La posible desaparición de un parque en Vitacura

Existe en una extensión de casi 2 kilómetros, entre las calles La Aurora y Padre Hurtado, comuna de Vitacura, un parque consolidado como efectiva área verde de recreación y esparcimiento gracias a las UF 9.000 entregadas oportunamente, como mitigación, a la municipalidad por la constructora Viviendas 2000, empresa que hace algunos años atrás edificó, en predios baldíos que supuestamente formaban parte de la cuenca del río Mapocho, unos conjuntos residenciales en altura de excelente calidad enfrente de la Avenida Escrivá de Balaguer, colindante esta vía con la ribera sur del mencionado río.

Los vecinos han incorporado a su patrimonio esa magnífica área verde y se resisten a perderla porque se intenta ensanchar esa vialidad, a costa del parque, para absorber los nuevos flujos que provendrían de unos cuantos negocios inmobiliarios que están en compás de espera. La mayoría del Concejo Municipal, conformado por 8 concejales,con el alcalde Torrealba a la cabeza, asistidos por entendidos contratados, desean construir a la brevedad 3 puentes para conectar ambas zonas y así transformar esa tranquila calzada en una vía ruidosa y de alta velocidad. Dos concejales, Terrazas y Moena, de una u otra manera han escuchado a los vecinos y promueven una participación ciudadana de verdad, tal como está establecido en la Ley Nº 20.500.        

Recordemos que las riberas y la caja del río Mapocho en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde noviembre de 1994, son áreas verdes (bienes nacionales de uso público) cuyos limitados usos están reseñados en el artículo 5.2.2 de ese instrumento normativo urbano. Este parque discurre por doce (12) comunas desde Lo Barnechea hasta Maipú y las comunas de Providencia y Santiago son las que más se han preocupado para resaltar su recorrido, no desmereciendo por cierto lo que ha hecho en los últimos años la comuna de Vitacura.

La municipalidad de Vitacura se escindió de la municipalidad de Las Condes en el año 1992 y su primer Plan Regulador Comunal (PRC) entró en vigencia en diciembre de 1999 y mientras no existió su propio PRC, en las zonas urbanizables situadas al norte del río, los propietarios de esos terrenos podían acogerse al artículo 3º transitorio del PRMS que definía unos subcentros geográficos que detallaban en algunos cuadros las normas técnicas aplicables en la medida de que los nuevos proyectos no se opusieran a la intensidad de utilización del suelo metropolitano consignado en el título 4º del PRMS y a las restricciones establecidas en el artículo 3.3.2.2 del mismo instrumento respecto a los terrenos en pendiente.

El cerro Alvarado, localizado en ese sector es un cerro isla, es decir, es un área verde en el “Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación” del PRMS, pero gracias a la buena voluntad de un ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, se estableció que solo su cima, definida por la cota 900 msnm, es área verde y por ello los dueños de sus laderas, tipificadas como parcelas, solicitaron 2 permisos de loteos bajo los cánones técnicos vigentes entre los años 1995 y 1997, es decir, como vemos, acogiéndose a las normas señaladas en el párrafo anterior y sin ingresarlos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y sin contar con el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano  (EISTU). No está demás decir que las quebradas del cerro, por razones obvias, están protegidas.

Hubo un primer permiso de edificación cursado en el año 1995 para 6 torres habitacionales, el cual un año después fue ampliado para nuevos conjuntos de edificios en altura, los que se fueron construyendo de a poco con el propósito de no saturar el mercado de los departamentos de lujo. Para mantener la vigencia de una seguidilla de permisos posteriores, ya que caducan a los 3 años si no se inician las obras, a través de ardides se mantenía la vigencia de los mismos. En razón de las ilegalidades detectadas, la fundación Defendamos la Ciudad recurrió ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo con la idea de que esta función del gobierno central exigiera el cumplimiento de la ley. La funcionaria que ejercía ese cargo contestó en el año 2005 que la tramitación de la Dirección de Obras de Vitacura para todos los permisos estaba impecable (sic).

Como sabíamos que esa respuesta era mendaz, en breve plazo recurrimos a la Contraloría General de la República para que ésta ordenara la casa y así fue. En efecto, el 21/08/06 vía dictamen Nº 38824, el ente fiscalizador declaró la ilegalidad de los permisos por una serie de motivos, partiendo por la improcedencia de mantener vigentes permisos ya caducados. Entre otras cosa dijo “……con relación a las transgresiones detectadas al ordenamiento jurídico………cabe precisar que atendido el tiempo transcurrido y el estado de las construcciones, no corresponde el ejercicio de la potestad invalidatoria …………. ya que el artículo 53 de la Ley Nº 19.880 establece que la invalidación de un acto administrativo debe efectuarse dentro de los 2 años, contados desde la publicación o notificación del mismo, lo que no obsta a que los interesados puedan ejercer las acciones judiciales que estimen pertinentes”.

La fundación Defendamos la Ciudad no interpuso ninguna acción en los tribunales y en la actualidad se siguen edificando torres en ese ex cerro isla, pero sí supimos que en el año 2010 un grupo de compradores de esos suntuosos departamentos iniciaron un juicio contra la empresa vendedora por incumplimiento del contrato : pedían una indemnización de unos cuantos millones de dólares y como no nos interesa ese asunto, desconocemos el resultado de ese litigio.

¿Por qué hemos expresado lo anterior ?

Por la sencilla razón de que estos innumerables proyectos de edificios, de alta carga de ocupación, más otros tantos similares situados más al norte, en terrenos planos en el sector de El Portezuelo, acogidos éstos a las normas del PRC de Vitacura, necesitan nuevas vialidades, imposibles de ejecutarse por falta de espacio, al costado de la autopista Costanera Norte, la que técnicamente no puede aceptar los flujos derivados de tales megaproyectos. Por ello sus agresivos titulares presionan al municipio para que les resuelva el inconveniente del tránsito vehicular. Los inmobiliarios del cerro Alvarado, insisten en conservar las normas urbanísticas muy permisivas de hace 18 años, a pesar de que los permisos y sus modificaciones ya caducaron y no sabemos si la actual Directora de Obras Municipales exigirá el cumplimiento del artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que trata esta materia. Si se aplica la ley se descomprime la compulsión, aunque se reduce en un cierto porcentaje la rentabilidad de la inversión privada.

En este complejo escenario la Municipalidad de Vitacura todavía no acepta la propuesta de los vecinos para soterrar la nueva vialidad, tal como está proyectada la autopista Américo Vespucio Norte, en el tramo de Vitacura y Las Condes, o bien ejecutarla, como ellos lo han propuesto, ocupando un reducido espacio en terraplén de la caja del río. Claro que lo más barato es prescindir del parque, ensanchando la avenida existente, aunque esta decisión perjudique para siempre a una comunidad que se encariñó con su apacible barrio dotado de un parque que entrega servicios ambientales y que fue desarrollado por competentes paisajistas.

Como esta discrepancia posiblemente se mantendrá, ¿será necesario que otras instancias de superior rango intervengan para que finalmente prime la racionalidad ? Creemos que sí.