Ante la CIDH: Canadá negó responsabilidad en la actuación de sus mineras en el exterior

Fue el 27 de noviembre de 2009, cuando el activista mexicano Mariano Abarca caía asesinado a tiros frente a su casa en Chicomuselo, en el Estado de Chiapas. Poco antes había denunciado numerosas amenazas por su oposición a un proyecto minero local de la empresa canadiense Blackfire Exploration, motivo por el que también había sido detenido unos meses antes. Un informe de la Fundación para el Debido Proceso sobre el “impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” destaca que “varios empleados y contratistas de la empresa Blackfire Exploration fueron acusados por los pobladores locales de tener vínculos con el suceso. Se ha indicado asimismo la omisión de la embajada canadiense ante las denuncias de esos hechos”.

Con el mismo tono de preocupación por las omisiones y la complicidad, la representante de la ONG Mining Watch Canada, Jennifer Moore, exigió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno canadiense realice un “cambio radical” en su política exterior. Durante la audiencia, varias organizaciones otras organizaciones se sumaron a su clamor, pidiendo que Canadá deje de proteger a la industria extractiva a costa de los derechos de los indígenas y de otros afectados por las actividades mineras canadienses en el extranjero, especialmente en América Latina.

El caso de Abarca es un ejemplo de la “relación del Estado canadiense con las compañías mineras: [el Estado] les ayuda a resolver conflictos, ignora las amenazas a activistas locales y sigue defendiendo los intereses de las compañías”, manifestó la representante de Mining Watch, una organización sin ánimo de lucro que desde 1999 sigue las actividades del sector minero canadiense en el exterior. Y estas son, según denuncia la ONG, más que cuestionables en países como Guatemala, Bolivia, Perú o Chile.

El tema también preocupa en nuestro país. De hecho, a fines de julio pasado, en Santiago, una delegación de representantes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la Comunidad Diaguita Patay Co y la Asamblea por el Agua del Guascoalto, entregó a la embajadora de Canadá, Patricia Fuller, un documento que da cuenta de 22 casos de abusos de empresas que abarcan a 9 países de la región.

Pascua Lama, el caso chileno incorporado en el informe. Se destacan las políticas de engaño de la transnacional canadiense Barrick Gold, la devastación de las fuentes hídricas, la promoción de la corrupción, la presión ilegítima sobre las comunidades, y la imposición de destino minero en un Valle de clara vocación agrícola.

La respuesta y los argumentos

Sin embargo, la respuesta de los representantes del Ejecutivo este martes fue contundente: el Gobierno no es responsable. Canadá es un “líder” en el cumplimiento de los estándares internacionales de responsabilidad social corporativa y la “gran mayoría de las empresas” hacen “esfuerzos significativos” para cumplirlos, dijo Dana Cryderman, representante alterna de Canadá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

De cara a las presuntas violaciones denunciadas, la funcionaria retrucó que  “están claramente fuera del ámbito de las obligaciones de Canadá” bajo el derecho internacional y regional y también de su jurisdicción. Luego recordó que los países donde operan las empresas mineras canadienses cuentan con “vías legales y judiciales” propias que son las que se deberían agotar antes de recurrir a otros organismos.

Canadá “no solamente confía en que sus compañías extractoras son líderes en la aplicación de los estándares de responsabilidad social corporativa, sino que también han contribuido a la sostenibilidad económica a largo plazo de los países” donde operan, insistió. Cryderman explicó que en Canadá existen dos mecanismos no judiciales —el “Punto de Contacto” y la “Oficina del Sector Extractivo”— que, aunque no tengan mandato para imponer sanciones u otras medidas punitivas, “proporcionan vías para resolver disputas”.

“Los beneficios no respetan fronteras, pero cuando se trata de derechos humanos decimos ‘oh, ese no es nuestro problema’”, ironizó en respuesta a la réplica oficial Shin Imai, representante del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, otro de los denunciantes ante la CIDH.

La responsabilidad del Estado por las actuaciones en el extranjero de empresas privadas es un territorio virgen para la CIDH, que con la audiencia de este martes abre un camino de destino todavía desconocido en lo que respeta a esta materia. Su director ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, denomina a este ámbito “audiencias de primera generación”, no vinculadas a interpretaciones tradicionales del derecho. Por eso, los comisionados tuvieron más preguntas que respuestas en la hora de interlocución, aunque la CIDH dejó claro que es un tema que genera una gran preocupación y que no se debe desatender.

“Pese a las aseveraciones sobre las buenas políticas de Canadá, en la Comisión seguimos viendo recurrentes casos, muy muy graves, de violaciones de derechos humanos como resultado de la actuación de algunas compañías, entre ellas de Canadá”, destacó la Relatora para Canadá, Rose Marie Antoine.

Luego recordó que, entre los problemas provocados por este tipo de compañías, se registran desplazamientos forzosos, violación de derechos ambientales, a la salud y de acceso al agua de los habitantes, hasta en algunos casos la criminalización de los defensores mismos de los derechos humanos.

“Nosotros vemos las deficiencias de países como Canadá y otros Estados”, subrayó. “Vemos las grietas” que producen legislaciones lejos de ser perfectas, insistió, e invitó Canadá a “tomar el liderazgo” en la materia y “encontrar una forma” de responder mejor a estos cuestionamientos, “aunque sea difícil”.