Ministro de Medio Ambiente confirma garantía de US$15 millones para cubrir gastos tras derrame de Quintero

Tras mantener una cita con el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, el titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, se refirió a las acciones judiciales que emprenderá en Estado de cara al derrame de petróleo que afectó a la bahía de Quintero la madrugada del 24 de septiembre.

Badenier se declaró satisfecho por el diligente accionar de CDE, que concretó un seguro de garantía de US$15 millones a través de compañías aseguradoras que cubren los riesgos asociados al contra el buque tanque LS Mimosa, el armador y eventualmente el capitán, “que nos permite cubrir todos los gastos en que ha incurrido del Estado en las actividades de limpieza y eventualmente de reparación”, dijo.

Sin embargo, agregó que los más relevante ahora es esperar la investigación a cargo de la Armada de Chile ya que ésta será la encargada de “entregar luces de carácter oficial de los eventuales responsables y también antecedentes para cuantificar el daño ambiental, no obstante, nosotros ya lo hemos calificado de grave porque hablamos de un sector históricamente impactado y dónde hay actividades al área de manejo y explotación de recursos naturales y hay una comunidad que vive la explotación de recursos naturales en la bahía de Quintero”.

El ministro lamentó además el margen de error de Enap en el calculo de los alcances del derrame de crudo -que paso de 3 mil a 22 mil litros-, e indicó que eso “eventualmente ha inducido a errores de la autoridad”, y agregó que lo relevante es que más allá de la cuantía, se tenga la información oficial de Armada que permita cuantificar impactos, daño en función de la garantía, para esto existen un plazo de 20 días hábiles, desde que sucedió el accidente.

De cara a los costos involucrados tras el vertido efectuado por el buque de bandera de Islas Marshall, Piña indicó que pese a que hay información que aún está pendiente, “la experiencia que hemos tenido en vertidos análagos con el de la bahía de San Vicente de hace unos años, que era del orden de unos 500 mil litros, es decir, 500 metros cúbicos, tuvo costos de limpieza del orden  US$17 millones por lo tanto, la garantía de US$15 millones para un vertido de esta envergadura deja salvos los desembolsos que tenga que efectuar el Fisco y por eso el Consejo la ha estimado suficiente y así lo ha informado al ministro en esta reunión”. 

Asimismo indicó que junto al Ministerio del Interior, la Gobernación y la Intendencia regional ya se están implementando las medidas de cara a los pescadores afectados, a las que también se ha sumado el apoyo de la Subsecretaria de Pesca, que interpuso una querella criminal. “Además las comunidades y pescadores tienen la posibilidad de accionar legalmente en este caso”, aseguró Badenier.

El ministro dijo que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por su parte, se ha encargado de levantar “un acta de inspección que permite estudiar los procedimientos administrativos y la responsabilidad que eventualmente le caben a Enap por un eventual incumplimiento de sus resoluciones de calificación ambiental“.

No es la primera vez

Consultado por la factibilidad de concretar algún tipo de acción penal, Piña indicó que todavía no hay una definición al respecto, esto porque aún resta que se entreguen informes como el que esta elaborando la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar). “y a partir de ese informe vamos a revisar la situación e incoar todos los procesos de cualquier naturaleza civiles o penales que sean pertinentes”.

“Existen delitos específicos a este respecto y por lo tanto, si los hechos, una vez que los informes los acreditan, naturalmente, el Consejo accionara en todo los flancos que le correspondan”, dijo el timonel de CDE. En esta línea,subrayó que “no sería la primera vez” que el Consejo lleva a cabo acciones en contra de empresas del Estado. 

Prohibición de sacar productos del mar

Esta tarde también se dio a conocer la decisión de la Seremi de Salud de Valparaíso, Graciela Astudillo, de prohibir la extracción de productos del mar desde la bahía de Quintero hasta Horcón.

Igualmente, se decretó el cierre de las playas afectadas, que se extenderá hasta que se verifique que no existan residuos de hicrocarburo en toda la costa.

En un documento firmado por la autoridad sanitaria de la región se indica que “el derrame de hidrocarburos crudos obliga a adoptar las medidas cautelares o preventivas tendientes a proteger la salud de la población potencialmente afectada”, informa Soy Chile.

Esto implica la prohibición y “la extracción, distribución, comercialización y consumo de productos del mar desde la bahía de Quintero y hasta el área de extracción de Horcón”. Y luego agrega que “prohíbase el baño y actividades deportivas recreacionales en las playas ubicadas en las zonas aludidas precedentemente mientras se mantenga esta medida”.

La resolución “será fiscalizada por la autoridad sanitaria y, en lo que proceda, por la autoridad marítima. Asimismo actuarán como organismos colaboradores la Municipalidad de Quintero y la de Puchuncaví, junto con Sernapesca”, señala el texto.

El subsecretario de Salud, Jaime Burrows dijo que “el propósito es proteger la salud de las personas. Nosotros estaremos haciendo estudios y análisis de los productos del mara para verificar la existencia de hidrocarburos en ellos y así poder despejar las dudas y garantizar que no habrá presencia de petróleo en estos para levantar la prohibición”.