Entregan a embajadora de Canadá informe sobre vulneración de derechos humanos por parte de minería de ese país

Una delegación integrada por representantes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, el abogado Alvaro Toro, la Comunidad Diaguita Patay Co y la Asamblea por el Agua del Guascoalto, ambas del Valle del Huasco, sostuvo en la tarde del ayer jueves una audiencia con la embajadora de Canadá, Patricia Fuller, para entregar formalmente un documento que sistematiza el modo de operar de la megaminería canadiense en América Latina, desde la mirada de los afectados.

Según sus autores el material, elaborado por el “Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina”, al que contribuyeron más de 30 organizaciones, da cuenta de los patrones de comportamiento avalados por el Estado y que conducen irreversiblemente a la violación de los derechos humanos de las y los habitantes de los territorios en que se desarrollan los proyectos.

El informe es parte de la documentación que sostiene una acción jurídica inédita presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se articulan 22 casos de 9 países de América Latina, que recurren de manera concertada al sistema interaméricano exponiendo el rol del Estado de Canadá, luego de constatar que las denuncias aisladas no han dado resultado y que los patrones de violación de derecho de las mineras canadienses en sus territorios no solo son comunes, sino que cuentan con el aval del estado del norte.

Entre el 50% y el 70% de la minería en la América Latina es de origen canadiense y según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) hay cerca de 200 conflictos mineros en la región. De hecho, según cifras de 2012, un 57% de las empresas mineras a nivel global estaban registradas en la Bolsa de Toronto, por las múltiples garantías y facilidades que encuentran en este país para llevar a cabo sus negocios extractivos. En los países incluidos en el informe hay presencia de 511 empresas mineras canadienses y de 1.429 proyectos extractivos.

El caso chileno

Pascua Lama, el caso chileno incorporado en el informe. Es así como el informe refleja las políticas de engaño de la transnacional canadiense, de la devastación de las fuentes hídricas, la promoción de la corrupción, la presión ilegítima sobre las comunidades, y la imposición de destino minero en un Valle de clara vocación agrícola.

Tras la audiencia, Sebastián Cruz, representante de la Comunidad Diaguita Patay Co, consideró provechosa y necesaria la cita, sobre todo porque dio nuevas luces sobre el reciente acuerdo firmado por un sector minoritario de dirigentes diaguitas con Barrick Gold, contraviniendo la convicción indígena local de que el Valle no se vende.

“Nos enteramos que el 2013 con el apoyo de la embajada canadiense, y en compañía de la agregada comercial… ¡ni siquiera cultural!, se realizaron una serie de encuentros entre dirigentes indígenas de Canadá con un sector de comunidades diaguitas de nuestro Valle, coincidentemente las mismas que luego firman de manera viciada y sin consultar a sus bases el memorándum de acuerdo con el que todas las demás fuerzas vivas del Valle hemos estado en desacuerdo y hemos venido demostrando lo corrupto que ha sido todo”, dijo el dirigente y cuando preguntó por qué su comunidad y las demás comunidades indígenas que se oponen al proyecto no fueron convocadas, o al menos informadas, la embajadora indicó que los datos para invitar a las comunidades fueron obtenidos vía CONADI.

Por su parte, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló “no solo nos enteramos de que la embajada ha sido instruida para impulsar una iniciativa de “dialogo efectivo” entre pueblos indígenas de Canadá y Chile, sino que además la embajada se reúne una vez al mes con las Empresas mineras canadienses que operan en Chile”.

Según Cuenca, hechos como éstos, no hacen más que “fortalecer nuestra convicción de que la embajada está teniendo un rol activo en el apoyo a sus empresas mineras y por lo tanto también tiene responsabilidad en los atropellos que cometen las empresas de origen canadiense fuera de su territorio, este es un aspecto central que plantea el informe, pidiendo a la CIDH que incorpore la responsabilidad extraterritorial de los estados en el análisis de cumplimiento de DDHH”.