Andrés Santa Cruz: “Parte de los que ocupan licencias falsas o no pagan el Transantiago son los que critican"

Cuando Andrés Santa Cruz López, ingeniero comercial de 56 años, empresario, dirigente gremial desde hace más de tres décadas y presidente de la organización empresarial más importante de Chile, deje su cargo el día jueves, a su sucesor Alberto Salas no le tocará un escenario nada de fácil. “Yo creo que desde la vuelta a la democracia, la situación que hoy Chile está viviendo políticamente sin duda es la más complicada”, dice Santa Cruz.

Y es que los casos Penta-SQM y Caval han agudizado una crisis de confianza en las instituciones políticas y empresariales, que de momento se ve difícil de superar. Junto a eso, el panorama económico tampoco es del todo favorable: en el contexto de una desaceleración del crecimiento en América Latina, en 2014 la economía chilena creció un 1.8 por ciento, su nivel más bajo de los últimos cinco años. Y aunque el Banco Central estima que para 2015 la expansión podría alcanzar -con optimismo- el 3.5 por ciento, para los empresarios las cifras son “más bajas que el potencial que tiene el país”.

En materia política, para el empresariado el desafío es mayor: este 2015 comenzará la discusión de una reforma laboral que a juicio de Santa Cruz “no da más ni mejores empleos, ni mejores remuneraciones”, impulsada por un gobierno que para el líder gremial, tiene algunos adherentes “que parece que creyeron que asistieron al curso de Dios y que tienen la verdad absoluta”. De todo eso habla Andrés Santa Cruz, en su última entrevista como líder gremial, para El Dínamo.

-Actualmente hay un contexto de fuerte crisis de credibilidad en las instituciones. ¿Cómo vislumbra ese escenario para su sucesor?

-Evidentemente el mayor problema que enfrenta el país es que existe una crisis de confianza. Hay un cuestionamiento a las instituciones. Todas las instituciones han caído en los índices de confianza en el país. Desde la policía, pasando por la clase política, pasando por los empresarios. Hoy día hay a mi juicio un cuestionamiento muy importante a la institución. Ese es el mayor problema que enfrenta el país.

-Algunas de las visiones que hay sobre el empresariado, gracias a casos como el de la colusión de las farmacias o el caso Penta, es que atentan contra la libre competencia, que pagan menos impuestos que los ciudadanos comunes, y que –con distintas excusas- se oponen a una mejor distribución de los ingresos. ¿Cuál es la responsabilidad del gremio por la mala percepción que tiene la gente?

-Sin duda pudimos haberlo hecho mejor. Todo lo que dice relación al dinero y la política nosotros debimos habernos dado cuenta de que efectivamente aquí se estaban generando problemas. De que había un vacío. De que se estaban ocupando mecanismos que no eran los mecanismos que brindaba la legalidad. Nosotros debimos haber avanzado y haber hecho propuestas. También capaz que nos faltó en su momento haber sido más explícitos en las condenas a los pares que atentaban contra la libre competencia, que tenían faltas a la ética o que transgredían a la legalidad. Nos faltó en su momento ser más enérgicos en términos de opinión pública y preocuparnos más de las sanciones a nuestros pares.

-El empresariado también se negó en los 90’ a subir el sueldo mínimo y a una reforma tributaria. ¿Cree que la resistencia a estas medidas influyeron también en la visión que tiene la gente de los empresarios?

-Yo creo que eso sí. Pero por dar el ejemplo, cuando este gobierno planteó la reforma tributaria, el empresariado, la CPC que lo representa, manifestó a través de mi persona que estábamos completamente de acuerdo en hacer una reforma tributaria. Lo que nos preocupaba es que debía haber un cálculo mejor de cuáles debían ser los instrumentos (…) Y en ese sentido creemos que en esa materia se mostró una actitud distinta del empresariado. Ha habido un cambio versus lo que hubo en la primera reforma tributaria en el gobierno de Aylwin, hoy día el empresariado está disponible.

-Existe la sensación de que los “delitos de cuello y corbata” no siempre tienen la misma persecución que delitos cometidos por ciudadanos corrientes. ¿Considera acertado reponer las penas de cárcel para delitos de colusión, como propuso el gobierno?

-Hay buenos argumentos en un sentido y en otro. Hay legislaciones que contemplan penas de cárcel para este tipo de delitos, y otras que no la contemplan. Lo más importante es tomar en cuenta que el mecanismo que se ha probado en el mundo y que es eficaz para combatir los carteles, es la delación compensada. Y por tanto, quienes efectúan esa delación, nosotros le tenemos que brindar la seguridad de que no van a tener sanciones penales.

Usted dijo, después del anuncio del SII de investigar a 1.700 contribuyentes, “que el SII se dedique a hacer su pega y no a hacer declaraciones grandilocuentes”. ¿Por qué considera que lo que hizo el SII es una declaración grandilocuente?

-Porque me pareció que el SII lo que trató de decir es “aquí voy a investigar a 1.700 personas” dando a entender que en estos 1.700, había muchas personas que tenían actitudes, comportamientos reñidos con la legalidad vigente. A mí me parece que lo que debe hacer el SII es dedicarse a hacer su trabajo. Y el día en que tenga pruebas de que alguien infringe la ley, lo lleve a los tribunales y lo acuse. Y no dedicarse a hacer estas declaraciones para tratar de mostrarse como que “yo soy el gran defensor de la fe pública”. Me parece mal.

-¿Qué le parecieron las declaraciones  de Andrés Navarro, que confesó haber hecho aportes irregulares a campañas políticas, pero que sus faltas “afortunadamente están todas prescritas”?

-Creo que aquí hay dos cosas. Me pareció una declaración honrada y transparente. Pero lamentablemente de un hecho que no merece nuestra aprobación. El que esté pre escrito no aminora la falta.

-¿Usted ha hecho aportes a campañas políticas?

–Yo he donado, pero con plata personal.

-¿Se puede saber a quién?

-Para ser bien honrado, fue a un candidato a alcalde de mi comuna, una vez. Eso es lo único que puedo decir. Y fue con plata de mi bolsillo y totalmente legal.

-Andrés Navarro también dijo que “es un cacho darle plata a los políticos, a no ser que quieras conseguir un favor”. ¿Coincide con esa afirmación?

-Yo creo que es engorroso darles. Pero yo no conozco que la gente que aporte esté buscando favores de políticos al día después. No me ha tocado conocer esos casos.

-¿Es partidario de que las empresas puedan seguir aportando política?

–No, yo no soy partidario de los aportes de las empresas a las política. Soy partidario de que aquí haya un aporte estatal y un aporte de las personas particulares, con reserva y con beneficios tributarios….

Creo que lo importante es que cuando nos preocupemos de hablar de la relación entre el dinero y la política, tenemos que preocuparnos de los recursos públicos que también se ocupan para la política. Hay que preocuparnos para ver qué hacemos en los gobiernos corporativos de las empresas estatales, toda vez que hay funcionarios de esas empresas estatales que tienen esos cargos porque son operadores políticos o que están ahí por razones políticas. Lo mismo ocurre en muchos cargos en regiones, muchos de esos cargos obedecen a que los parlamentarios de esas zonas se han preocupado de poner a su gente, que se transforman en sus operadores políticos. Y así ocurre en el sistema municipal y otros. Entonces eso también es un tema que hay que abordar. Eso también es financiamiento de la política.

-El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, dijo “el comportarse bien no es un problema de leyes: es un problema de valores” ¿Hay un problema de ética en el empresariado?

–Yo la verdad es que creo que el portarse bien no es solo un problema de las leyes. Pero también es importante que tengamos leyes. Si yo no sanciono la delincuencia, o si yo no sanciono otros actos, tampoco es muy eficaz, no es solo un problema de valores.

-¿Descarta que haya un problema en la ética del empresariado?

-Es que hoy día la gente mira a los políticos, mira a los empresarios. Pero cuando miramos a la sociedad, el 25% de los santiaguinos que ocupan el transporte  público, no pagan. ¿Cuántos chilenos ocupan licencias ideológicamente falsas? Ahí a mi juicio hay un problema no menor en la sociedad. Y gran parte de los que ocupan licencias falsas, gran parte de los que no pagan el Transantiago, gran parte de los que van a locales comerciales y piden que no les den boleta y que les hagan un descuento, son los que están criticando. Aquí hay un doble estándar de la sociedad de mirar a otro y no mirarnos cada uno a sí mismo (…) Eso es algo que debemos abordar en la formación desde la familia, debemos abordar desde los colegios.

–Usted aludió a que también hay un problema en las leyes. ¿Cómo podría mejorarse entonces la legislación para evitar que el empresariado cometa conductas poco éticas?

– Hay que hacer legislación que por un lado inhiba pero por otro lado premie los buenos comportamientos. Por ejemplo, si yo tuviera que decir qué cosas son importantes en el sector empresarial, yo diría que si se le ponen bonos a los ejecutivos, los bonos no pueden estar única y exclusivamente circunscritos a los resultados económicos. Debe contemplar la relación con los trabajadores de la empresa, con los clientes, con los proveedores, con la comunidad. Los bonos deberían contemplar una serie de otros factores que también son importantes. Cuando demos ese tipo de señal también, le estamos dando una señal a sus ejecutivos de que no solamente es importante los resultados, sino que también hay otras variables que tienen igual o más importancia.