Max Colodro sobre financiamiento irregular a campañas: “Es probable que la Nueva Mayoría termine viéndose afectada”
Luego de que el SII empezara a indagar a SQM por un presunto aporte irregular a la campaña de Joaquín Lavín, el analista político dice que es inevitable que las investigaciones terminen comprometiendo a todo el espectro político.
El caso Penta parece funcionar como un verdadero efecto dominó. Primero fueron las querellas del SII contra los controladores del holding, Lavín y Délano, por cursar boletas ideológicamente falsas. Luego investigaciones a políticos que habrían recibido de ellos aportes irregulares para sus campañas. A ello se sumó una querella del SII contra el ex subsecretario de minería, Pablo Wagner; en la que dicha entidad le solicita al Ministerio Público que investigue un nuevo grupo económico, Soquimich, exigiéndole a dicha empresa “toda la documentación contable correspondiente a los años comerciales 2009 a 2014”. Ello, debido a una posible boleta “ideológicamente falsa” cursada en 2009 por Soquimich al ex candidato presidencial UDI, Joaquín Lavín, por 7 millones 500 mil un pesos.
A esto se suma que en la investigación del fiscal Gajardo sobre el Caso Penta aparecieron otras empresas mencionadas aparte de Soquimich -Ripley, Alsacia y Corpbanca– sobre las que recaerían sospechas de haber utilizado el “modelo Penta” para financiar campañas políticas de otros candidatos. Una indagatoria que abre un abanico de posibles nexos entre las empresas y los políticos. Algo de lo que Max Colodro, analista político, saca una conclusión: inevitablemente la mayoría de los colores partidistas están involucrados en situaciones de financiamiento irregular. El caso Penta sería solo la punta del iceberg.
“Lo natural y lo evidente es que a medida que las investigaciones, no solo la de los fiscales y el SII, sino que también las investigaciones periodísticas, vayan recabando nueva información y haciendo fluir nuevos antecedentes, lo más probable es que vayan comprometiendo transversalmente a todos los sectores políticos. Porque las irregularidades que se han cometido en el financiamiento de la política desde el retorno a la democracia, y aún después del 2013, en que se publicó la ley de financiamiento y de control de gasto, lo más probable es que los aportes irregulares hayan seguido siendo una practica relativamente generalizada”.
-¿Con todos los sectores políticos, te refieres también a la Nueva Mayoría?
-Si. Lo más probable es que la Nueva Mayoría también termine viéndose afectada de alguna manera, más allá de lo que está siendo hoy día afectada por el tema de Andrés Velasco o el ministro Undurraga. Yo creo que efectivamente a medida que los antecedentes vayan fluyendo, se vayan profundizado las investigaciones y aparezcan nuevos antecedentes, van a aparecer más grupos económicos y sectores políticos.
-¿Por qué crees eso?
-Porque es improbable que un fenómeno tan extendido como el del financiamiento (irregular) de las campañas políticas se concentrara única y exclusivamente en un partido y en un solo grupo económico.
–¿Puede esto acabar por destruir la fe de la ciudadanía en las instituciones políticas, que ya tienen una pésima imagen?
-Lo que ha ido haciéndose evidente es que esta práctica generalizada de financiamiento irregular lo que ha hecho es ahondar el deterioro de la imagen política, ahondar la desafección, la desconfianza que la ciudadanía tiene en la política. Yo creo que ese es un riesgo real y bien complejo.
-Si el sistema político completo está involucrado en este tipo de prácticas. ¿Cómo se soluciona esto?
–Probablemente va a requerir una solución política, de Estado, de mejorar la actual legislación y hacerla más estricta. Mejorar controles, la transparencia, eso probablemente sea algo que va a ocurrir tarde o temprano.