La fina selección de los abogados SQM y su extenso historial como "bomberos" de la UDI y la Nueva Mayoría

Aunque aún no estalla la bomba política de SQM, el caso ya representa un incendio. Esto porque la Fiscalía, habiendo investigado un solo mes contable de la empresa, encontró boletas que involucran a personas relacionadas con parlamentarios de la Nueva Mayoría, como Fulvio Rossi y Roberto León, que pudieron haber usado el dinero para financiar ilegalmente sus campañas.

Por eso se presume que si la Fiscalía accede a los documentos de la empresa desde 2009 a 2014, el fuego podría arrasar con todo el espectro político. El hecho también podría calcinar las inversiones extranjeras de la empresa y abrir una arista judicial nueva en Chile y fuera del país. Ante esta emergencia, SQM llamó a tres abogados que actuarán como verdaderos brigadistas.

Patricio Contesse, ex gerente general de la minera y responsable directo en caso de que se encuentren irregularidades, se hizo asesorar por el militante PPD Samuel Donoso, especialista en incendios que afectaron a la Nueva Mayoría, como el Mop-Gate, caso Tsunami y Publicam, entre otros.

Por su lado, la empresa de Ponce Lerou pidió los consejos legales de otros dos brigadistas: Gabriel Zaliasnik, abogado UDI que representó al partido en el caso Spiniak y Luis Ortiz, de la DC, representante del gobierno en el caso Mop-Gate.

“Son todos profesionales con muchas redes, muy respetados y muy hábiles para el lobby”, dice un destacado abogado penalista que ha tenido la posibilidad de trabajar con ellos. El monto que pueden ganar es suculento: 200 mil dólares mensuales en promedio.

En frente está el Ministerio Público, que para desenmascarar la posible corrupción en el financiamiento electoral utilizará todas las herramientas posibles. Y el Servicio de Impuestos Internos, órgano que parecía ser su aliado, pero que terminó entregando la información contable a la fiscalía.

Con este escenario, solo quedan dos opciones: que el proceso lo desactive el Tribunal Constitucional, un órgano que según juristas está “cada vez más politizado”, o apostar por combatir frontalmente una querella.

Samuel Donoso

El abogado penalista de 49 años fue uno de los fundadores del PPD. En el partido es cercano al ex ministro Sergio Bitar, al ministro Rodrigo Peñailillo y al senador Guido Girardi. En la derecha, trabajó junto al senador Alberto Espina y fue nominado para presidir el Consejo para la Transparencia por Sebastián Piñera, cargo que desechó.

“Es un penalista muy respetado, aunque especialista en el sistema procesal antiguo”, asegura un académico de la Universidad de Chile. Fue secretario general del PPD, presidente del Tribunal Supremo y miembro de su comisión política, cargo que dejó cuando tomó la representación de Contesse.

“Tiene mucha influencia y muchos contactos en la Nueva Mayoría y eso le da lógicamente un plus que muchos abogados no tienen”, explica un experto en derecho penal.

Su jugada de presentar dos recursos al Tribunal Constitucional para que la Fiscalía no acceda a los documentos contables de SQM, es vista por sus pares como muy “típica de su estilo”, ya que “él se mueve muy bien en la parte previa a los juicios, en el ámbito del lobby y el muñequeo”.

Por estas razones, no es extraño que lo hayan escogido para enfrentar diversos casos de alta connotación pública que han afectado a la Nueva Mayoría. Por ejemplo, hizo defensa del publicista PS Héctor Peña Véliz, en el  caso Mop-Gate; también del ex administrador electoral de Girardi, Ricardo Farías, en el caso Publicam; y del propio senador del PPD en el caso Spiniak, y de Patricio Rosende en el caso tsunami, entre otras causas. En esta oportunidad, defiende a una minera que podría haber hecho donaciones ilícitas a miembros de esa coalición.

Esto ha provocado reacciones divididas en su partido, ya que incluso miembros como Francisco Vidal han pedido que congele su militancia mientras dure el caso.

Luis Ortiz

Es para muchos “uno de los mejores juristas que quedan” de todo el sistema penal. De 84 años, ligado a los miembros más antiguos de la Democracia Cristiana y de tendencia conservadora, es el abogado que salvó al gobierno de Lagos en el escándalo Mop-Gate.

“No es raro que estas empresas llamen a este tipo de abogados para apagar incendios, porque tienen mucha experiencia política. También experiencia en el manejo comunicacional y sobre todo, en el código penal”, explica un experto en el actual sistema procesal.

Ortiz recomendó a Soquimich entregar los antecedentes requeridos a la Fiscalía, para evitar que las llamas afecten primero a la integridad de la compañía. “Nuestro consejo legal es que SQM proceda a la entrega voluntaria, porque se encuentra ante un escenario procesal que presenta pocos obstáculos normativos y fácticos para impedir su incautación previa autorización judicial”, decía el informe que presentó.

Esto pese a que miembros de su partido, como el diputado Roberto León y Marcelo Rozas, han sido vinculados a la arista Soquimich. Una opinión que la minera no tomó en cuenta.  Pues decidieron escuchar a su otro consejero.

Gabriel Zaliasnik

Conocido militante UDI y ex presidente de la comunidad judía en Chile, también ha destacado como “apaga incendios” en bullados casos. “Tiene muchos vínculos con grupos económicos y con causas de alta connotación política y económica. Aunque es más sólido en el lobby, en su capacidad estratégica más que en la técnica jurídica”, explica un académico de derecho penal.

Por ejemplo, fue representante de la UDI en el caso Spiniak, en el que fue involucrado -finalmente de forma fraudulente- el ex senador Jovino Novoa,  y uno de los primeros abogados que llamó el partido cuando estalló el escándalo Penta. También defendió al ex Presidente de Perú, Alberto Fujimori, cuando se discutía su extradición desde Chile.

En esta oportunidad, recomendó a SQM no entregar voluntariamente la información contable de la empresa, con el argumento de que si la fiscalía se inmiscuye en un terreno que corresponde al SII, esta estaría vulnerando las garantías constitucionales. La empresa finalmente escuchó todas las recomendaciones del abogado y prefirió entregar la información al SII.

“Como en SQM se sabe que el financiamiento fue transversal, es lógico que estén tratando de impedir que se sepa. Por eso recurren a estos abogados que son especialistas en materia política. Ellos están cumpliendo un rol profesional, solamente que por su habilidad, naturalmente están llamados a este tipo de casos”, concluye un conocido abogado penalista.