Descartan usar brazalete electrónico en delitos sexuales y violencia intrafamiliar
Varias pruebas demostraron que el dispositivo perdía su alcance en lugares como el Metro, por lo que sólo se usará en casos de arresto domiciliario.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, informó hoy que se desechó la idea de usar la tobillera o brazalete electrónico para vigilar a condenados por delitos sexuales o violencia intrafamiliar con resultado de muerte, debido a problemas en su funcionamiento.
Así, ese sistema de vigilancia sólo se aplicará a procesados que estén sometidos a reclusión parcial, esto es, arresto domiciliario.
En una presentación ante una comisión del Congreso, Gómez dijo que varias pruebas habían demostrado que el dispositivo, provisto por una firma privada, perdía su alcance en lugares como el Metro de Santiago, el centro de la ciudad por la gran cantidad de edificios o simplemente cuando se lo recubría con papel de aluminio.
Por ello, su efectividad sería muy escasa para detectar, por ejemplo, cuando una persona que lo porta se acerca a un lugar al que tiene prohibición de acceder.
Esas medidas restrictivas son frecuentemente dictadas por los tribunales cuando se desea proteger a mujeres que son víctimas de violencia reiterada por parte de sus parejas y que, en muchas ocasiones, dan origen a asesinatos.
“No da la seguridad necesaria para decirle a las víctimas que estarán realmente protegidas”, afirmó Gómez.
El titular de Justicia indicó que tomó la decisión de limitar el uso del brazalete al conocer casos como uno registrado en Costa Rica, donde un reo se sacó el brazalete, se lo puso a un perro, se dirigió a su antiguo hogar y asesinó a su ex esposa.
El ministro explicó que en caso de que los jueces dicten condenas con beneficio de la libertad vigilada intensiva, esta será ejercida través de la comisaría más cercana.
El director de la policía carcelaria, Juan Jaime Letelier, reconoció que el sistema tampoco es ciento por ciento seguro para las reclusiones domiciliarias.
La empresa Secure-Alert es la que está a cargo de este proyecto por 35 mil millones de pesos, concesión que se prolongará por tres años.
