Claudio Fuentes de comisión Engel: "Todo queda a juicio del Parlamento, nosotros sólo damos recomendaciones"

A pesa de estar liderada por un economista, en la comisión Engel no se habló de fechas ni de costos de las medidas propuestas. En su lugar, se enfocaron en sacar una radiografía de las falencias del actual sistema político, dados los múltiples casos de irregularidades y aparente corrupción que han significado una debacle en la legitimidad del sistema político. Fueron en total 236 propuestas, entre las que se incluye un financiamiento a los partidos políticos -pagado vía nuestros impuestos- y otras medidas de las cuales aún se desconoce sus costo.

-El gobierno recogió la mayoría de las medidas del informe Engel. ¿La comisión va a participar en la ejecución de esas propuestas?

-No, el consejo terminó su actividad cuando entregó el informe. A partir de ahora, le corresponde al Gobierno y al Congreso desarrollarlas. Nosotros no tenemos ese mandato.

-¿Se trabajó, a la par de las propuestas, en un presupuesto estimado de cuánto va a costar implementarlas?

-Algunas de las propuestas sí, otras no. En general no quisimos entrar en esa discusión, básicamente porque como son 236 medidas, hacer una estimación era realmente difícil. Además hay medidas de largo, mediano y corto plazo. Por lo tanto le corresponde al Gobierno, dependiendo de qué medida va a requerir dentro del paquete que proponemos, hacer una estimación de costo. Sabíamos que de las 236 propuestas muchas de ellas a lo mejor no iban a ser prioritarias para el Gobierno.

“Tú puedes haber obtenido el 5% de los votos, no tener un escaño y sí recibir recursos”

-Entonces en la propuesta de la creación de un fondo público de $6.900 millones anuales para financiar a los partidos, ¿no se determinó de dónde va a salir ese dinero?

-En ese caso sería en base al aporte de los impuestos de todos los chilenos, o sea, sería parte del gasto fiscal tanto para el financiamiento permanente a los partidos como para el financiamiento electoral. Nosotros consideramos que el Estado sí tiene que hacerse cargo, pero no entramos en la discusión presupuestaria.

-Gran parte de ese financiamiento se hará en base a los escaños que obtuvieron según las últimas elecciones de diputados. Hoy hay partidos que tuvieron más representantes a través de procesos irregulares, ¿no resultaría un círculo vicioso esta medida?

-En un sistema de repartición de recursos se les entrega dinero a los partidos de acuerdo a  la votación obtenida, y claramente el tema de cómo llegaron a ese puesto requiere de una discusión anterior que tiene que ver con la limpieza del proceso electoral. Cuando tú tienes una fiscalización in situ de las campañas, supuestamente no vas a tener este tipo de problemas y si lo tiene, ese legislador perdería el escaño porque es la propuesta que tenemos.

-¿No se le castiga a los partidos políticos nuevos?

-Nosotros no estamos pensando en la cantidad de escaños en el Congreso, estamos pensando en la votación obtenida en la última parlamentaria. Entonces, independientemente si tú tienes un escaño, tú puedes haber obtenido el 5% de los votos, no tener un escaño y sí recibir recursos. Por lo tanto, son los partidos legalmente constituidos que llevaron candidatos a diputados y que obtuvieron un porcentaje de votos que le permite recibir recursos.Este mecanismo es lo más común en términos comparados. Generalmente lo que tú haces es un porcentaje de aporte basal a todos los partidos, y en este caso proponemos que sea el 20%, y el 80% dependiendo del rendimiento electoral que tuviste, de modo de premiar a los partidos que les va mejor.

“Simplemente damos las premisas básicas de lo que debería ser y va a depender del sistema político el aprobar las leyes”

-¿Por qué se acotó solo a la última elección de diputados y no se incluyó, por ejemplo, la elección de alcaldes y concejales?

-Porque en un sistema proporcional como el que se va a establecer, no el binominal, la proporcionalidad va a ser muy cercana a la realidad. Casi todos los partidos van a poder presentar más candidatos, entonces va a ser un buen aproximado de lo que va a ser la representación política del país. Con un sistema proporcional, como el que ya se aprobó, vas a tener mejor representación y por lo tanto no va a ser necesario buscar otros mecanismos.

-Dado el contexto político actual, ¿estas medidas debiesen estar aprobadas para las elecciones municipales?

-Depende de cuáles medidas. Por ejemplo, hay algunas que son de fácil aprobación, hay otras medidas administrativas que el Ejecutivo puede hacer resolución y en 15 días instruir a los ministerios a que mejoren ciertos aspectos, sus reglamentos. En cambio, hay otras medidas que requieren de la aprobación del Congreso y que van a demorar un tiempo, por lo tanto, responder que el ideal sería tener un ley para las municipales, la verdad es que depende. Lo que sí es importante, y que discutimos en el consejo, es que si tú discutes una ley del financiamiento de la política como se está discutiendo hoy en el Congreso, simultáneamente tienes que discutir el fortalecimiento del Servel y la reforma a los partidos, porque son interdependientes.

“Uno de los grandes problemas es que frente al Estado el ciudadano común tiene muy pocas herramientas, poco tiempo y pocos recursos cuando es objeto de abusos”

-Se habló de reducir las donaciones de personas naturales a campañas políticas. ¿Se cuantificó esa reducción por persona y en total?

-No se habló. Solo pensábamos en límites razonables, pequeños, que no permitieran capturar al partido, pero nunca establecimos un límite principalmente porque ya hay muchas propuestas y entrar en ese debate, que es muy legislativo, pensábamos que no era muy productivo para nosotros.

-Entonces ese punto va a quedar radicado en el Parlamento…

-Todo queda a juicio del Parlamento, nosotros solo damos recomendaciones generales y no entramos a que el Congreso tenga que aceptar alguna de las propuestas nuestras. Simplemente damos las premisas básicas de lo que debería ser y va a depender del sistema político el aprobar las leyes.

-Lo pregunto porque reducir las donaciones es una medida subjetiva a la hora de cifrarlo.

-Estoy de acuerdo, es subjetivo. Para unos $20 millones es poco y para otros es mucho. Esto lo resolverán los parlamentarios con el Ejecutivo. Hay un proyecto de ley que ya establece una reducción de los límites permitidos.

-Uno de los puntos sugiere que autoridades públicas no podrán trabajar por un plazo de un año con organizaciones privadas que hayan estado bajo su área de supervisión para evitar tráfico de influencias y el uso de información privilegiada. ¿No resulta un desincentivo para que los profesionales con mayor conocimiento de un tema postulen a esos cargos?

-Hoy la limitación es de seis meses, nosotros la ampliamos a un año y la experiencia comparada muestra que son muy pocos los casos donde se establece una remuneración alternativa para el ejecutivo que deja un cargo. Lo que la OCDE muestra es que un año es relativamente prudente. Y cuando tú tienes esos niveles, son ejecutivos obviamente con títulos y que sí pueden ejercer, no se les prohíbe eso, la restricción no es tan severa y también habla de la necesidad de que altos directivos tengan una cierta versatilidad, porque si no sería una endogamia brutal.

“La experiencia comparada muestra que son muy pocos los casos donde se establece una remuneración alternativa para el ejecutivo que deja un cargo”

-¿Se les va a indemnizar ese año laboral a esas personas que tienen expertise en un área y que verán coartada su libertad de trabajo?

-Creo que hay dos países de la OCDE que tienen ese tipo de incentivos y es un costo para el Estado. A este nivel de altos ejecutivos tampoco va a ser tan serio respecto de su patrimonio.

-Pero esto contempla a autoridades públicas: ministros, subsecretarios, no se trata de un número acotado de personas. 

-Se aplica a entes reguladores, superintendencias, algunos ministerios críticos, no todos los ministerios. Por ejemplo, no puedes establecer una inhabilidad a un ministro del Trabajo por un año porque trabaja con todos los sectores privados. En cambio, se podría no permitir que un ministro de Educación sea rector de una universidad después, ahí hay una cercanía mucho mayor.

-También se sugirió la figura de un Ombudsman. ¿Cuál es el rol que debería cumplir?

-Uno de los grandes problemas es que frente al Estado el ciudadano común tiene muy pocas herramientas, poco tiempo y pocos recursos cuando es objeto de abusos. En distintos países, como Estados Unidos y Europa, se ha creado la figura de la defensoría ciudadana que ayuda y canaliza estas demandas a los distintos órganos, en algunos casos es al Sernac, Ministerio Público, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este ombudsman canaliza e informa a la ciudadanía respecto de sus derechos y tiene un rol educativo.

-¿Se podría ejercer ese rol sobre los parlamentarios? Por ejemplo, si un ciudadano vota por un político por sus promesas de campaña, pero resulta que durante su trabajo como parlamentario hace exactamente lo contrario, el ciudadano se siente engañado.

-En ese caso no, porque el ombudsman opera cuando son derechos sociales o económicos que afectan directamente a la persona. En ese caso es la promesa la que se rompe, no es algo que te afecte a ti directamente, no es que en el servicio público no recibiste una atención y se murió tu hijo, por ejemplo. Ese impacto es directo. El caso que tú hablas es mucho más genérico. Ahora, lo que sí nosotros discutimos tenía que ver con pensar en campañas y figuras del Congreso mucho más programáticas, que se le exija una rendición de cuentas a los parlamentarios una vez al año y ver si existe una mayor coherencia entre sus dichos y sus hechos.

-En cuanto a  la publicidad radial gratuita que se planteó, ¿de qué manera lo va a compensar el Estado y en base a qué?

-No es una compensación, es un subsidio y le corresponde al Congreso definir la fórmula, no a nosotros. Lo que sugerimos es que las radioemisoras debiesen informar de los precios al Servel y con un tarifado conocido para los candidatos y que sea igual para todos, porque uno de los grandes problemas es que muchas veces las tarifas varían dependiendo de quién es el candidato. La idea es tener una franja subsidiada por el Estado a un precio de mercado que le permita, en todas las radioemisoras, tener una franja mínima de acceso a publicidad de los candidatos y después que puedan tener publicidad pagada en las radios, pero con tarifas reguladas.

-¿Con qué fin se pretende derogar la ley reservada del cobre?

-Esa es una recomendación que tiene que ver con la transparencia. Uno de los problemas que hay en Chile es que las compras militares no son objeto de un control del Congreso y por lo tanto requiere un cambio de política publica en ese sentido. Ya hay proyectos sobre el tema en el Parlamento, no es algo tan novedoso. Nosotros lo estamos retomando porque pensamos que el tema de compras militares, que es un área sensible porque se podrían prestar para abusos, es un área importante de regular.

“Uno de los grandes problemas de desigualdad que existe entre hombres y mujeres es al entrar al sistema político”

-Estas propuestas plantean nuevas reglas del juego para la política y su financiamiento, pero ¿cuál es la justificación de la medida que plantea paridad de género en las directivas de los partidos políticos? En rigor eso no se relaciona con transparencia y probidad. 

-Es que algunas medidas tienen que ver con la calidad de la democracia. Si tú tienes un sistema político en forma, democrático, y si además le estás entregando recursos del Estado, ¿qué objetivo estás buscando? Nosotros decíamos que el objetivo es evitar la captura, el objetivo de la equidad en el acceso a los recursos, es decir, que más o menos todos partan en un pie de igualdad en su competencia política. Y uno de los grandes problemas de desigualdad que existe entre hombres y mujeres se da al entrar al sistema político. Dentro de los partidos políticos no hay políticas de equidad y eso es necesario promoverlo.

-Con la reinscripción de los militantes de cada partido ¿se busca transparentar cuánto peso político tiene cada no?

-No, lo que busca es una norma básica de transparencia dentro de los partidos y más que interesarnos cuántos militantes tengan o qué peso tengan es que si hoy tú quieres tener partidos en forma, tienes que tener un sistema de registro y desafiliación de militantes  apropiados. Hoy esa condición no existe en ningún partido político en Chile. El sistema depende del secretario general, de una ficha y eso se presta para manipulaciones y por lo tanto lo que proponemos es cambiar el sistema de fichaje y uno de reinscripción que permita tener certeza de quiénes son los que militan en los partidos.