Las estrategias judiciales de HidroAysén tras el portazo del Comité de ministros

El equipo legal tras el proyecto HidroAysén ya se encuentra evaluando distintas estrategias judiciales de cara al próximo 27 de agosto, fecha en que la vencería  el plazo legal para que los socios -Endesa y Colbún- apelen a la resolución del Comité de Ministros que revocó el permiso ambiental del proyecto en julio pasado.

La acción estará a cargo  del gerente legal de la firma, Camilo Charme, y con la asesoría de los estudios Vergara, Galindo Correa Abogados y Cubillos Evans Abogados.

De hecho, este miércoles 30 de julio, el directorio de HidroAysén -presidido por el gerente general de Endesa, Joaquín Galindo – se reunirá por primera vez luego que el Comité de Ministros adoptara la resolución en contra de la compañía, consigna Pulso.

Apelar o no apelar

En este encuentro ser darían a conocer los primero avances de la estrategia legal que se podría seguir. Ya han trascendido varias alternativas. Una de éstas es que no se apele a la resolución del comité.

Con todo los abogados analizan las implicancias que esto podría tener en el directorio de HidroAysén, pero también en los consejos de Endesa y Colbún.

Y es que en caso de que se opte por no apelar, las empresas socias deberían asumir la pérdida en los resultados de este año de toda la inversión que ya han realizado en HidroAysén, que ronda los US$320 millones.

Un  informe de BanChile estimó que el impacto en Endesa alcanzaría al 9,5% de las utilidades antes de impuestos previstas para 2014. Mientras en Colbún, sería del 49,4%.

En este contexto, los abogados estudian un eventual escenario que apuntaría a una demanda de algún accionista minoritario en contra de los directores, lo cual se podría fundamentar en el Artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas: “Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables”.

En caso de apelar hay dos caminos. Uno apunta a reclamar de manera simultánea en tribunales ambientales de Santiago y Valdivia. Y es que la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece que cualquier apelación se debe llevar a cabo en el tribunal del domicilio del órgano que dictó el acto.

En Santiago, porque la última resolución del Comité de Ministros se efectuó en la capital. En tanto, en Valdivia porque HidroAysén recibió su RCA en la zona austral, y este tribunal de la Región de Los Ríos tiene potestad para evaluar estos proyectos.

De cara al reclamo, el análisis no está acotado a los aspectos de fondo esgrimidos por el comité de ministros al revocar la RCA, también se vinculan con los aspectos jurídicos. Se indica que una de las figuras jurídicas que ha servido de análisis es el denominado “decaimiento”. El concepto radica en el agotamiento de la vía administrativa para adoptar ciertas decisiones por un plazo determinado.

Una alta fuente ligada a HidroAysén señala que “sólo en los últimos años la Corte Suprema ha acogido una serie de recursos de reclamación interpuestos por empresas reguladas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y que habían sido sancionadas, pero que habían transcurrido dos años desde los hechos. En este caso se produce algo similar”.