Contraloría revela irregularidades en fundación de la facultad de Economía de la Universidad de Chile

La Universidad de Chile no se salva de los conflictos de interés. Hace unos meses, El Dínamo reveló una serie de informes de la Contraloría General de la República sobre irregularidades en 5 de las fundaciones ligadas a la casa de estudios. En esta línea, el órgano fiscalizador hizo público un nuevo informe, sobre la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Casa de Bello.

Las fundaciones de la U. de Chile son un reflejo de la política de autofinanciamiento a la que se han visto sometidas las instituciones educacionales del Estado. Obligadas a competir en el mercado educativo contra instituciones privadas, la Chile creó distintas fundaciones ligadas a sus facultades para agilizar la gestión de donaciones y contratos de prestación de servicios. En otras palabras, para poder “vender” el conocimiento que se produce en la casa de estudios.

Las fundaciones tienen una personalidad jurídica de derecho privado, sin fines de lucro y son administradas por los miembros de la propia comunidad universitaria.

La investigaciones de la Contraloría a las fundaciones de la Chile nació a raíz de una acusación de lucro por parte de un grupo de parlamentarios de la UDI. Sobre la FEN, se encontraron entre otras cosas, eventuales conflictos de interés y falta de formalidad en procedimientos que rigen las operaciones entre la facultad y su fundación.

El informe

La auditoría realizada por Contraloría dio cuenta de que las transferencias desde la FEN a la Fundación fueron de $4.436.672.891 durante el año 2012.

Se determinó una falta de formalidad en los procedimientos que rigen las operaciones entre ambos organismos. Es decir, no hay una evidencia de control sobre los proyectos financiados. “Existe una ausencia de control y falta de resguardo del patrimonio público sobre la materia”, dice el informe. También se señala que distintos departamentos de la FEN operan de forma independiente y queda a discresión de algunos funcionarios la toma de decisiones.

Sobre los posibles conflictos de interés, la Contraloría dio cuenta de que los integrantes del directorio de la Fundación ejercieron funciones al mismo tiempo en departamentos de la facultad, mientras se suscribieron convenios entre ambos. “Se autorizaron recursos con que se pagaron las actividades organizadas y gestionadas por los mismos, actuaciones que, eventualmente, podrían implicar conflictos de intereses en el desempeño de esas funciones”.

Además, la Fundación mantiene un sistema de información financiera “desactualizado, incompleto y sin documentación de respaldo que asegure la veracidad de los hechos económicos acontecidos”.

El informe da cuenta de que la serie de irregularidades que vivía la Fundación llevó a la renuncia en julio de 2012 del director de administración y finanzas, Mauricio Olivares, quien tras una denuncia en agosto de 2013, es investigado por el Ministerio Público por posibles delitos financieros.

La Fundación considera la suma de 350 millones de pesos para pago de remuneraciones. De ellos, $58.706.933 corresponden a pagos que no se encuentran contemplados en contratos, como bonos, comisiones e indemnizaciones. “El gasto realizado por dichos conceptos, utilizando recursos transferidos por la citada facultad para otras finalidades, resulta improcedente”, se detalla. 

La Contraloría también entrega en su informe la información de que bajo el nombre de “otros gastos”, la fundación posee un capital de 467 millones, de los cuales señala “omisión de control y falta de resguardo del patrimonio público”. Y al igual que en las otras fundaciones investigadas, se repite el caso de dobles contratos con la facultad y la fundación. En caso de la FEN, son 51 personas las que se encontrarían en esta situación.