridículo. Es demasiada la distancia entre el nivel de movilización y la solución. Si uno discute en abstracto, es difícil encontrar una solución para una discusión del futuro. Si esto hubiese aparecido en 2005, probablemente no hubiese habido problemas de hacerlo en una comisión bicameral. Pero haber propuesto eso en octubre del año pasado, habría sido ridículo.

El senador Felipe Harboe (PPD) y el diputado Ricardo Rincón (DC) presentaron una propuesta de hacer cabildos en ciudades para recoger ideas para una nueva Constitución. ¿Qué le parece?

Son buenas cosas, pero sí eso se presenta como la forma en que el pueblo participa en la construcción de una nueva Constitución, mi impresión es que va a ser visto como un tongo, un arreglín. Si es parte de un desarrollo y no como la manera, es una buena cosa.

De ser aprobada una Asamblea Constituyente, ¿cómo debiera ser la fórmula para su composición y miembros?

La idea de la AC es que sean miembros escogidos solo para la asamblea y sea lo más representativa de todos los chilenos. Que se un sistema electoral para ese caso. Cuál sistema proporcional es algo que habrá que ver en su momento.