Ministerio Público pide penas de cárcel para involucrados en colusión de farmacias
Por su parte, la defensa de los involucrados pidió la suspensión del proceso alegando que el caso ya fue juzgado con la sanción económica emitida por el TDLC el año 2012 y ratificada por la Corte Suprema.
El Ministerio Público pidió cinco años de prisión para un total de diez imputados en un juicio oral que se reinició este lunes por el caso de “colusión de farmacias” tras haberse suspendido condicionalmente en julio de 2013.
Según fuentes judiciales, el fiscal Jaime Retamal, de la Fiscalía Centro Norte, fue el que solicitó la pena para estas diez personas tras la demanda presentada hace seis años por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
El alza concertada de los precios de las farmacias Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde se dio entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 y, según la FNE, habría producido 27.000 millones de pesos (unos 46 millones de dólares de entonces).
Durante la jornada de hoy, las defensas de los acusados solicitaron suspender el proceso alegando que el caso ya fue juzgado con la sanción económica emitida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) el año 2012 y que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema.
Frente a estas aseveraciones, Retamal dijo a los periodistas que nunca hubo un pronunciamiento respecto de la responsabilidad penal de las personas imputadas.
“Los fundamentos que entendemos esgrimen las defensas son erróneos, son distintos y en ese contexto, entendemos que el tribunal debiera resolver este caso de manera definitiva y desestimar esta petición”, añadió.
Durante los alegatos, Retamal expuso que tras mantenerse un periodo de competencia entre las cadenas, que se conoció como la “guerra de precios”, a partir del año 2007 los ejecutivos de las cadenas tomaron contacto entre sí, coordinando un alza de precios programadas de diferentes medicamentos.
Los diez imputados por este caso son Ricardo Valdivia y Cristián Catalán (Cruz Verde), Sergio Purcell y Ricardo Ewertz (Ahumada); Roberto Belloni, Claudia Carmona, Judith Carreño, Mehilin Velásquez y Ramón Avila (Salcobrand), además del ex gerente general del Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
El 8 de julio de 2013, la Justicia suspendió condicionalmente por un año el proceso que se llevaba a cabo por el caso y ordenó que los 10 acusados pagaran 230 millones de pesos a organizaciones no gubernamentales de salud.
Asimismo, los imputados en el caso debían asistir a un programa de capacitación sobre “ética empresarial” por un año. Sin embargo, esa decisión no dio resultado ya que a fines de agosto de ese mismo año, la Corte de Apelaciones revocó el acuerdo y determinó que los acusados debían ir a un juicio oral.
En ese entonces, Farmacias Ahumada reconoció los hechos, se comprometió a colaborar con la investigación y pagó una suma cercana a un millón de dólares, cifra muy inferior a la multa máxima que el TDLC impuso el 31 de enero de 2013 a sus dos competidoras, de 38 millones de dólares.
