DDHH: Víctimas de tortura sexual piden cambios de legislación
La carta solicita además "tipificar el delito de violencia política sexual como un crimen de lesa humanidad, distinto al de tortura, sin derecho a indulto y con penas acordes a la gravedad del delito".
Las ex prisioneras políticas víctimas de violencia sexual entre las torturas que padecieron durante la dictadura de Augusto Pinochet pidieron hoy al Gobierno cambios legislativos para posibilitar “el fin de la impunidad” de esos vejámenes.
Así lo dio a conocer este lunes la Asociación de memoria y derechos humanos Casa de Tortura “Venda Sexy”, en una carta dirigida a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Claudia Pascual.
Las ex prisioneras esperan “un compromiso activo del Servicio Nacional de la Mujer”, y se haga parte en los tribunales “de todas las querellas interpuestas por mujeres objeto de tortura o violencia sexual durante la dictadura de Augusto Pinochet”.
Durante el régimen de Pinochet fue habitual la práctica de violencia sexual por causas políticas, ejercida principalmente contra las mujeres detenidas por agentes del Estado, al igual que las torturas que se llevaban a cabo en centros de detención clandestinos.
La carta solicita además “tipificar el delito de violencia política sexual como un crimen de lesa humanidad, distinto al de tortura, sin derecho a indulto y con penas acordes a la gravedad del delito”.
El pasado 26 de junio, elmMinistro de Justicia, José Antonio Gómez, anunció el envío de un proyecto para tipificar el delito de tortura, sin embargo la agrupación hecha en falta “una tipificación sobre violencia sexual y un pronunciamiento por parte del Servicio Nacional de la Mujer al respecto”.
“La criminalización de estos actos constituye un reconocimiento a la situación de vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de conflicto y conmina a los estados a tipificar este delito como diferente al de tortura”, explica el escrito dirigido a la directora del Sernam.
El pasado mayo se interpuso en los tribunales chilenos la primera querella por violencia sexual en dictadura, dirigida contra el general Manuel Contreras, ex director de la DINA y otros 10 oficiales de ese organismo represor, además de todos los responsables que arroje la investigación.
