Ni el hospital lo salva: Mamo Contreras sumó nueva condena por violaciones a DDHH
El ex director de la DINA, quien está internado desde hace un mes en el Hospital Militar, ya suma más de 400 años de cárcel por su participación en los crímenes cometidos por la dictadura.
Manuel Contreras, hospitalizado en estado grave desde hace un mes, sumó otros 18 años de prisión a los cerca de 400 a que ha sido condenado en dos sentencias pronunciadas hoy por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, informaron fuentes judiciales.
En el primer caso, la II Sala Penal de la Corte Suprema de Chile condenó a Contreras, de 85 años y ex jefe de la DINA a 10 años y un día por el secuestro calificado de la asistente social Cecilia Labrín Lazo, el año 1974.
A la misma pena fueron sentenciados el ex coronel Marcelo Moren Brito y el ex brigadier Miguel Krassnoff, mientras el ex suboficial Basclay Zapata fue sentenciado a ocho años de prisión, en un fallo que confirmó las penas aplicadas por el juez especial Leopoldo Llanos en abril de 2013.
En la parte civil, el máximo tribunal chileno confirmó que el Estado debe pagar una indemnización de 100 millones de pesos a los familiares de la víctima, por daño moral.
Cecilia Labrín Lazo tenía 25 años, militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y tenía un embarazo de tres meses cuando fue secuestrada por agentes de la DINA, 12 de agosto de 1974; prisioneros supervivientes testimoniaron su paso por el centro de torturas de “Londres 38”, situado en el sector céntrico de Santiago.
En el segundo caso, la IX Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Contreras, Krassnoff, Moren Brito, Zapata y Nelson Paz a ocho años de prisión por la desaparición, también en 1974, del militante del Partido Comunista (PC) Sergio Riveris Villavicencio.
El fallo del tribunal de alzada rebajó prácticamente a la mitad las penas de quince años a que condenó a los ex agentes el juez especial Alejandro Solís, en su fallo de primera instancia dictado en noviembre de 2011.
En el aspecto civil, la Corte ordenó al Estado a pagar una indemnización de 90 millones de pesos a los familiares de la víctima.
