Alianza objetaría reforma educacional por inconstitucional
Un grupo de abogados ligados a la oposición estudiará el proyecto para probar su inconstitucionalidad.
Este viernes un grupo de abogados constitucionalistas cercanos a la UDI y RN comenzarán a trabajar para plantear las eventuales vulneraciones a la Constitución que tiene la reforma educacional. Los encargados de dar cuenta de esto serían los senadores miembros de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Andrés Allamand y Ena Von Baer.
Este grupo se reunirá en la sede de Libertad y Desarrollo para examinar los artículos del texto ya aprobado en la Cámara de Diputados. El equipo de abogados lo componen José Francisco García y Miguel Angel Fernández, ligados a RN, y de Arturo Fermandois y Alberto Vergara, ligados a la UDI.
“La idea de la reunión es diagnosticar qué normas y de manera muy precisa podrían vulnerar la Constitución. Ya hay indicios de dos o tres casos de infracciones concretas y profundas”, explicó García al diario La Tercera.
En tanto, el abogado Fernández planteó que “me parece que afecta derechos constitucionales, algunos de carácter patrimonial, pero sobre todo afecta la autonomía de las instituciones. Yo creo que el proyecto tiene un sesgo inconstitucional global más allá de los detalles, que es el penetrar en la capacidad de organización y decisión respecto de como se organizan y actúan las personas naturales o jurídicas”.
Una vez que concluya el trabajo, Allamand y Von Baer deberán ser quienes determinar si hacen reserva de constitucionalidad en la tramitación en el Congreso para luego, eventualmente, concurrir al Tribunal Constitucional, una vez que se comience la discusión artículo por artículo de la reforma a mediados de diciembre.
Ambos parlamentarios afirmaron que este camino de probar la inconstitucionalidad de la reforma ya está decidido.
“Es inconstitucional. En diversas de su disposiciones afecta la libertad de enseñanza, concretamente la afecta en cuanto al derecho para abrir, mantener y organizar colegios. Es inconstitucional porque además afecta contratos válidamente celebrados en que una de las contrapartes es el Estado, como es la jornada escolar completa, y a lo largo de todo su texto establece diferencias que son absolutamente arbitrarias, que se enfrentan frontalmente con el principio de igualdad ante la ley“, sentenció Allamand, quien agregó que deberá ser el Tribunal Constitucional quien tendrá la última palabra ya que tiene que examinar el proyecto por tratarse de una ley orgánica constitucional.
