¿Cuánto golpea a Bachelet una crisis de seguridad?

La explosión de un artefacto ubicado al interior de la galería SubCentro en la estación de Metro Escuela Militar abrió nuevamente un flanco de críticas hacia la Presidenta Michelle Bachelet entorno a las medidas de seguridad y la serie de atentados explosivos que han afectado a Santiago y otros puntos en las últimas semanas.

El último bombazo de gravedad fue en una sucursal bancaria del BBVA el 25 de agosto en el centro de la capital, curiosamente a solo 50 metros de las oficinas de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), los encargados de monitorear y evitar este tipo de hechos delictuales.

Pero la gran pregunta es cuánto afectan estos actos -calificados por el mismo Ejecutivo como terroristas- a la propia Bachelet, tanto en su gestión en el área de seguridad como en la aprobación o desaprobación ciudadana. Los analistas políticos explican que esto variará según el grado de exposición que tenga la Mandataria y qué tan blindada esté por su equipo ministerial.

“Todo va a depender de quiénes salgan a responder en esto, si no es ella misma; debe ser una gran operación de blindaje a la Presidenta“, explica Eugenio Guzmán, del Instituto Libertad y Desarrollo.

En ese sentido, tras el bombazo los ministros del Interior, Rodrigo Peñailillo, secretaría general de Gobierno, Álvaro Elizalde, y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, salieron a entregar las primeras respuestas oficiales por parte del Gobierno. A ellos se sumaron posteriormente, el titular de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobos, y el intendente de la región Metropolitana, Claudio Orrego.

Guzmán asegura que para evitar una exposición política que afecte a la Mandataria, su equipo debiera realizar una operación similar a la que ocupó Peñailillo con Aleuy tras la explosión del BBVA. “Muy sutilmente dejó que él asumiera todo el costo mediático en la prensa, haciendo las vocerías. Con Bachelet el blindaje va a tener que ser mucho más efectivo“, agrega.

De esta forma, el director de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes,  dice que si el Gobierno realiza una buena tarea en prevenir estos actos, podría de alguna forma ayudar en la aprobación de su gestión, pero “si se repiten a lo largo del tiempo y no hay respuesta, podría afectarla negativamente”.

Durante septiembre, la comisión de 8 expertos convocada por La Moneda –Juan Pablo Hermosilla, Javier Couso, María Inés Horvitz, Juan Pablo Mañalich, José Ignacio Nuñez, Enrique Aldunate, Juan Pablo Cox y Héctor Hernández– para revisar la Ley Antiterrorista debiera entregar su informe final con mejoras a la legislación vigente. Tras los explosivos de las últimas semanas, su conclusión será aún más importante y determinará una decisión del Ejecutivo en ese sentido en la forma cómo se abordan este tipo de delitos.

Fuentes explica que las políticas del Estado no deben definirse de acuerdo a las coyunturas, como la explosión de hoy, descartando que sea positivo para el Ejecutivo que se aceleren sus conclusiones en medio de las críticas desde la oposición por el manejo en seguridad en éste y casos anteriores.

“Hace mucho tiempo que organismos internacionales han recomendado su reforma”, dice y agrega que “es esperable que oposición critique, pero que será la ciudadanía la que lo hará o no por temas de seguridad”. En ese sentido, Eugenio Guzmán explica que “lo interesante va a ser qué percepción va a quedar en la gente sobre este hecho: si es terrorismo o no”.

Desde la explosión, la Presidenta no ha hecho declaraciones. Desde La Moneda informaron que Bachelet suspendió su agenda de trabajo para hoy y recorrerá los distintos centros de salud donde se encuentran las víctimas del atentado explosivo, partiendo por la Clínica Las Condes donde se encuentra una de las mujeres afectadas.