Alianza analiza llevar financiamiento de reforma al binominal al Tribunal Constitucional
Por su parte, en RN existe cierta resistencia a recurrir al TC, dado los últimos acercamientos de la colectividad con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo en esta materia, aunque Nicolás Monckeberg señaló que están "considerando seriamente presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional".
La Alianza vuelve a enfrentarse con el Gobierno, esta vez por la fórmula de financiamiento para costear el cambio al sistema binominal, el cual traerá como consecuencia el incremento de 120 a 155 diputados y de 38 a 50 senadores.
Y es que tras la intervención del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la UDI amenazan con llegar hasta el Tribunal Constitucional, ya que acusan a La Moneda de cometer un vicio de constitucionalidad al no trasparentar el real costo de la reforma.
“El artículo 67 de la Constitución establece que un proyecto debe establecer las fuentes de recursos necesarios para su financiamiento. Este proyecto no cumple con ese requisito, ya que remite el mayor costo al Congreso. Hay un vicio de constitucionalidad. Nosotros estamos en la última etapa de elaboración de un documento para recurrir al TC. Lo estamos escribiendo”, expresó Felipe Ward, jefe de la bancada gremialista, a La Tercera.
Por su parte, en RN existe cierta resistencia a recurrir al TC, dado los últimos acercamientos de la colectividad con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo en esta materia, aunque Nicolás Monckeberg señaló que están “considerando seriamente presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional”.
“Lamentablemente el gobierno actuó con poca seriedad y le causó un gran daño a la institucionalidad del Congreso, ocultando el verdadero financiamiento de un proyecto de ley, de manera contumaz, ya que el gobierno sabe que el cambio electoral implica millonarios recursos. La Constitución obliga que todos los proyectos de ley vengan con su financiamiento garantizado. Se ha incurrido en una práctica ilegal e inconstitucional”, argumentó.