Voltereta UDI: apoyará eliminar aportes anónimos y sancionar a quienes no cumplan ley de financiamiento

Cuando el viernes pasado las máximas figuras de la UDI llegaron a la sala de conferencias en la sede del partido, todo eran rumores. Que Silva iba renunciar, que iban a expulsar a algunos militantes, que pondría su cargo a disposición. Pero nada de eso pasó. Sentado frente al micrófono y ante la prensa que abarrotaba el lugar, el Presidente gremialista, Ernesto Silva, pidió disculpas por las acusaciones de financiamiento irregular que afectan a militantes de su partido. Y junto a eso, señaló su intención de colaborar en una nueva ley de financiamiento que incluya “la total transparencia de todos los aportes” que se efectúen a campañas políticas.

Con eso, Silva no solo hacía un guiño al Gobierno, también expresaba el efecto telúrico que ha tenido el caso Penta entre los dirigentes del partido. Y anunciaba una discusión que estaba tomando forma, y que hoy ya tiene un consenso al interior de la UDI: el fin de los aportes reservados en las campañas políticas, los mismos que el partido defendía hasta hace pocas semanas.

¿Cómo se gestó este cambio de postura? La semana pasada fue la más dura de la UDI desde el caso Spiniak. La publicación del expediente del caso Penta mostró que militantes del gremialismo recibieron financiamiento irregular en sus campañas políticas. Junto con eso, el senador Iván Moreira reconoció estas irregularidades y criticó a la directiva de la UDI por practicar “la teoría del empate”.

En ese contexto, los máximos líderes llegaron a la misma conclusión: la figura del aporte reservado ya es indefendible ante la ciudadanía. El día viernes, Silva y Macaya, en coordinación con líderes históricos como Andrés Chadwick y Julio Dittborn, y dirigentes como De la Maza, Arteaga y Kast, plasmaron esta postura. Durante el fin de semana Silva llamó personalmente a Ximena Rincón para expresarle su apoyo en esta materia. Pero el Gobierno quería más.  

El gesto gremialista fue visto como una señal de debilidad y el Ejecutivo decidió poner un pie encima. Desde La Moneda han expresado que la UDI tiene “poco margen de acción” para negociar el proyecto de ley de financiamiento que envió la Presidenta Bachelet, y el ministro vocero, Álvaro Elizalde, emplazó al gremialismo a que apoye esta iniciativa. Este proyecto incluye eliminar los aportes reservados, limitar en un 50% el gasto electoral, terminar con la posibilidad de que donen las empresas, y desde ayer, se sumó otro punto: el Ejecutivo dijo estar abierto a enviar una reforma constitucional para inhabilitar a los políticos que usen aportes ilegales en sus campañas.

El gremialismo recogió el guante y discutieron sobre el tema. “No queremos que este caso se vea como un Mop-Gate y que se vea como que la UDI va a aparecer con el gobierno todos tomados de la mano”, dijo a El Dínamo un dirigente del partido. A pesar de ello, diversas fuentes al interior de la UDI descartan que esto vaya a entorpecer las negociaciones. La molestia la expresó Javier Macaya en una declaración pública en el Congreso: “Si el ministro vocero piensa que por el solo hecho de existir el caso Penta la UDI ha dejado de hacer oposición en Chile, está muy equivocado”. Y agregó: “Nos parece que el emplazamiento de que tenemos solamente que aprobar las propuestas que envía el Ejecutivo, es un emplazamiento incorrecto”.

Aún así, la dirección del partido hoy apunta a un lugar completamente distinto a lo que era su postura hasta hace unas semanas: en la propuesta que la colectividad presentó en noviembre a Ximena Rincón, se abogaba por limitar los aportes reservados de las personas y de las empresas. Pero hoy, la UDI está dispuesta a erradicar por completo este tipo de financiamiento. “Tenemos disposición a discutir sobre esta materia, a poner fin a los aportes reservados, que incluso es una materia que podemos discutir”, dice Macaya.

Sin embargo, el tema de los aportes de las empresas “aún no está masticado”, señalan al interior del partido. Pese al costo político que esto implica, la gran mayoría piensa que es legítimo que empresas, como las Isapres, puedan apoyar una candidatura que recoja sus ideas, siempre y cuando este aporte sea de conocimiento público. “En la UDI, como siempre, vamos a defender las ideas pese al costo político”, dice un dirigente del partido. Pero otros al interior de la tienda creen que el proyecto debería eliminar esta posibilidad. Por ejemplo, y a título personal, el diputado Hasbún piensa que todo aporte a las campañas políticas debería ser entregado por el Estado.

Este último punto deberá ser afinado para la nueva propuesta de financiamiento que presentará la UDI a la Segpres. En este nuevo documento ha estado trabajando el senador Hernán Larraín, Ernesto Silva, Arturo Squella, y también ha participado Javier Macaya, además de otros abogados relacionados al partido. “Nosotros le vamos a llevar una propuesta que modifica nuestro planteamiento que hicimos en noviembre a la ministra Rincón, el jueves. Y vamos a ir con Ernesto Silva a hacer la entrega de esta propuesta”, dice Hernán Larraín.

Larraín agrega: “Lo único que podemos adelantar es que todo aporte que llegue a la política, a los partidos, a las campañas, tiene que ser público. No más aporte reservado, no más aportes anónimos, de ninguna especie; que todo eso sea fuertemente fiscalizado, para lo que hay que darle atribuciones adicionales al Servel;  y que adicionalmente el que incumpla tenga duras sanciones”.

La propuesta surgida en la Nueva Mayoría de inhabilitar a parlamentarios involucrados en casos de financiamiento irregular, ha tenido buena acogida al interior del gremialismo. Los dirigentes creen que “si hay reglas claras, no habría problemas con ese punto”. “A mí me parece que está muy bien establecer sanciones si es que efectivamente se viola la ley electoral”, dice a El Dínamo el diputado y ex Presidente del partido, Patricio Melero.

Todo indica que en este nuevo contexto, si bien la UDI no querrá mostrarse fácil en la negociación, con su nueva propuesta habrá más puntos de encuentro que de desencuentro con el Gobierno.