La pugna al interior del SII por investigar (o no) al recaudador de la campaña de Bachelet

El pasado lunes 4 de mayo, la Subdirección Jurídica del Servicio de Impuestos Internos (SII) tenía lista una ampliación de la querella en contra del UDI Jovino Novia y que incluía al operador político Giorgio Martelli en el marco de la investigación por financiamiento irregular de las campañas políticas. Sin embargo, esta acción judicial fue pospuesta por el director del organismo, Michel Jorrat. 

La intención de la Subdirección Jurídica era presentar la acción judicial antes que la Fiscalía Nacional, encabezada por Sabas Chahuán, presentara una solicitud de audiencia para formalizar a Novoa y a otros cuatro políticos de la Alianza por delitos tributarios: los UDI Iván Moreira, Felipe de Mussy y Pablo Zalaquett, además del RN Alberto Cardemil.

Es por ello que Cristian Vargas, subdirector jurídico, le pidió a Jorrat que autorizara la presentación de la ampliación de la querella contra Novoa y Martelli antes del jueves 7 de mayo, lo cual no fue aceptado por el director del organismo, quien apuntó que se debía postergar a la espera que el operador político se presentara a declarar al SII.

Esta demora no fue aceptada por Vargas, provocando un quiebre entre el subdirector jurídico y Michel Jorrat. Según consignó Ciper Chile, la decisión del titular del SII se fundamentaba en instrucciones recibidas desde el Ministerio de Hacienda para retrasar la acción judicial hasta después de concretado un eventual cambio de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet. De este modo, se buscaba proteger la figura del ministro Peñailillo, la cual se había debilitado tras conocerse sus vínculos con Martelli.

Tras su choque con el subdirector jurídico del SII, Michel Jorrat firmó la polémica ampliación de la querella para ser presentada ante el Octavo Juzgado de Garantía, lo cual nunca ocurrió, ya que al renunciar Cristian Vargas a su facultad para iniciar acciones legales, el Diario Oficial debía publicar la revocación de dichas facultades, por lo que la firma de Jorrat en el escrito no tenía validez.

A esto se sumó el hecho que se conociera que el pasado 23 de marzo se benefició a la sociedad Inversiones y Mandatos, de propiedad de Jovino Novoa, con la condonación del 55% de sus “impuestos comprometidos” -aquellos que son indagados por un eventual fraude tributario. Esta sociedad emitió seis facturas a diversas empresas del grupo Penta por 25 millones de pesos y que están siendo investigadas por su posible carácter ideológicamente falso.

Y es que al interior del SII hay dos corrientes: aquellas que buscan llevar las indagatorias por financiamiento irregular de campañas hasta el final y aquellos que sostienen que el uso de boletas y facturas por servicios no prestados no son un delito tributario y debe resolverse administrativamente. Esta última tesis es defendida por el círculo de los ministros Arenas y Peñailillo, donde destaca las acciones realizadas por la jefa de gabinete del titular de Hacienda, Andrea Palma, para que el organismo fiscalizador siga este camino.

Para ello, se han valido de un informe en derecho elaborado por el ex titular del SII, Ricardo Escobar, hoy miembro del estudio de abogados que defiende a varios de los imputados en el caso Penta. Por su parte, quienes defienden la judicialización de la investigación apuntan que el plan de los ministros de Interior y Hacienda puede dar pie a que surjan acusaciones de obstrucción a la justicia o conflictos de intereses, ya que estarían usando sus cargos para detener una indagataria que los afecta directamente o a su círculo cercano.