Caso Penta: Délano, Lavín, Wagner y Álvarez seguirán en prisión preventiva

Tras una larga jornada audiencia de apelación, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva de cuatro de imputados por el caso Penta.

El ministro Juan Escobar informó la resolución: se confirma la prisión preventiva para Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner e Iván Álvarez.

Mientras, para los imputados Hugo Bravo y Marcos Castro se revocó la medida, reemplazándola por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Tras atender a cuatro causas extraordinarias no vinculadas, se escucharon los alegatos. Luego de ello, el ministro Juan Escobar, que preside la sala, pidió abandonar el recinto para deliberar.

Como consigna Emol, la Sala, que comenzó a sesionar con retraso, fue presidida por el ministro Juan Escobar, está integrada además por el ministro Alfredo Pfeiffer y el abogado integrante Mauricio Decap, luego de que los intervinientes recusaran la participación de las abogadas María Cecilia Ramírez y Claudia Chaimovich.

El primero en hacer uso de la palabra es el ex fiscal Alejandro Peña, quien planteó un incidente de inadmisibilidad, el cual fue rechazado.

A continuación vino el alegato del abogado Julián López, en representación de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por lo que habló durante 30 minutos.

En su alegato, López insistentemente desvió las culpas hacia Hugo Bravo. Acusa que en este caso “la prisión preventiva está siendo utilizada como una pena anticipada“; dice que respecto al ex ministro Pablo Wagner “no hubo soborno” y que la causa penal por delitos tributarios contra sus defendidos “está escrita sobre la ficción“.

“Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano no tenían ningún motivo para incurrir en conductas de este tipo”, sostiene el letrado, quien agrega que sus defendidos pagaron todos los impuestos cuestionados y no representan un peligro para la sociedad. Insiste en que su prisión preventiva sólo se basa en los prejuicios contra los empresarios y no se justifica.

“Todas las energías del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva se explica por la excesiva publicidad que se ha formado. Vengo a pedir que mis representados no sean juzgados por su condición social”, concluyó López.

Siguió el turno del abogado Sebastián dal Pozzo, representante de Pablo Wagner, quien junto con pedir la medida de arresto domiciliario total en lugar de la prisión preventiva, afirma que “aquí no existe cohecho, no existe lavado de activos“.

Del Pozzo enfatiza la intención de colaborar de su defendido -entregó información sobre la llamada arista SQM– destacando que además reconoció los delitos en  su contra, y niega que sea un peligro para la sociedad.

Como otra atenuante, agregó el profesional, “Pablo Wagner devolvió 40 millones para reparar con celo el mal causado”.

Vino a continuación la abogada de Hugo Bravo, Catherine Lathrop, quien al pedir que se revoque la prisión preventiva de su defendido, hace notar que esta medida no fue solicitada por la Fiscalía, “sólo lo hizo el Consejo de Defensa del Estado”.

Destacó que Bravo siempre fue “un simple empleado” en el grupo Penta, y cuestionó que se considere a su cliente “un peligro para la sociedad” debido a su precario estado de salud: el ex gerente padece de hipertensión, diabetes y de un cuadro depresivo, que lo mantienen en el Hospital Penitenciario.

“La colaboración de mi defendido no ha sido una colaboración cualquiera; es una colaboración paradigmática”, dijo Lathrop. “Permitió que esta investigación tuviera más de seis páginas“, enfatizó.

La abogada finaliza citando la irreprochable conducta anterior y pide el arresto domiciliario total.

Sigue el abogado de Iván Álvarez, Sergio Rodríguez. “Esta es una causa con mucha publicidad, donde se ha invocado, no sé, un deseo de justicia, un deseo de vengarse, lo que ha causado una afectación grave de los derechos de los imputados”, comienza el letrado.

Criticó el criterio del juez Juan Manuel Escobar al otorgar las medidas cautelares, al que calificó como “del siglo 19” y de “ciencia ficción jurídica”. Acusó al Ministerio Público de ser “inquisidores” y de aplicar un “derecho penal del enemigo” en contra de los empresarios.

“Se olvida que esta causa no empezó de la nada, sino de una autoinculpación de mi defendido”, dijo el abogado, para recordar que la Fiscalía habría ofrecido un acuerdo a su representado, para luego ignorar dicho acuerdo, “siguiendo al pie de la letra el Manual del Inquisidor”.

“El fiscal armó el delito de lavado de activos con Lego. Está pegado con saliva“, afirmó Rodríguez, quien finalizó recordando que “el objetivo de esta causa son los controladores del grupo Penta”, es decir Lavín y Délano.

A continuación habla el abogado Rodrigo de la Barra, quien representa a Marcos Castro. “Nos parece que hay problemas graves de fundamentación” en la resolución que establece la prisión preventiva, señaló de entrada el profesional.

De La Barra destaca el carácter de subordinado de su defendido, quien habría llegado a Penta cuando ya estaba montado el “esquema irregular de funcionamiento” de la empresa.  “No se imputó, respecto de su persona, ningún bono, ni utilización de boletas personales (…) la única contraprestación que obtuvo fue su remuneración“, sostuvo.

“A mi cliente no se le imputa una infracción tributaria grave”, indica el abogado, quien recuerda además la colaboración “sustancial” de Castro a la investigación. Finaliza pidiendo el arresto domiciliario.

Sigue el alegato de Ramón Sepulveda Castillo, abogado de Juan Martínez, quien fue formalizado por su presunta participación en actos de cohecho y está con arresto domiciliario nocturno. El letrado pide que se cambie la medida por arraigo nacional y firma mensual.

“Creemos que cualquier medida de prisión preventiva es desproporcionada para Martínez“, dice el abogado, para quien su cliente no forma parte del “grupo o pandilla” que cometió los delitos tributarios.

Tras finalizar su intervención el abogado Sepúlveda, viene el turno de Alejandro Peña, quien representa a Jorge Charbin, dueño de la vidriería La Argentina, así como a ésta empresa. El ex fiscal pide que se dicte prisión preventiva contra Manuel Antonio Tocornal.

Cabe recordar que Tocornal, gerente general de la sociedad de inversiones Penta, está con arresto domiciliario por delitos tributarios. Finalizado el alegato de Peña, le respondió la defensa del ejecutivo, encabezada por Jorge Bofill. Éste solicita que se confirme la resolución del Octavo Juzgado de Garantía, manteniéndose el arresto domiciliario.

Terminada esta intervención, el presidente de la Sala, Juan Escobar, ordena un break de 20 minutos antes de seguir adelante con la audiencia. “Creo que nos ganamos el derecho”, dijo el magistrado.

La audiencia se reanudó con la participación del fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.. Como debe referirse a la situación de cinco imputados, pide que se le otorgue más de 15 minutos para alegar, a lo cual accede la Corte.

Gajardo manifiesta que consta que “se emitieron 1.065 documentos falsos que se incorporaron en la contabilidad (de Penta). Si uno quiere hacer un cálculo se emitió una boleta día por medio, por seis años”.

“Hay pruebas evidentes del conocimiento de los hechos (constitutivos de delito) por parte de los señores Délano y Lavín“, afirma el fiscal, que señala que la supuesta colaboración de ambos imputados con la investigación es incompatible con la negación de conocimiento de los hechos que han hecho las defensas. “Las boletas estaban a nombre de sus cónyuges”, subraya.

“La explicacion de que Délano y Lavín no tienen conocimiento requiere mucha audacia para ser planteada y mucha ingenuidad para ser creída. Y esta fiscalía no tiene esa ingenuidad”, agrega el prosecutor.

“Si queremos hablar de la gravedad de la conducta, no podemos omitir que acá se pagó a un subsecretario de Estado” dijo el fiscal en alusión a Pablo Wagner. Añade que de las cinco circunstancias que la ley señala para establecer que una persona representa peligro para la sociedad, Wagner, Lavín y Délano cumplen con cuatro.

Gajardo rechazó las acusaciones de la defensa, de que el Ministerio Público “mediatizó” el caso, indicando que “fueron los abogados defensores los que se pasearon por todos los canales de televisión esta semana, no los fiscales”. Concluyó su alegato insistiendo en que no resulta creíble el argumento de los controladores del grupo Penta de que no sabían lo que ocurría al interior de la empresa.

Lo siguió el representante del Servicio de Impuestos Internos, Benjamín Ríos, quien señaló que en esta caso, respecto de las empresas Penta “se revisaron boletas falsas por más de $1.000 millones“.

El abogado apunta a que existen al menos 25 delitos tributarios graves. “El beneficio económico que se genera producto de los delitos, se radica en los dueños de la compañía. Resulta evidente que hay dolo”, expresa, agregando que “Hugo Bravo y Marcos Castro no recibían beneficios económicos, quienes lo hicieron fueron los señores Délano y Lavín”.

Termina pidiendo que se rechacen las apelaciones de los imputados.

Vino el turno del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, quien rechazó que el Estado haya aplicado en esta causa un “derecho penal del enemigo” que no consideraba personas a los imputados.

“No hay limitación legal que le impida al Consejo de Defensa del Estado solicitar medidas cautelares más intensas”, agrega, puntualizando que “nos encontramos frente a delitos de soborno, delitos tributarios y documentación falsa”

Piña solicitó el rechazo de las apelaciones planteadas por los imputados.

Lo sigue el representante de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, quien recuerda, frente a las críticas al juez del Octavo Tribunal de Garantía, que éste “no es buzón de nadie” y que se formó su propia opinión sobre el caso basado en las evidencias.

Daza pidió que se mantengan las medidas cautelares, y respecto del ex subsecretario Pablo Wagner, dijo que éste “colocó el interés de Penta y SQM por sobre el bien público”.

Se cerró la etapa de alegatos con la presentación del abogado Enrique Aldunate, representante del Partido Socialista, querellante en la causa.

El presidente de la Sala, Juan Escobar, da inicio a la instancia de réplica, pidiendo a los abogados hacer uso del “poder de síntesis” para no exceder los 5 minutos otorgados a cada uno.

El abogado Julián López, representante de Lavín y Délano, reiteró sus dardos contra Hugo Bravo, quien a su juicio “no concurrió a autoinculparse: a Hugo Bravo lo pillaron“. Finaliza señalando que ninguno de los fines de la investigación se ve afectado con que sus clientes estén sometidos a arresto domiciliario.

Siguen las intervenciones de los abogados Dal Pozzo, Lathrop, Rodríguez, De la Barra, Sepúlveda, Peña y Bofill, quienes en términos generales reiteran la posición de sus defendidos.

Tras esto, el juez pidió el abandono de la sala para deliberar.