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29 de Octubre de 2014

"Bancada estudiantil" pide al Gobierno priorizar la educación pública en el Presupuesto 2015

Plantean, además, que la educación pública sea el eje de los próximos proyectos de ley y que el Gobierno convoque a un “amplio acuerdo social” en lugar de llegar a un “estrecho acuerdo con la derecha” para hacer realidad la reforma educacional.

Por Redacción
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Parlamentarios independientes y de diversos partidos ingresaron a la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo que busca priorizar la educación pública en el Presupuesto 2015, que por estos días se discute en el Congreso.

El proyecto es impulsado por el independiente Gabriel Boric y por los diputados Cristina Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC), Maya Fernández (PS), Giorgio Jackson (Ind), Rodrigo González (PPD), Camila Vallejo (PC), Vlado Mirosevic (Ind), Loreto Carvajal (PPD) y Alejandra Sepúlveda (Ind).

“Hay que hacerle ver al Gobierno que hay un conjunto diverso de parlamentarios que queremos que la educación pública sea el eje de la reforma, que creemos que debe haber un acuerdo social para hacerla posible y que esto debe estar reflejado en el presupuesto y en los próximos proyectos del ley”, dijo Boric.

La iniciativa surge en paralelo al anuncio de senadores de la Nueva Mayoría en torno a la necesidad de acordar la reforma con la oposición, así como al proyecto ingresado por la senadora PS Isabel Allende tendiente a diluir la distinción en cuanto a financiamiento entre universidades públicas y privadas. En cuanto al presupuesto, los diputados impulsan transformar los recursos destinados al financiamiento de la demanda en recursos destinados directamente a instituciones públicas.

En concreto, el proyecto de acuerdo plantea al Ejecutivo que se elaboren indicaciones en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2015 que den señales de reconstrucción de la educación pública. El objeto de éstas últimas debe ser redireccionar los recursos correspondientes a becas, créditos y subvenciones -en todos los niveles- a aportes directos a las instituciones del Estado y las no estatales que se sumen a la labor pública.

En el caso de la educación escolar, ello ayudaría a una adecuada preparación institucional para el proceso de desmunicipalización. En el caso de la educación superior, permitiría en lo inmediato la rebaja de aranceles para avanzar progresivamente a la gratuidad.

Este proyecto nace del diálogo sostenido entre los diputados firmantes y los representantes de la plataforma “Compromiso por una nueva educación”, que reúne a rectores, académicos y dirigentes sociales al alero de la Fundación Nodo XXI. El pasado 8 de octubre, Carlos Ruiz Encina (Nodo XXI), Aldo Valle (CUECH) y Juan Eduardo García-Huidobro (UAH), en tanto representantes de la plataforma, presentaron un manifiesto con propuestas y preocupaciones ante el contenido del presupuesto y los proyectos que buscan poner fin al lucro, el copago y la selección.

El Gobierno interpelado

La diputada DC Yasna Provoste insistió en la necesidad de “una real reconstrucción y fortalecimiento de nuestra educación pública; por eso, estamos pidiendo que el Gobierno entregue señales claras y fundamentalmente a través de la ley de Presupuesto, incorporando las indicaciones que permitan convocar a toda la sociedad en este camino”. La ex ministra de Educación agregó que “además de recursos, se requiere de voluntad política para preparar, entre otras cosas, a las instituciones para el proceso próximo de desmunicipalización. Además, estamos demandando un compromiso efectivo por las instituciones de las regiones y de las zonas extremas, sumando, también, un apoyo cierto a la educación técnico profesional”.

Según Gabriel Boric, diputado de Izquierda Autónoma, “la reforma está en peligro, las contradicciones del Gobierno han abierto espacio para los intereses conservadores de la política tradicional. Una reforma pactada con la derecha no es reforma, como tampoco una con las ambigüedades de este presupuesto y los proyectos en discusión. Es preciso un acuerdo social y construir una nueva educación pública, eso proponemos con este proyecto a La Moneda”.

La diputada PPD, Cristina Girardi, enfatizó que “en el primer presupuesto aprobado durante el Gobierno de Michelle Bachelet, debe haber una inyección de recursos que tiene que ver con la forma en que se financiará la educación pública, que haya financiamiento basal, mostrando las primeras señales respecto a lo que queremos: que esta tenga un tratamiento distinto a lo que tiene hoy en día”, mientras que su par Rodrigo González, señaló que “la educación púbica es el eje de un sistema educacional en un país democrático. Sin su fortalecimiento no habrá posibilidad de lograr que la educación se convierta de verdad en un derecho social universal. Especialmente solicitamos a la Presidenta que tome en cuenta a los actores sociales en el proyecto de educación pública que se plantea para Chile y que el diálogo con todos los actores sociales: los profesores, los asistentes de la educación y los estudiantes sea permanente”.

El diputado independiente Giorgio Jackson, en tanto, subrayó que “habiéndose aprobado y ya estando en vigencia la reforma tributaria, la primera ley de presupuesto que se genere debe mandar una señal clara en fortalecimiento a la educación pública y, por supuesto, no solamente mantener la continuidad de los aporte vía voucher. Esta es una de las varias sugerencias que nosotros hacemos para empujar desde el presupuesto 2015 para que el Gobierno los acoja y los actores sociales se pronuncien para empujar con más fuerza estas ideas”.

Vlado Mirosevic, diputado independiente por Arica, afirmó que “además de compartir una visión de la educación pública como eje educacional del país, los diputados que firmamos este proyecto compartimos la convicción de superar el abandono educacional que existe en nuestras regiones”.

Por su parte, la diputada PPD, Loreto Carvajal, aseguró que “la educación pública debe ser nuestra prioridad. Es por esta razón que solicitamos que en el marco del Presupuesto de Educación se redestinen recursos que beneficien directamente a los colegios públicos y que permita a los planteles de Educación Superior avanzar hacia la gratuidad, que es una de las principales promesas de campaña de la Presidenta Bachelet. Es necesario entender que la educación es un derecho que debe estar garantizado por el Estado y no un bien de consumo como ocurre actualmente“.

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