Tras siete meses de paralización de Bocamina, Endesa acumula pérdidas por US$135 millones
Para la próxima semana, están fijados los alegatos en la Corte Suprema de los recursos de protección presentados por comunidades contrarias a este proyecto.
Luego de que el diciembre pasado la justicia paralizara las labores de la central Bocamina, la firma Endesa no ha podido esquivar el golpe sobre todo desde el punto de vista financiero.
Cabe recordar como a fines de febrero y mediante información oficial, la compañía ya cifraba que cada día de paralización de Bocamina II costaría unos US$ 633 mil. Con esto desde diciembre pasado se han acumulado De esta firma, el acumulado desde el 17 de diciembre correspondería a un menor margen de contribución de US$ 135,4 millones, tal como consigna el DF.
Y eso no es todo, pues a esta cifra hay que agregar el sobrecosto que Endesa asumiría al comprar energía en el mercado spot para cubrir parte de sus contratos sus contratos. Datos del sistema apuntan a que, en lo que va de julio el costo marginal, llega a US$ 225,1 por MW/h.
Situación judicial
Bocamina representa cerca del 5% de la demanda diaria del SIC y la próxima semana enfrentaría un momento clave desde la paralización. Para el lunes de la próxima semana, están fijados los alegatos en la Corte Suprema de los recursos de protección presentados por comunidades contrarias a este proyecto.
Se trata de la última instancia en que los jueces de la Tercera Sala del máximo tribunal escucharán a las partes. A continuación se resolverá el fondo de las acciones, lo que se estima demoraría al menos un mes.
Paralelamente, la firma mantiene abierto un proceso sancionatorio en contra de su central por parte de la Superintendencia de Medioambiente (SMA),que debería resolverse en las próximas semanas, una vez que concluya la etapa de análisis de los argumentos presentados por la firma ante la autoridad ambiental.
Con todo, Endesa ya se ha encargado de explicitar su preocupación por este tema en todas las esferas del gobierno, tratando de encontrar apoyo de la autoridad para volver a poner nuevamente operación la central.
La semana pasada el CEO de Enel, Francesco Starace, igualmente criticó la forma en que la generadora ha enfrentado el desarrollo de sus proyectos de inversión en el país, dando cuenta de la disconformidad que existe a nivel del grupo.
Los privados también reconocen que la forma en que Endesa logre resolver este conflicto definirá el desarrollo de nuevos proyectos en la zona.
Las estrategias de Endesa
Es así como la firma ha trabajado en dos líneas: la primera apunta a establecer planes de desarrollo económico y compensaciones para las comunidades afectadas por la central, con el objetivo de mejorar su relación con ellas. En ya se propusieron una serie de medidas para “abrir el diálogo” con las comunidades, y se anunció la entrega de $13 mil millones (unos US$ 23 millones) por los próximos 20 años para mejorar las condiciones de vida de la comunidad de Lo Rojas.
“Con el convencimiento de que la comunidad debe participar en el valor generado por el complejo termoeléctrico Bocamina, el aporte se canalizará a través de un Consejo Social de Desarrollo de la Región y Coronel, para lo cual Endesa Chile propone que un mínimo del 70% de estos recursos se destine a los vecinos de Lo Rojas”, dijo la empresa.
El uso de los recursos debería ser decidido por el directorio del Consejo, el que estaría compuesto entre otros por “autoridades regionales, municipales, sindicatos, juntas de vecinos y Endesa Chile”. Y se destinarán a preferentemente a gastos e inversiones en educación, mejora ambiental, equipamiento productivo, capacitación y proyectos de equipamiento y de mejoramiento urbano.
A esto se suman los $ 10 mil millones ya comprometidos en el plan de relocalización de 700 nuevas viviendas
La segunda línea de trabajo se liga con hacer ver a la autoridad la complejidad social que afecta a la zona que rodea la central, y que podría transformarse en un foco de conflicto. Tras esto desde La Moneda, se habría encargando el monitoreo de la situación al Seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío, Jaime Arévalo, quien tendría la misión de mantener informado al gobierno sobre los avances logrados.
La autoridad también se habría reunido con representantes de las comunidades y pescadores de la zona para escuchar de primera mano sus demandas y darlas a conocer a la autoridad central. Un papel similar también estaría cumpliendo el director local del Serviu, Francisco Merino.
