Los operadores políticos que pagamos todos: así funciona la pitutocracia partidista dentro del Estado

En 2010, Isidora era una broker de la bolsa con un buen pasar en el mundo privado. En medio día podía ganar lo que le pagaban en un mes en el servicio público. Por ello, jamás pensó  en trabajar para el Estado. Eso, hasta que un amigo economista le ofreció se parte del gobierno de Sebastián Piñera. Entonces Isidora, quien era pro RN aunque no militaba en el partido, decidió bajar sus ingresos e irse a trabajar al servicio público, creyendo fielmente en el lema del “gobierno de los mejores”. Lo hizo motivada en trabajar para “un gobierno técnico” y así poder “ayudar a Chile”. Entonces asumió una jefatura en un SEREMI del Ministerio de Planificación. Ahí comenzó su decepción.

“Empezó a llegar cada vez más gente. Partimos como treinta y llegamos a ser setenta y siete. Y esta gente que llegaba no tenía el mandato de hacer una pega técnica (…) No tenían ni siquiera título”, cuenta. Sin que en principio se diera cuenta, sus nuevos compañeros eran parte de una casta casi tan antigua como el mismo Estado: los operadores políticos.

“Había un jefe que no sabía hacer un Power Point”

“Había muchos que venían de las partes más modestas de la ciudad y que tenían un perfil carismático. Ellos organizaban a sus tropas para buscar votos, y la candidata del partido le pedía al Seremi que los premiara con un puesto. Les pagaban por honorarios o por contrata”, cuenta Isidora. Asegura que ”algunos no iban a las reuniones, ni a la oficina, ni a las capacitaciones, ni nada”, y que sin embargo, “además de cobrar un sueldo de un millón y medio, los mandaban dos o tres semanas a municipalidades donde el partido quería ganar una alcaldía y les pagaban viáticos”.

Carmen, por su parte, tuvo un cargo administrativo en la Conadi durante el actual gobierno de Michelle Bachelet. Resume su experiencia con los operadores políticos en una escena: “Había un jefe mío que no sabía hacer un Power Point”, dice, y agrega “que tampoco sabía como enchufar un data ni prender un computador”.

Ambas profesionales coinciden en que lo peor de haber lidiado con operadores políticos era que no las dejaban hacer bien su trabajo. En el primer caso, los operadores y sus jefes -que también actuaban con criterios políticos-, le prohibían entregarle programas de superación de pobreza a las municipalidades con alcaldes del bando contrario.

“Daba la impresión que a algunos no les importaba la superación de la pobreza ni la extrema pobreza para 2018”, cuenta. Aunque aclara que con esto no se refiere a los ministros Lavín y Kast, de quienes tuvo una buena impresión.  Mientras que Carmen, asegura que sus superiores le daban órdenes de no prestar ayuda a las comunidades indígenas que no eran afines a la Nueva Mayoría.

Carlos Williamson, ex presidente del Consejo de Alta Dirección Pública: “En el Ministerio de Educación llegaron con más de 100 asesores para todo el tema de la reforma. ¿Se necesitan más de 100 asesores para diseñar una política? Son como cinco centros de estudio adentro”

Pese a que las entrevistadas renunciaron al servicio público por la imposibilidad de cumplir bien con sus funciones, sólo estuvieron dispuestas a contar su testimonio sin que diéramos a conocer sus nombres verdaderos. Tampoco Francisco, quien trabajó durante 10 años para la Concertación y que dice entender que en el servicio público “es necesario que hayan operadores y asesores con criterio político”, sobre todo para “impulsar proyectos”. Asegura que le ha tocado trabajar con operadores que “aportan porque tienen hartas redes y harto carrete”.

Este tipo de función es la que ejercía Giorgio Martelli para los gobiernos de la Concertación, ayudando también a recaudar dinero para la campaña de la actual Presidenta. Sin embargo, Francisco dice  que en la actual administración de Michelle Bachelet, donde fue jefe de comunicaciones en el sector de salud, más que operadores “lo que vi fue una camarilla de amiguitos, muy bien pagados, haciendo cualquier cosa”.

“Si la señora Juanita cachara que cuando va a comprar un kilo de pan que vale mil pesos, le sacan 190 de impuestos y no se los devuelven y los están gastando en vagos que en lugar de trabajar para todos los chilenos hacen campaña política, a estos tipos los queman. Queman la Moneda”, dice Isidora.

La pregunta es: ¿Quién financia todo esto?

Desde noviembre a enero de 2015, el sector público dio 72 mil nuevos empleos. Una oportunidad de trabajo importante que ninguno de los entrevistados descarta para algún futuro, a pesar de sus experiencias anteriores. De los 220 mil trabajadores que hay en la administración central según la última estadística de la Dipres, 131 mil son a “contrata”, que deben renovar año a año su contrato. Adicionalmente hay otros 35 mil trabajadores que emiten boletas a honorarios y que trabajan con jornada parcial o completa, que no son considerados como “empleados públicos”. Ninguno de estos 166 mil trabajadores pasa por algún sistema de selección meritocrático como lo hacen los directivos de Alta Dirección Pública y no tienen la regulación ni los derechos que tienen los funcionarios de planta. Sin embargo, de igual forma reciben sueldos fiscales.

Carlos Williamson: “¿Quién financia todo esto? ¿Por qué esta burocracia a honorarios está siendo financiada por el Estado? Muchos de esos son posibles operadores”

“Algunos son profesionales que están asociados a programas específicos y que prestan sus servicios (…) Pero también es un espacio discrecional para quien tiene la autoridad. Porque así pueden introducir gente por razones distintas que la necesidad de desempeñar una función pertinente a la institución”, dice Eduardo Abarzúa, Consejero de la Alta Dirección Pública.

Por eso, el espacio de los trabajadores a contrata y a honorario es un terreno fértil para dar empleo a operadores políticos. “Yo entiendo que en el Ministerio de Educación llegaron con más de 100 asesores para todo el tema de la reforma. La pregunta que uno se hace es: ¿Se necesitan más de 100 asesores para diseñar una política? Son como cinco centros de estudio adentro (…) ¿Quién financia todo esto? ¿Por qué esta burocracia a honorarios está siendo financiada por el Estado? Muchos de esos son posibles operadores”, dice Carlos Williamson, ex presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.

“Ese espacio que no es ni planta ni la ADP, creo que también es un espacio de regulación a través de establecer normas más claras de contratación, de perfiles requeridos, de vinculación a proyecto, de periodicidad, etc. Porque claro, existiendo esa zona de personal a honorario y de contrata, que puede ser ingresada solo por decisión del jefe respectivo, es un espacio que puede ser arbitrario en cuanto a los requisitos que hoy día el Sistema ADP intentó introducir en la reforma”, explica Abarzúa.

Mario Waissbluth: “No hay probidad con pitutocracia”

En 2003, si hubiera existido Twitter, el concepto de “operadores políticos” de seguro habría sido Trending Topic. Tras el escándalo Mop-Gate y el posterior acuerdo político, se implementó el sistema de Alta Dirección Pública, para evitar que los cargos de mayor jerarquía en el Estado fueran ocupados por gente cercana a los partidos que no tuviera las suficientes capacidades técnicas. “Hay que ser bastante honestos. La Concertación, sobre la base de sus partidos, tenían efectivamente cuoteada la organización pública a través de determinados servicios y ministerios”, explica Williamson.

La implementación del sistema permitió que casi mil puestos de alta jerarquía, es decir, directores de servicio, subdirectores y jefes de distintas divisiones, dejaran de ser designados a dedo por las autoridades y que fueran escogidos a partir de una terna o una quina basada en criterios técnicos, que propone la ADP.  Sin embargo, el sistema aún permite la entrada de operadores políticos a cargos de Alta Dirección a través de un vacío legal: la posibilidad de expulsar a altos cargos bajo el argumento de que no cuentan con la confianza política del Presidente, el Ministro o el jefe de servicio, y la llegada de directores Provisionales y Transitorios designados a dedo.

“Lo que observamos es que en los  cambios de coalición o de gobierno se desvincula a más del 64% de la gente de primer nivel. Y eso es caro porque cuesta plata, cuesta dinero hacer de nuevo el proceso de selección. Y cuando se desvincula a alguien, ingresa una persona que el gobierno nombra, que son Provisionales y Transitorio”, explica Eduardo Abarzúa.

Según Abarzúa, en un 30% de los casos el Consejo ADP cuando ha hecho el concurso público, no ha nominado en la terna a los directores transitorios porque “no cumplen con los requisitos”, lo que da cuenta que a veces estos son puestos como directivos por razones exclusivamente políticas.  Por eso, para Abarzúa “debería ser limitado el egreso de autoridades bajo el argumento de la exclusiva confianza”.

Mario Waissbluth, ex consejero de la Alta Dirección Pública, cree que es muy necesario superar los vacíos que deja el sistema ADP: “Quiero ser muy claro en esto. No hay probidad con pitutocracia. No sacaremos nada con aprobar leyes de financiamiento de la política, si no profundizamos, aumentamos la cobertura y blindamos este sistema. Operadores hay y habrá siempre, y cargos políticos que legítimamente deben ser de confianza del gobierno de turno tiene que haber. Pero nadie me va a convencer que, por ejemplo, un Director de Servicio Agrícola y Ganadero, o de SERVIU,  o CENABAST, o SERNAGEOMIN, o de Hospital, tiene que ser de confianza política. Ellos no definen políticas públicas, sino que las ejecutan. La única razón para que fueran de confianza política es…. facilitar la contratación de más amigotes pituteros en los cargos inferiores. Eso es parte de lo que yo he llamado la creciente corrosión moral del Estado. De ahí a asignar licitaciones truchas sólo hay un paso, y bien chico”. 

Carlos Williamson: “Buenos candidatos dicen: ¿para qué me voy a prestar a un tongo si la persona que está en el servicio va a ser elegido posteriormente?. Es una falla del sistema que de no corregirse, va a terminar, no sé si matándolo, pero sí estancándolo”

Los expertos en Alta Dirección Pública coinciden en que la desvinculación “inhibe a buenos postulantes” a  trabajar en el Servicio Público. “¿Para qué voy a postular si voy a durar dos años?”, explica Abarazúa. Además, la posibilidad de que el Director Provisional y Transitorio designado a dedo pueda postular a ser director definitivo, como lo hizo Michel Jorratt, que finalmente fue ratificado como director del SII por la Presidenta, estanca al sistema.

“Buenos candidatos dicen: ¿para qué me voy a prestar a un tongo si la persona que está en el servicio va a ser elegido posteriormente?. Es una falla del sistema que de no corregirse, va a terminar, no sé si matándolo, pero sí estancándolo”, dice Williamson. Mario Waissbluth cree que otro déficit es que el Presidente del Consejo de la Alta Dirección Pública es por ley un funcionario del gobierno de turno y no es independiente como en el caso del Consejo para la Transparencia.

El Consejo de Alta Dirección Pública entregó a la comisión Engel propuestas para mejorar el sistema. Entre ellas, limitar la remoción indiscriminada de autoridades de primer y segundo nivel por motivos de confianza política, e impedir que el director Provisional y Transitorio pueda volver a postular. Puntos en los que para Carlos Williamson, aún falta mucho por avanzar: “Tenemos enquistado un sistema que puede ser todavía muy clientelista. Y que muestra que Chile en este campo todavía no ha avanzado mucho”.