Nueva Constitución: la bancada que busca presionar a Bachelet para impulsar la Asamblea Constituyente

“Será un proceso participativo, democrático e institucional”. Es la frase que autoridades de La Moneda repiten como si fuera un mantra para referirse a una de las reformas insignes de la Presidenta. Y también una de las más complejas dado que se trata de cambiar la Carta Fundamental que rige al país. Cambio que la Presidenta decidirá durante este año de qué manera hacerlo.Sin embargo, las sombras del caso Penta, SQM y Caval opacaron el debate constitucional y, de paso, dieron otro rumbo a las prioridades de La Moneda.

Si el primer año de gobierno estuvo marcado por la reforma tributaria y parte de la reforma educacional, el 2015 sería el año adecuado para iniciar la discusión constitucional. Así lo dijo la propia Mandataria. Pero poco y nada se sabe del mecanismo. Asamblea constituyente, comisión biparlamentaria o una propuesta del Gobierno, son las alternativas que baraja la clase política. De manera escueta, la Presidenta explicó el sábado pasado que “sin duda necesitaremos expertos, pero lo más importante es que la ciudadanía también se pueda expresar”, por lo que “intensificaremos el trabajo para avanzar en una Nueva Constitución para Chile, con el inicio de las consultas ciudadanas”. Una señal que ha sido interpretada como mecanismo: asambleas a lo largo de Chile y decisión final del parlamento.

Dichas consultas son lideradas por la Segpres, ministerio que guarda un estricto recelo entorno al tema. Aunque trascendió que la cartera liderada por Ximena Rincón ya se encuentra diseñando “asambleas ciudadanas” para recoger el feedback de la gente. Junto a ello a realizado seminarios con técnicos y expertos en la materia. Así el Gobierno ya trabaja en una propuesta. Aunque todavía no la socializan con otros actores.

En paralelo, según fuentes del ministerio, están a la espera de cómo se desarrollan los polémicos casos que estallaron y que dieron cuenta del estrecho -y para algunos incestuoso- vínculo entre dinero y política. Ello significó un cambio en las prioridades de La Moneda, con la creación de un consejo asesor para abordar los temas de probidad y transparencia. Temas que irrumpieron en la agenda y que, por ahora, son los que urge resolver.

Para el sociólogo y analista Max Colodro con esto se retrasa “no solo la nueva Constitución, si no que el resto de los proyectos van a tener que irse tramitando junto con los temas asociados a los temas de probidad, que era algo que el Gobierno no tenía contemplado originalmente”.

Como el debate por una nueva Constitución se encuentra congelado, los parlamentarios que apuestan por una asamblea constituyente (AC) –como mecanismo para redactar una nueva Carta- tomaron las riendas del tema: actualmente trabajan en dos proyectos de ley que esperan presentar durante el primer semestre. Pero el trabajo no se agota ahí. Los 25 diputados que integran la bancada “transversal” por la AC van a hacer un fuerte despliegue comunicacional desde cada uno de sus frentes. El fin: explicar a la gente qué es una asamblea constituyente y convencer a sus pares del Congreso. En palabras de Gabriel Boric (Ind) explicar que la AC “no es un grupo de personas corriendo en pelota”.

La diputada Karol Cariola (PC) coordina la bancada y junto a Maya Fernández (PS), convocaron en junio del año pasado a aquellos parlamentarios que estaban a favor de crear una nueva Carta Fundamental. Hoy la bancada transversal por la AC está integrada por diputados de la DC, PPD, PS, PR, PC e independientes.

Karol Cariola y Giorgio Jackson preparan, por separado, sus propuestas. Ambas tienen un punto central en común: hacer una reforma constitucional para que, entre las facultades de la Presidenta, esté el llamado a un plebiscito para que sea la gente quien decida si quiere realizar una asamblea constituyente o no. Aunque lo abordan de maneras distintas.

Mientras Cariola busca cambiar el artículo 32 que impide que la Presidenta convoque a un plebiscito de esa naturaleza, la reforma de Jackson añade un capítulo a la actual Carta, en el cual “se faculta a la Presidenta poder convocar un plebiscito solo una vez dentro de su periodo presidencial, en el cual la materia a plebiscitar sea la redacción del reemplazo a la constitución”. La idea, explican ambos diputados, es presentar una sola de estas reformas como moción parlamentaria en representación de la bancada transversal. Y para ser aprobada –cualquier de las dos- se necesita el voto favorable de 72 diputados y 23 senadores.

El desprestigio

Si bien el caso Penta develó la participación de parlamentarios de la UDI en la emisión de boletas ideológicamente falsas para financiar sus campañas, la investigación salpicó al bando contrario. La arista SQM vinculó a parlamentarios de la Nueva Mayoría a posibles irregularidades de esa misma índole, instalando un manto de dudas generalizado. Incluso el propio hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, se vio envuelto en el cuestionado caso Caval. Los polémicos hechos golpearon a la derecha, a la Nueva Mayoría y a la Presidenta, quien obtuvo su peor resultado en aprobación: un 39%, según la última encuesta Adimark.

A la luz de esos hechos, quienes integran la bancada por la asamblea constituyente plantean que dichos casos refuerzan la idea de que sea la ciudadanía quien decida cómo cambiar la Constitución. Esto dado el desprestigio y falta de credibilidad hacia los políticos. “Cobra una tremenda validez el sistema que hemos planteado de tener una asamblea constituyente”, apuntó Claudio Arriagada (DC). Al extremo de la Nueva Mayoría, Daniel Núñez (PC)  dijo que “se ratifica la necesidad de una nueva Constitución con el protagonismo de la ciudadanía. Los mecanismos como las comisiones biparlamentarias no tienen ninguna legitimidad“.

Incluso en el mundo independiente hicieron el mismo diagnóstico. Para el diputado Gabriel Boric, “ahora se hace más aún evidente la crisis de legitimidad de la política chilena donde está en duda la representatividad de este espacio. Es un argumento más para sumar a los que creemos que la nueva Constitución debe ser a través de una asamblea constituyente”. Mientras, su par Giorgio Jackson dijo: “No creo que la legitimidad que tienen actualmente la instituciones, como el Congreso, sean las llamadas a hacer esa refundación en la política, si no que tiene que ser un proceso abierto donde se convoque a la ciudadanía“.

Sin embargo, Yasna Provoste (DC), miembro de la bancada transversal por la AC, tomó una postura más mesurada y dijo que la necesidad de una AC “va más allá de las coyunturas que estamos viviendo, y que son complejas, la ciudadanía debe tener la posibilidad de participar activamente en la descripción de la carta fundamental que nos rige”

Ni reuniones de coordinación, ni minutas para los diputados. Aunque la reserva de la Segpres entorno al proyecto puede generar ciertas suspicacias, una fracción de quienes apoyan la asamblea constituyente validan dicha forma de trabajo. “Discrepo de la afirmación de que no se ha hecho nada, en el Gobierno se ha venido trabajando. Yo esperaría que la Presidenta el 21 de mayo tomara una definición en esta materia y le hiciera una propuesta al país sobre cómo vamos a avanzar en la construcción de una nueva Constitución” dijo Jorge Insunza (PPD). Denise Pascal (PS) consideró que “es necesario a veces ser más hermético, hasta no tener una claridad mayor”.

Chahín: “Yo no me siento cuestionado”

En la vereda opuesta, al ser consultado sobre quién debiese liderar el proceso  constitucional Fuad Chahín (DC), quien integra la comisión de Constitución de la Cámara, apuntó : “Yo no me siento cuestionado, siento la plena legitimidad para estar acá y no voy a renunciar a eso. Es importante decirlo con mucha claridad porque si no mejor disolvamos el Congreso“.

Al igual que Chahín, Arturo Squella (UDI) dijo que hacer una AC “sería incrementar la crisis de la institucionalidad. Se puede incorporar un sistema participativo de todos los sectores, pero que se haga en el marco de la institucionalidad y eso significa el Congreso Nacional“. Meses antes, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, ya había tomado la misma postura, la que mantiene hasta hoy: “El escenario de hoy requiere más que nunca que el sistema político reaccione y “si nos vamos a poner a discutir la asamblea constituyente para estar seis meses haciéndolo, y mientras tanto que la ciudadanía sigan solazándose con el desprestigio de la política creo que es una irresponsabilidad muy grande a estas alturas”.

Y si bien los parlamentarios pretenden instalar el tema de manera oficial en el Congreso, lo cierto es que la palabra de la Presidenta Bachelet será la que tenga casi todo el peso en el debate constitucional y la definición de un mecanismo. Aunque por ahora no hay certezas de fechas, mecanismos, ni quiénes participarán en la redacción de una nueva Constitución.