Representante del SEA por HidroAysén: “No podemos hacer un nuevo Ralco en la Patagonia"

Este jueves 14 de mayo se realizó la segunda jornada de alegatos en el Tribunal Ambiental de Santiago, donde participaron los juristas representantes de habitantes de Aysén y de las organizaciones socioambientales, agrupadas en Patagonia Sin Represas junto a los abogados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los reclamantes de Centrales Hidroeléctricas Aysén.

El equipo de juristas que respaldó el rechazo de HidroAysén, formado por Macarena Soler del CDP, Stephanie Donoso del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Valparaíso y Ezio Costa de la ONG FIMA, se mostró satisfecho indicando que “se acabó el tiempo de HidroAysén”, una vez terminado el alegato.

Uno de los argumentos reiterados tanto por el abogado del SEA, Carlos Sepúlveda como por quien representaba a emblemáticos pobladores de Cocharne, Macarena Soler fue la falta de información esencial y relevante de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de HidroAysén, que no fue corregida en los informes posteriores y que determinó finalmente el rechazo del proyecto de cinco represas en la Patagonia. “El Comité de Ministros de junio 2014 estimó que las deficiencias del proyecto HidroAysén no eran subsanables”, detalló el representante del Servicio de Evaluación Ambiental.

“HidroAysén tiene que entender que no estamos en 1997 para hacer una mera declaración de intenciones”, enfatizó el Sepúlveda. “No podemos hacer un nuevo Ralco en la Patagonia. Nosotros elevamos los estándares ambientales porque no se pueden cometer los mismos errores del pasado” sostuvo el representante del Servicio de Evaluación Ambiental.

Lo anterior fue refrendado por la jurista del CDP, Macarena Soler quien detalló que el proponente no tuvo la básica información específica en torno a los potenciales relocalizados del proyecto, ni concretó las visitas, por lo tanto no logró la caracterización de sus viviendas y actividades productivas, sin identificación de las familias como lo establece la ley.

Por su parte el abogado de la ONG FIMA, Ezio Costa apoyó el rechazo que obtuvo la iniciativa hidroeléctrica en junio 2014 argumentando que “era una obligación de la administración del Estado, por eso estamos apoyando esa decisión”.

Además, ante las reclamaciones de HidroAysén, agregó “el tema político está presente en todas las evaluaciones ambientales, es parte del diseño institucional que finalmente las decisiones recaigan en los Ministros de Estado, para bien o para mal”, refiriéndose a la potestad invalidatoria aplicada por el Comité de Ministros el año pasado, tema que fuera criticado duramente por el representante de HidroAysén, Mario Galindo en la primera sesión del tribunal.

Los abogados de del proyecto encabezado por Endesa Chile y Colbún fueron Mario Galindo y Gonzalo Cubillos, quienes solicitaban que se invalide la resolución del Comité de Ministros de la administración Piñera, por haber acogido parcialmente varias reclamaciones y dejar otras 18 pendientes, fraccionando el procedimiento, también se deje sin efecto la resolución que calificó desfavorablemente la iniciativa energética en el Comité de Ministro de la administración Bachelet, de junio 2014.

El plazo del Tribunal Ambiental de Santiago para pronunciarse podría extenderse hasta un año, sin embargo, próximamente deberá retomarse el caso, ésta vez porque la firma recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago cuestionando los dos decretos dictados por la DGA – en enero 2015- en que se le denegaron parcialmente los derechos de agua solicitados por la empresa para implementar las represas en Patagonia.