Fiscalía envía al SII documentación con posibles pagos a ejecutivos de Penta a través de contratos forwards
Estos antecedentes permitirá al SII analizar los resultados de las operaciones y definir si realiza una denuncia a la fiscalía o interpone una querella por delitos tributarios.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente le envió el lunes al Servicio de Impuestos Internos un informe con más de 70 páginas y 20 contratos forwards firmados entre 2008 y 2012 entre Penta y la empresa Consultorías y Proyectos S.A, perteneciente al grupo Cruzat, por $1.500 millones, consignó La Tercera el día de hoy.
Estas operaciones habrían sido firmadas por Antonio, Nicolás y Rodrigo Cruzat Valdés, además de los ex gerentes del holding Axel Azancot, Iván Rojas Bravo, Martín Rasmussen y Mauricio Pinto, quien según Hugo Bravo habría tenido un rol fundamental en estas presuntas operaciones irregulares.
Así, en el documento se detalla que gracias a esto se habrían realizado una serie de pagos a ejecutivos de Penta Las Américas AFI y a sus empresas relacionadas entre 2009 y 2014 contra boletas y facturas de los mismos ejecutivos, sus sociedades personales o terceros, que pudieron haberse efectuado “de una manera que podría resultar irregular”, consignó El Mercurio.
También se adjuntó un listado de los empleados que recibieron bonos mediante este mecanismo. Estos pagos fueron cargados como gastos a la contabilidad de Activos y Proyectos Limitadas, Gestión y Administración Inmobiliaria S.A., Penta Propiedades Ltda. y Penta Las Américas AFI.
El holding también da cuenta de cuatro contratos con Siglo Outsourcing (VSA Ltda.) en 2013, que presentaría irregularidades, cuyas pérdidas artificiales la misma empresa calcula en alrededor de $324 millones. Se agregaron también otros contratos con VSA de 2014 los que fueron reversados según documentación que se incluyó.
Estos documentos pactados registran las pérdidas reales que se habrían generado producto de estos forwards entre 2008 y 2012 que bordearían los $300 millones anuales, lo que completaría unos $1.500 millones en total en cinco años. En el Ministerio Público se investiga si este mecanismo habría permitido rebajar impuestos y obtener liquidez para la firma.
El envío de estos antecedentes permitirá al SII analizar los resultados de las operaciones y definir si realiza una denuncia a la fiscalía o interpone una querella por delitos tributarios. Las dos medidas le daría al Ministerio Público la facultad de investigar los presuntos ilícitos.
