UDI pide revisar millonarios honorarios de asesores de reforma tributaria

La bancada de diputados de la UDI presentó un oficio al ministro Alberto Arenas para que explique los honorarios pagados a un grupo de juristas externos que asesoraron la revisión de la reforma tributaria.

Se trata de los reconocidos abogados constitucionalistas Javier Couso, Gastón Gómez, Patricio Zapata y Francisco Zúñiga, quienes entre el 2 de junio y el 30 de agosto recibieron un sueldo de 8 millones de pesos cada uno.

Sin embargo, los parlamentarios denuncian que estos honorarios superan la remuneración del subsecretario Alejandro Micco, quien es el jefe de servicios en este caso y cuyo salario llega a los $ 7.918.043, vulnerando un instructivo del Ministerio de Hacienda para regular la contratación de asesorías.

Dicha circular, fechada el 17 de marzo, dejaba en claro que “los montos mensuales de los honorarios de las personas naturales no podrán superar la remuneración bruta mensualizada del correspondiente subsecretario, intendente o jefe superior de servicio”.

Y es para el jefe de bancada, Felipe Ward, “eso no solamente es impresentable, sino que, eventualmente, sería ilegal, ya que transgrede el oficio que existe para estos efectos, por lo que creemos que aquí hay que dar una doble explicación: primero, el monto gastado en asesores y en segundo lugar, la cantidad que se les paga por sobre el instructivo que estaba fijando justamente estos límites”.

La denuncia del gremialismo surge luego de una fiscalización a la cartera, a la cual solicitaron información sobre todos los asesores que participaron en la elaboración y tramitación de la reforma tributaria.

Así, consignaron que entre marzo y agosto de este año, se han gastado más de 240 millones en honorarios a 12 abogados, entre los que figuran Couso, Zapata, Gómez y Zúñiga.

Según declaró Ward a La Tercera, “está fuera de todo rango la cantidad de dinero gastada para preparar una reforma tributaria que terminó siendo íntegramente modificada”.

“Desde todos los sectores, tanto políticos como sociales y académicos del país, se criticó el texto original, así es que lo que se gastó no se justificaba en términos de la calidad del contenido y obviamente que excede la normalidad, la inversión o gasto del sector público en contratación de asesores”, argumentó.