Casos Penta y SQM: políticos preparan jugada jurídica para evitar prisión preventiva
Equipos de abogados, que representan a gran parte de los imputados, proponen dos caminos: un amparo preventivo o un desafuero para forzar a la Corte Suprema a entregar su opinión respecto a si las boletas ideológicamente falsas son merecedoras de una sanción administrativa o penal.
Como una bola de nieve, el caso Penta y su arista SQM han ido sumando cada vez más involucrados, ya sean personas naturales como empresas, ligadas en su mayoría al mundo político, quienes ven con preocupación las filtraciones a la prensa y cuestionan lo que a su juicio es una “investigación abusiva” desde el Ministerio Público.
Conociendo lo ocurrido con los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes llevan un mes en prisión, los equipos de abogados de los imputados diseñan por estos días dos caminos alternativos.
Según consigna hoy La Segunda, la primera es la presentación de un amparo preventivo, que busca prevenir toda perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual. Con ello, obligan a la Corte de Apelaciones y – a su vez- a la Corte Suprema a entregar una opinión respecto a si las boletas ideológicamente falsas son merecedoras de una sanción administrativa, como cuando se calificaban como gasto rechazado y se pagaban multas, o debieran ser sometidas a una sanción penal.
La segunda opción es que se alegue un desafuero de parlamentario. En materia constitucional, el desafuero es el conjunto de reglas tendientes a obtener el ejercicio de la acción penal sobre los miembros del Congreso Nacional.
Respecto a este punto, los abogados explican que al momento de formalizar a un senador o diputado, no hay una obligación a solicitar el desafuero. Por tal razón, la jugada sería la no asistencia de los legisladores durante la audiencia de formalización, presionando al Máximo Tribunal a entregar su pensamiento al respecto.
Este miércoles, a las 10:00 de la mañana, el equipo de fiscales que dirige Sabas Chahuán interrogará a la senadora de la UDI, Ena von Baer, quien decidió acogerse al derecho de fijar domicilio para estos efectos (artículo 301 Código Procesamiento Penal). La parlamentaria escogió las oficinas del estudio que defiende a Jovino Novoa (Balmaceda y Cox).