La arremetida de Chahuán: fiscalía ingresó orden judicial para incautar documentos de SQM
La minera decidió ayer entregarle al Servicio de Impuestos Internos la información contable de los años 2009 al 2014, ya que "tiene la facultad para solicitar y revisar tal información y para interpretar y aplicar las leyes tributarias vigentes en el país".
Tras una semana de espera, finalmente el día de ayer la empresa SQM decidió no acceder a la solicitud de la Fiscalía, referente a la entrega de información contable del periodo 2009-2014. Pese a ello, la empresa minera le entregó los documentos al Servicio de Impuestos Internos (SII) ya que, según indicaron a través de un comunicado, el organismo “tiene la facultad para solicitar y revisar tal información y para interpretar y aplicar las leyes tributarias vigentes en el país”.
Ante la negativa inicial de la compañía de entregar la información, el Ministerio Público inició ayer una arremetida judicial. Es por eso que el equipo liderado por Sabas Chahuán ingresó ayer en el Octavo Juzgado de Garantía la solicitud de una orden judicial de entrada y registro a las oficinas de SQM para poder incautar los libros contables desde la empresa ubicada en Los Militares 4290, Las Condes. Esto, debido a que según señalan desde la Fiscalía, dicha información podría incluir boletas y facturas ideológicamente falsas que habrían servido para financiar de manera irregular campañas políticas tanto de la Alianza como en la Nueva Mayoría.
Cabe recordar que la Fiscalía ya realizó una incautación el pasado 16 de enero en las oficinas de la minera desde donde obtuvieron un pendrive, seis libros diarios, cuatro libros mayores, libros de compras y retenciones y una cartola bancaria por $ 7.500.001 emitida a nombre María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, fueron algunos de los documentos incautados tras una querella interpuesta por el SII, que incluía la revisión de los datos contables de SQM sólo para julio de 2009, a pesar de que en un comienzo la querella abarcaría la contabilidad entre 2009 y 2014.
Ahora, con la información contable de dicho periodo en su poder, el SII deberá decidir si amplia la querella y permite así la investigación del Ministerio Público. De lo contrario, la Fiscalía podría acceder a dicha información a través de la orden judicial de incautación presentada el día de ayer.
